"Lejos de producir civilización, la realidad de los impuestos es algo muy diferente. La tributación hace a la sociedad menos eficiente, menos estable, y más pobre, mientras que proporciona al estado la capacidad de librar guerras, encarcelar a millones de ciudadanos por pequeños delitos no violentos, y regular todos los aspectos de la vida de los contribuyentes."
Saturday, December 11, 2010
Comentario de Mario Vargas Llosa sobre Venezuela
El Nobel de Literatura hizo estas reflexiones tras recibir el Premio a la Defensa de la Libertad de Expresión y de los Valores Humanos de manos del vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto celebrado en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz, sur de España).
La entrega de este premio, el tercero que concede en sus 64 años de historia la Asamblea Internacional de Radiodifusión, coincidió con la celebración del doscientos aniversario de la aprobación del IX Decreto de Libertad de Imprenta, que las Cortes Extraordinarias de la Isla de León redactaron y promulgaron el 10 de noviembre de 1810 en este mismo escenario.
Una coincidencia que, según Vargas Llosa, multiplica la “gran significación” del este premio, con el que se lleva, según comentó, el “tremendo mandato” de continuar con la lucha por la libertad de expresión, una lucha en la que “sólo se pueden ganar batallas, no la guerra”.
El escritor recordó que el mundo ha vivido en los últimos años “indudables progresos” en el respeto a la libertad de expresión, pero insistió en su preocupación por los “retrocesos” que se experimentan en este terreno en algunos países latinoamericanos.
Vargas Llosa se refirió especialmente a Cuba, donde desde “hace 50 años” este derecho no es respetado y no hay “indicio alguno”, insistió, de que la situación vaya a cambiar, y a Venezuela, donde hay “ataques feroces” contra medios de comunicación y periodistas que resisten “el apagón definitivo” pese a las intimidaciones.
“Es fundamental que denunciemos los atropellos a los periodistas venezolanos independientes”, subrayó el escritor, que continuó alertando de que en otros países hispanos con gobiernos “nacidos de elecciones legítimas” también la libertad de expresión está sufriendo retrocesos.
Bolivia, Ecuador, Argentina, y “más recientemente” Brasil, son los países que citó, junto a Colombia y México, donde “la industria criminal del narcotráfico” ha atentado contra periodistas que han ejercido su libertad de expresión, un principio “básico” sin el que no puede existir la Democracia.
Y es que para Vargas Llosa las amenazas a la libertad de expresión no vienen sólo del ámbito político o económico porque “siempre habrá peligros emboscados detrás de los poderes”.
“No debemos ser tolerantes ni complacientes”, subrayó, para destacar que los escritores “estamos obligados a situarnos a la vanguardia de la defensa de la libertad de expresión” y, en este sentido, se comprometió a hacer “todo cuanto esté” a su “alcance” para no defraudar en esta tarea.
El vicepresidente del Gobierno español definió a Vargas Llosa como “el escritor de la libertad” y apuntó que al escribir “hace nuestro mundo más habitable, más humano y mucho más libre”, mientras que el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Luis Pardo Saenz, destacó que este premio reconoce la “coherencia y valentía” que ha caracterizado su trayectoria.
Esta es la tercera vez que esta entidad que agrupa a más de 17.000 emisoras de radio y televisión de Europa y América entrega este premio, que en su primera edición recogió el Rey Juan Carlos I y en la segunda el Papa Juan Pablo II.
(Madrid , 30 de Octubre del 2010)
Comentario de Mario Vargas Llosa sobre Argentina
Fuente:Cedoc
El escritor y ganador del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, participó a comienzos de 2009 de un encuentro de líderes liberales en Caracas, Venezuela. Allí fue entrevistado por los periodistas. El escritor peruano no se guardó nada y realizó un análisis crítico de la situación en Argentina.
Consideró que le parecía "un país indescifrable" que pasó de ser próspero a "caótico y empobrecido". Además, criticó duramente al peronismo, movimiento que llamó "el error". Por último, guardó un momento dedicado al matrimonio presidencial: "¿Cómo puede estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país?", se preguntó.
De próspero a pobre. "Siempre entro en la confusión cada vez que me preguntan por Argentina. Para mi Argentina es indescifrable. Un país que era democrático cuando tres cuartas partes no lo eran. Un país que era próspero, una de las sociedades más prósperas del mundo cuando América Latina era un continente de hambrientos, de atrasados. El primer país que acaba con el analfabetismo en el mundo no es Estados Unidos, no es Francia, es Argentina. Crea un sistema educativo que es un ejemplo para el mundo, que es un instrumento extraordinario de creación de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos", analizó.
Vargas Llosa se preguntó luego cómo sucedió que este "país de vanguardia es el país subdesarrollado, caótico, empobrecido que es. ¿Qué pasó? ¿Alguien los invadió? ¿Estuvieron enfrascados en alguna guerra terrible? No, los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo las peores opciones y siguieron eligiéndolas a pesar de todas las experiencias. Y ese es el peronismo. El peronismo es elegir el error, perseverar en el error, entecarse en el error a pesar de las catástrofes tras las catástrofes que ha sido la historia argentina moderna. Entonces, ¿cómo se entiende? Un país de gente culta, absolutamente privilegiado, una pequeña minoría de habitantes en un enorme país que es un continente dotado de todos los recursos naturales del mundo, ¿por qué no son el primer país de la tierra? ¿Por qué no tienen los mismos niveles de vida que Suiza?", se preguntó.
Al momento de encontrar una respuesta, el peruano señaló: "Porque los argentinos no han querido. Han querido ser pobres, vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. Hay una responsabilidad del pueblo argentino en lo que ha ocurrido. Es lo que tendría que reconocer Argentina. Nadie les hizo lo que tienen. Lo hicieron ellos, lo construyeron ellos. A mí me espanta lo que ha ocurrido en Argentina. Porque yo me acuerdo la primera vez que fui a Argentina me quedé maravillado con el nivel de cultura que tenía la Argentina, era un país de clase media, practicamente no había pobres en el sentido latinoamericano de la pobreza".
Luego de esas palabras, Vargas Llosa no ocultó su enojo contra el matrimonio K al preguntarse "¿cómo puede estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? Que degradación: política, intelectual ¿Cómo es posible? Por eso para mí es un galimatías indescifrable".
Tuesday, July 15, 2008
Operación Jaque
TRIBUNA: MARIO VARGAS LLOSA 13/07/2008
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha sido el verdadero héroe de la liberación de Ingrid Betancourt y de otros 14 secuestrados por las FARC. Pocos le han reconocido ese mérito
La liberación de Ingrid Betancourt, junto con tres norteamericanos y 11 militares colombianos que llevaban muchos años como rehenes de las FARC, ha sido una hazaña de corte cinematográfico -la destreza, audacia y perfección del rescate hacía pensar en las proezas de Jack Bauer, el héroe de 24- por la que hay que felicitar, antes que a nadie, al presidente Álvaro Uribe, luego a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y a los anónimos oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia que la diseñaron y ejecutaron.
Esto parece obvio pero no lo es, pues cualquiera que haya ojeado la prensa y escuchado a los medios aquí en Europa en la última semana, diría que el verdadero héroe de la operación ha sido el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien, sin haber intervenido para nada en la Operación Jaque -así fue bautizado el salvamento-, salvo para obstruirla y demorarla, es quien hasta ahora le ha sacado mayor provecho publicitario. Pero, ya sabemos, la política y los políticos son así.
El rescate no sólo pone fin a los indescriptibles padecimientos a que fueron sometidos a lo largo de muchos años Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio en manos de la organización narcoterrorista en que se han convertido las FARC. Además, pone en evidencia la naturaleza criminal y sádica de esta guerrilla para la que hasta apenas ayer el presidente Chávez, de Venezuela, con amplios apoyos en América Latina y en Europa, pedía la legitimación política internacional y que fuera borrada de la lista de partidos, movimientos y grupúsculos terroristas en que aparece, en lugar prominente, en la Unión Europea, los Estados Unidos y la comunidad de países democráticos. Después de haber escuchado el testimonio de la propia Ingrid Betancourt sobre las condiciones en que transcurrió su cautiverio y la conducta y actitudes de sus verdugos, esperemos que nadie -nadie que no sea imbécil o cómplice, se entiende- pretenda todavía presentar a las FARC como un romántico movimiento de idealistas que ha tomado las armas para luchar por la justicia y la igualdad de los colombianos.
Pero la conclusión política más importante que se desprende de la Operación Jaque es la lucidez de visión y el coraje de ese gran estadista latinoamericano que es Álvaro Uribe, el primer gobernante colombiano que, enfrentándose para ello no sólo a sus naturales enemigos -la guerrilla terrorista, el extremismo antidemocrático, los comunistas, Cuba, la Venezuela de Chávez y la internacional de tontos útiles al servicio de la revolución para América Latina-, sino también a los gobiernos y partidos democráticos de buena parte del mundo que lo demonizaron y acosaron sin descanso todos estos años, ha demostrado en los últimos meses que las FARC no eran invencibles, ni siquiera populares, y que podían ser militarmente derrotadas, con el beneplácito y la resuelta colaboración del pueblo colombiano. No es de extrañar que Uribe, cuya discreción y casi mudez luego del rescate han sido casi totales, a diferencia del aprovechamiento frenético que ha hecho de él el mandatario francés, goce ahora de un 90% de popularidad, seguramente el más alto porcentaje de respaldo a un gobernante democrático en el mundo entero.
En las decenas de artículos y comentarios que he visto, leído u oído en la prensa a lo largo de la semana referidos a la liberación de Ingrid Betancourt, no he visto uno solo que recuerde la insolencia y la insistencia con que el Gobierno francés exigió al mandatario colombiano que evitara las acciones militares contra las FARC, y que diera muestras de apaciguamiento y buena voluntad contra la pandilla de asesinos, torturadores, secuestradores y narcotraficantes que anida bajo esas siglas, incluso liberando a uno de sus jerarcas, y las simpatías que mereció en la comunidad internacional la intromisión del presidente Chávez, de Venezuela, y sus afirmaciones de que sólo él era capaz de conseguir la liberación de los rehenes en manos de las FARC (sus amigos y cómplices, como demostraron los ordenadores capturados en el campamento de Raúl Reyes).
Nadie se acuerda ya, por lo visto, de que el Parlamento Europeo perpetró la ignominia, hace muy pocos años, de recibir al presidente Uribe con un bosque de carteles de vituperios en manos de diputados socialistas, comunistas y hasta algunos liberales, como a un enemigo de los derechos humanos, y que Al Gore, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, se negó a reunirse con él, alegando la misma razón. América Latina ha servido siempre a politicastros europeos y norteamericanos, y buen número de intelectuales, supuestamente demócratas, para darse un disfraz progre y una buena conciencia revolucionaria sin riesgo alguno. Es verdad que la capacidad del extremismo antidemocrático de izquierda para desacreditar y satanizar a sus adversarios es casi infinito, y, por ello, buen número de gobernantes y políticos latinoamericanos, temerosos de ser víctimas de esas campañas de desprestigio montados por la extrema izquierda, ceden y se dejan manipular y paralizar por unas supuestas fuerzas populares que, a menudo, como las FARC, resultan ser, a la postre, unos gigantes con pies de barro.
El presidente Álvaro Uribe no pertenece a esa clase de políticos acomodaticios, pusilánimes y sin principios que tanto abundan en América Latina. Desde que asumió el gobierno, dejó muy en claro que, en nombre de la legalidad y de la democracia, se enfrentaría a la guerrilla terrorista con resolución, a la vez que dejándole siempre una puerta abierta para negociar su rendición. Las fantásticas campañas lanzadas contra él en Colombia y en el exterior, y los atentados contra su vida, no lo hicieron cambiar un milímetro en esta línea de conducta que, muy pronto, fueron haciendo suyos sectores cada vez más amplios de la sociedad colombiana, a medida que, como resultado de aquella política, el Estado recuperaba las carreteras y regiones enteras del país, y un sentimiento de esperanza echaba raíces en la población. La Operación Jaque es la culminación de aquel progreso en la lucha contra la barbarie y el terror, y un ejemplo de lo que debe ser la conducta de un gobernante democrático frente a quienes han desatado una guerra a muerte contra la democracia y la libertad.
La lucha de Uribe contra el terror se ha llevado a cabo sin menoscabar en lo más mínimo la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, y haciendo al mismo tiempo un esfuerzo continuo para desarmar a las fuerzas paramilitares y combatir la corrupción, muy extendida por desgracia en el aparato político y estatal, y aun en su propio entorno. Aunque ha habido errores y fallos, también en estos campos el progreso ha sido considerable, como lo comprueba cualquiera que vaya a Colombia y viaje por el país y hable con la gente, y lo haga con el espíritu abierto y sin prejuicios. Yo lo he hecho, varias veces en estos años, y cada vez tuve la impresión de que había un avance considerable y que no sólo la esperanza, también las instituciones y la economía mejoraban y las FARC retrocedían. Por eso me parecía una injusticia atroz que el gobernante democrático que con más talento y valentía defendía la libertad en América Latina tuviera en la escena internacional menos consideración y respeto que demagogos pintorescos y ruinosos para sus países como Evo Morales o Hugo Chávez.
¿Cambiarán ahora las cosas? Confiemos en que, por lo menos, algunos ingenuos abran los ojos y entiendan de veras lo que pasa en Colombia. Que la liberación de Ingrid Betancourt y sus 14 compañeros de martirio no fue una casualidad ni un milagro, sino consecuencia de una política inteligente, audaz y firme en defensa de la libertad. La única que corresponde a un gobierno democrático que no quiere suicidarse y entregar a su país al absolutismo y al terror.
¿Qué ocurrirá ahora? Si quisiera reelegirse por tercera vez, Uribe lo conseguiría con absoluta facilidad. Esperemos que no lo haga y que se retire al término de su mandato, para que no se diga de él que la codicia de poder enturbió la formidable tarea que ha realizado. Ahora ya sabe que sí hay en Colombia quien puede reemplazarlo con éxito en la política que ha llevado a cabo. Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, ha sido, en todo este tiempo, un colaborador, leal y tan firme como él en el objetivo por alcanzar, que es la pacificación de Colombia y el fortalecimiento de su democracia. Ambos están ahora más cerca que nunca en las últimas décadas.
Sunday, April 20, 2008
El misterio de Lucía

Fecha: 04/19/2008 -Tomado de la Revista Semana No. 1355
Las lágrimas de Lucía Morett conmovieron a los mexicanos, mas no a los colombianos, quienes no entienden cómo una ‘inocente’ estudiante pueda haber visitado un campamento guerrillero de las Farc
Esta semana, Lucía Andrea Morett Álvarez, la estudiante mexicana sobreviviente del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador el primero de marzo, asombró a los colombianos con su versión de los hechos. Al ser dada de alta del hospital donde la atendían en Quito, Morett dijo las siguientes perlas: que su visita al campamento era parte de una investigación académica sobre la cultura de América Latina, que fue ultrajada verbalmente por los militares colombianos, que no había armas de las Farc en el lugar, que presenció ejecuciones a sangre fría de sobrevivientes por los mismos soldados que la auxiliaron, que todo fue un montaje y que es víctima del "terrorismo de Estado colombiano". Su nueva apariencia ante los medios, con el pelo arreglado, gafas de alumna aplicada y oso de peluche en mano no convenció en el país y en cambio, para muchos colombianos quedó claro que no decía la verdad y que de forma descarada buscaba legitimar a las Farc. Curiosamente, esta lectura no es la misma entre amplios sectores de la sociedad mexicana, como lo descubrió el presidente Álvaro Uribe en su visita a ese país los pasados martes y miércoles.
El mandatario pensó que tendría cabida el calificativo de terroristas con el cual se refería a Morett y los otros ciudadanos aztecas que murieron en el campamento de Reyes. Pero no cuajaron del todo sus explicaciones, como quedó reflejado en un editorial de El Universal después de su visita: "Los mexicanos que estaban en el campamento guerrillero en Ecuador no habían cometido delito otro que estar vinculados por simpatía ideológica con la guerrilla".
Pero nueva información que conoció SEMANA pone en entredicho esta interpretación tan benigna. Es cada vez más claro que la presencia de la Morett y sus compañeros en un congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) en Quito, días antes del ataque al campamento, no era una simple casualidad. En realidad, este encuentro de organizaciones de izquierda latinoamericana es una pieza clave de un rompecabezas, que muestra una dimensión continental de las Farc, desconocida en el país, y deja inquietudes sobre lo que el gobierno del presidente Hugo Chávez está dispuesto a hacer para expandir su ideario bolivariano.
La CCB es una iniciativa que aglutina un centenar de organizaciones sociales y políticas, varias de ellas de extrema izquierda que creen en la vía armada como una forma legítima para llegar al poder. Hasta el momento los voceros de esta organización han insistido en que la presencia de las Farc en sus actividades obedece a una identificación por las causas revolucionarias, sin distingo de sus formas de lucha. Con este argumento, hábilmente la Coordinadora, y de su mano las Farc, ha logrado cruzar fronteras sin mayores reparos, e incluso abrir oficinas simpatizantes por todo el continente.
Los nombres de quienes hacen parte de la presidencia colectiva han sido manejados con gran discreción. Y con razón. Dos colombianos tienen allí asiento: Manuel Marulanda Vélez, 'Tirofijo', y Alfonso Cano, los máximos jefes de las Farc. Y gozan de gran simpatía, como quedó consignado en la ceremonia de clausura del foro. Cuando el dominicano Narciso Isa Conde, un líder comunista que se ha convertido en una suerte de ideólogo de este grupo, mencionó "al comandante Alfonso Cano, coordinador del Movimiento Bolivariano, y a esa leyenda de América, el comandante 'Tirofijo', Manuel Marulanda Vélez", el auditorio estalló en aplausos.
Desde su país, Isa Conde le dijo a SEMANA que la presencia de los jefes guerrilleros en la presidencia de la CCB es sólo honorífica y que por su situación de clandestinidad no hay forma de que ellos participen activamente ni en las actividades, ni en los lineamientos de la organización. Que su presencia se limita a saludos que envían en los congresos, como el que 'Raúl Reyes' hizo en video a los asistentes de Quito en la última semana de febrero.
Pero esto no parece ser tan exacto, según se desprende de una investigación conjunta de SEMANA con el diario El Comercio de Perú, en la que se les hizo seguimiento a los correos que se encontraron en los computadores incautados a las Farc. El más diciente es un mensaje de febrero 7 de 2007, enviado por el comandante guerrillero Iván Márquez a Marulanda y demás miembros del Secretariado de las Farc. En él dice que "se está promoviendo la iniciativa de convertir la Coordinadora Continental Bolivariana en Movimiento Continental Bolivariano". Agrega: "La razón: estamos creciendo". Y detalla la forma como esta idea se tendría que debatir en varias reuniones en la Coordinadora en los meses siguientes. Eso efectivamente sucedió en tres cumbres de esa organización que tuvieron lugar en marzo, en Caracas; luego en abril, en República Dominicana, y finalmente en el encuentro en Quito, al cual asistieron los cinco mexicanos que acabaron en el campamento de 'Raúl Reyes'.
Lo sorprendente es que todas estas actividades se dieron siguiendo los lineamientos consignados en el mensaje de Iván Márquez, lo que confirmaría de paso que la participación de las Farc en la mencionada Coordinadora es mucho más que honorífica.
La idea de un Movimiento Político de gran escala sería la siguiente etapa en lo que las Farc llaman "la Patria Grande". Una iniciativa integracionista de América en la que ellas serían protagonistas.
El otro aspecto que asombra del mensaje de Márquez es que en su programación prevén "una entrevista con el presidente Rafael Correa en Quito para informarlo del proyecto y buscar su vinculación al mismo. Una respuesta afirmativa significaría apoyo logístico institucional y al mismo tiempo protagonismo del Ecuador en la iniciativa". Y remata diciendo: "Una gestión del camarada Raúl (Reyes) en este sentido reforzaría el planteamiento". Según el mensaje, a la reunión asistiría una comisión de la Coordinadora, encabezada por alguien que llaman 'Tino' y a quien describen como el Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano, e Isa Conde. Según el diario El Comercio de Perú, 'Tino' es Amílkar Figueroa, diputado venezolano y miembro del Parlamento Latinoamericano.
Lo sorprendente es que un año después, efectivamente tuvo lugar una reunión en Quito, donde no participó el presidente Correa, pero sí su ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea. Por la CCB participaron Isa Conde y Figueroa. Si las Farc juegan un papel sólo honorífico en la CCB, ¿cómo fijan la agenda de esa organización y logran que se vuelva realidad?
Isa Conde asegura que la reunión no fue programada por las Farc sino por personas de la CCB en Ecuador, porque "estábamos en el deber de informar que íbamos a realizar ese congreso por razones diplomáticas. Por razones protocolarias, por razones de decencia". Pese a esta aclaración, hay más elementos que dejan ver la mano de las Farc tras la CCB.
En el congreso de Quito se discutió varias veces la idea de la creación del "Movimiento Continental Bolivariano", tal como lo plantea el correo enviado por 'Márquez' al Secretariado. Según ese mensaje, tener un movimiento político trasnacional "es un salto cualitativo (para la Coordinadora) y surge de algunos compañeros venezolanos", lo que deja entrever otra pieza de este complejo rompecabezas: la conexión venezolana.
Aunque la CCB tuvo su origen remoto en un encuentro en 2003 en Caracas, el gobierno venezolano ha reiterado que no tiene velas en ese entierro. Sin embargo, han aparecido indicios que comprometerían esa posición oficial.
La Dirección contra el Terrorismo (Dircote), un organismo de inteligencia de Perú, asegura que 12 integrantes del capítulo peruano de la CCB viajaron al congreso de Quito financiados por la embajada de Venezuela en Bolivia, según publicó la revista Caretas, la más influyente en ese país. El dinero se habría girado a una organización denominada 'Casas del Alba ' (Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América). Estas son asociaciones creadas por seguidores peruanos del presidente Chávez que, entre otras, impulsan programas sociales conocidos como 'misiones'. Aunque sus oficinas están empapeladas de propaganda chavista y se afirma que son financiadas por Caracas, el gobierno venezolano niega públicamente haberlas apoyado económicamente. Aun así, desde que los computadores de las Farc dejaron en entredicho la credibilidad del presidente venezolano en esta materia, un posible nexo económico Chavez-Casas del Alba genera una creciente preocupación en el gobierno de Alan García y el Parlamento, el cual aprobó recientemente una comisión para investigarlo.
La CCB intranquiliza a las autoridades de Lima a tal punto, que detuvieron a siete peruanos cuando regresaron del congreso de Quito. Están siendo investigados por terrorismo, y algunos por presuntamente haber recibido entrenamiento militar de las Farc.
En México, mientras tanto, las autoridades investigan preliminarmente si Lucía Morett y sus compañeros de viaje también recibieron fondos venezolanos. Isa Conde, vocero de la Coordinadora, dijo a SEMANA que esta es autónoma, pero no descarta que organizaciones que participan de ella sean financiadas por entidades gubernamentales de Caracas.
Aunque no hay una prueba reina sobre la participación del gobierno chavista en la CCB, todas estas coincidencias despiertan inquietud acerca de si este conglomerado de organizaciones de izquierda es realmente el punto de encuentro entre las Farc y el proyecto expansionista de Hugo Chávez. A cualquier desprevenido asistente al congreso de Quito le habrían llamado la atención las vivas por igual al "comandante Chávez, al comandante Castro y al comandante Marulanda".
Todo lo anterior podría indicar que la fórmula de las Farc para expandir su tinglado en el continente está ligada a la CCB (ver recuadro). De allí la importancia de la ficha del rompecabezas que quedó en evidencia con el congreso de Quito y la visita de varios de sus participantes latinoamericanos al campamento de Raúl Reyes, entre ellos Lucía, la estudiante mexicana.
Pese a los avances, aún falta mucho para poder vislumbrar la imagen completa que se esconde tras estas piezas sueltas. Eso, al parecer, lo saben los dirigentes políticos cuyos nombres han salido a flote en este entuerto. En particular, los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, que frente a estas nuevas revelaciones han reaccionado como si hubieran intercambiado sus papeles. Correa parece un Chávez desenfrenado, y el locuaz venezolano luce como un ecuatoriano prudente.
Por un lado, el presidente Correa ha intensificado su retórica anti-Uribe, y por el otro, ha buscado distanciarse de la subversión y sanear su casa. Sacó a una cúpula militar que le causaba desconfianza y nombró a su secretario privado ministro de Defensa. El viernes pasado cambió al embajador ecuatoriano en Caracas, lo que fue interpretado como un giro en la relación entre esos dos países. El anterior diplomático era un reconocido militar de izquierda a quien se le atribuye haber creado el eje Correa-Chávez.
El líder bolivariano, en cambio, después de los primeros días de virulencia verbal, ahora guarda silencio. Colombia dejó de ser tema principal de sus Aló Presidente. Lo que para algunos es un avance en la diplomacia, para otros tiene que ver más con las posibles conexiones que queden en evidencia de su proyecto bolivariano con los intereses de las Farc.
Para Chávez no es una preocupación menor que comparta hurras con Marulanda o que su nombre aparezca en mensajes electrónicos. A lo que le teme de verdad es a que la información que está saliendo a flote lleve a que gobiernos como el de Estados Unidos contemple la posibilidad de incluirlo en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En esa categoría están Irán, Corea del Norte y otros, lo que los ha convertido en parias ante la comunidad internacional.
Hasta organizaciones que han participado de la CCB han empezado a mostrarse inquietas con la acumulación de evidencia del verdadero papel de las Farc en esta coordinadora. Es difícil esperar que Lucía Morett y los demás simpatizantes ingenuos cambien la versión con la que de forma incauta se han comprometido. Pero no hay duda de que el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' y las investigaciones que de este se han derivado han sacado a relucir realidades desconocidas sobre el papel de las Farc en la CCB y el posible papel de Chávez en la misma, que tiene preocupados a más de uno.
Saturday, January 19, 2008
Thursday, January 17, 2008
Deschavetado
Autor: Rafael Uribe Uribe – No. 0310 – Medellín, 18 de enero de 2008
El paracaidista coronel vecino ha perdido definitivamente la chaveta, sigue insultando a Colombia y a nuestro gobierno desde dondequiera que se encuentre. La intervención en Nicaragua con el beneplácito de su homólogo Daniel Ortega fue ridícula. Peor la actitud de Piedad Córdoba aplaudiendo los insultos de Chávez a nuestra patria y su tácito asentimiento con su movimiento de aceptación con la cabeza y el comentario que lamentablemente no se escuchó, pero que dejaba ver su satisfacción y aprobación a los improperios del paracaidista. Menos mal la oposición colombiana, El Polo y el partido Liberal, rechazaron la intromisión del Chavo.
Ahora las cosas pueden ser más graves. Ya circula la especie de que las Farc le entregarán a Chávez, y solo al paracaidista, los tres enfermos graves que la guerrilla tiene dentro del grupo de los canjeables: el coronel Mendieta, el ex gobernador Alan Jara, al ex senador Gechem. También a uno de los gringos y un sargento.
Después de escuchar la lectura de las cartas de los posibles liberados, que conmovieron al país y al mundo entero por las condiciones infrahumanas en que los mantienen, no hay duda de que sería una jugada política de altísimo turmequé. A Uribe le quedaría imposible, así vaya contra su dignidad, no autorizar otra operación de rescate de alta promoción propagandística para el Chavo. Sería un golpe contundente y, para Chávez, un resucitar que le da nuevos argumentos para lo que la guerrilla quiere, y forma parte del tinglado: lograr el estatus de beligerancia, que ya los venezolanos aprobaron en su asamblea, aunque que en la práctica esto nada implica.
Para los colombianos de la diáspora que son la mayoría de mis lectores y que usualmente disponen de poco tiempo para estar buscando noticias de nuestro país en internet, vale la pena hacer algunas distinciones:
Estatuto de beligerancia. Aunque no está muy claro en los protocolos de Ginebra, significa ni más ni menos reconocer que un ejército insurgente domina parte del territorio nacional donde libremente impone sus criterios. En otras palabras podrían designar un gobierno de facto que lograría ser reconocido por otros países y asistir a la ONU como observador. Creo que es un asunto del pasado, que se previó para Centroamérica en su momento; pero no podemos dejarlo de lado.
No les quepa duda amigos, si eso sucediese, lo reconocerían de inmediato. Venezuela, ya lo hizo, Nicaragua, Irán y quien sabe que otros países, dentro de los mas probables Bolivia, Ecuador y otros influenciados por el paracaidista que con su poderosa chequera de petrodólares no dudaría en extender el chantaje para lograr lo mismo.
La verdad es que ni las Farc ni el Eln, tienen en este momento dominio sobre territorio alguno de Colombia que llene los requisitos como para recibir el estatus de beligerancia. No obstante, de ninguna manera se puede bajar la guardia, aunque pese a todos los esfuerzos que hagan y la ayuda del paracaidista, es bien improbable que logren este objetivo.
La denominación de terroristas no es un calificativo exclusivo de nuestro Presidente, lo es de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y esa designación e inclusión es las listas de terroristas del mundo no fue promovida por Uribe, fue una de las tareas que se impuso el ex presidente Pastrana ante la frustración del acuerdo de paz con las Farc y los innumerables actos terroristas por este grupo ejecutados, entre otros, los secuestros de las personas cuyas pruebas de supervivencia ahora pudimos apreciar.
Uno de los problemas es que en nuestra patria pertenecer a un grupo terrorista de por sí, no tiene implicaciones jurídicas penales. La legislación siempre se ha acomodado a dejar salidas para posibles acuerdos de paz.
El reconocimiento simplemente político es otro cuento: No implica el estatus de beligerancia, solo reconocer que cualesquiera grupos tienen fines políticos. Para no tener que llegar allá, nuestra legislación también abrió las puertas para negociar con grupos ilegales o terroristas sin necesidad de reconocerles su condición política. De esa manera se llevaron a cabo las negociaciones con la Auc o paramilitares y el desmonte de sus estructuras, auque ellos hubiesen preferido hacerlo dentro de un proyecto político. Las implicaciones en este caso son pocas.
Claro que un problema de fondo es que los grupos armados ilegales hace rato perdieron el norte político, así traten, para parecerse al paracaidista y darle entrada, denominarse bolivarianos. Y lo perdieron porque lo cambiaron por el negocio de la coca, no solo como fuente de financiación sino convirtiéndose en el mayor cartel del mundo en este momento.
Recalcar en este escrito que las Farc y el Eln son terroristas, es irrelevante, por sus hechos los conoceréis. No necesitan destacarse sus actos, de sobra los colombianos los conocemos.
El Presidente tiene dos arduas labores por delante: Manejar con inteligencia, prudencia e imaginación el asunto del intercambio humanitario porque, después de ver las pruebas de supervivencia y el estado lamentable de los secuestrados, la presión crecerá como bola de nieve. Posiblemente tendrá que ceder más y buscar con mayor ahínco la liberación de estos seres humanos sobre muchas de sus convicciones y razones.
La otra, es la conducción de las relaciones diplomáticas con Venezuela que hoy atraviesa el peor de los escenarios del último siglo. Nunca antes las relaciones se habían visto tan deterioradas y nunca antes nuestra nación ha estado en mayor peligro por la ingerencia del paracaidista con las Farc. ¿Cómo detenerla sin afectar de tacada las relaciones comerciales? Acá vale la pena que se asesore de sus mejores amigos y hasta de sus enemigos, que afortunadamente empezaron a darle la mano. Tenemos que prepararnos con urgencia, relaciones con un enemigo así son poco probables de mantener.
Las paradojas del conflicto inexistente
El gobierno colombiano, iluminado por la sabiduría política y jurídica de José Obdulio Gaviria, sostiene que en Colombia no existe un conflicto armado sino la persecución oficial, con las armas de la República, a una banda de terroristas.
Como se sabe, también combatían a esos delincuentes otros terroristas, los paramilitares, contabilizados inicialmente por el gobierno en 12.000. La suma de los guerrilleros, según las cuentas oficiales, llegaba en el año 2002 a 20.600 hombres, de modo que, al llegar, este gobierno enfrentaba en total un problema de 32.600 combatientes al margen de la ley. Con esa cifra, cualquiera en cualquier parte hablaría de un conflicto armado, pero aquí los términos son muy importantes, no sólo porque Colombia se precia de valorar inmensamente el lenguaje y de llamar a las cosas por su nombre, sino sobre todo porque depende del nombre que se dé a las cosas el tratamiento que merecen.
El primer fruto positivo de la política de Seguridad Democrática consistió en la desmovilización de 25.000 paramilitares, es decir, asombrosamente, el doble de los que se perseguían. Llama la atención que un gobierno se pueda equivocar en el ciento por ciento al calcular la cifra de sus enemigos armados, así haya quien afirme que los paramilitares no eran del todo enemigos del Estado y que por ello fueron tratados con benevolencia. Ahora bien, el combate del Estado con las guerrillas ha producido en cinco años 27.290 capturas, 9.841 bajas y 13.333 desmovilizaciones, de modo que de los 20.600 guerrilleros que había en el 2002 han salido de la guerra nada menos que 50.464 en cinco años. Una cifra desconcertante, pero no se puede decir que no es una victoria de la política de Seguridad Democrática que, en total, en un lustro, 75.000 guerreros de los distintos bandos hayan quedado por fuera de un conflicto inexistente en el que el Estado no parecía tener más que 32.600 enemigos armados.
Pero eso no significa que los guerrilleros se hayan acabado. Al parecer, con su proverbial exactitud, las cifras demuestran que todavía quedan en armas 12.499. Por eso el principal tema de la seguridad democrática sigue siendo la lucha contra la guerrilla, y el principal problema del país sigue siendo la guerrilla, cada vez más diezmada, si hemos de creerles a las incomprensibles cifras, y cada vez más mentirosa, si hemos de creerles a las evidencias, pero tan capaz de poner al gobierno y al país a girar en torno suyo como en tiempos del Caguán.Esos 10.000 muertos en cinco años (algunos temen que la cifra incluya alarmantemente muchas ejecuciones extrajudiciales, es decir, dada nuestra constitución, crímenes, pero nuestro deber es pensar que las armas que pagamos con nuestros impuestos no se manchan contra la majestad de la ley) son básicamente muertos en combate, vidas de colombianos extraviados perdidas para siempre. Hay que añadirles vidas que duelen mucho más, las de los jóvenes soldados que mueren en lucha con sus hermanos guerrilleros. Hace poco el gobierno puso el grito en el cielo cuando un gobernante de un país vecino llamó hermano a algún jefe guerrillero, pero hay que recordarles a Uribe y a su canciller que Cristo no habría vacilado en llamar hermano a Barrabás y hasta a Caifás. Hay gente que es muy cristiana salvo a la hora de la acción, y en esas peleas de términos y de formalidades se mide bien la pugnacidad extrema del conflicto inexistente.
Todo parece indicar que el costo de sacar de la guerra a un enemigo, ya sea por la vía de la captura, de la muerte en combate o de la desmovilización, es de entre 600 y mil millones de pesos. Ese es, al menos, el equivalente de lo que hemos pagado, y de lo que seguiremos pagando, no por ganar, sino por mantener la situación a este ritmo, ya que las cifran no nos dan certeza sobre lo que había ni sobre lo que habrá. Pero las paradojas de la guerra inexistente son muchas más: por ejemplo, cuanto menos paramilitares y guerrilleros quedan, más crece el pie de fuerza de nuestras Fuerzas Armadas, y más crecen los gastos militares, incluida por supuesto la ya enorme carga pensional.
Hasta el año 1993 el principal culpable de todo lo malo que pasaba en Colombia, que era mucho, era Pablo Escobar. Parece increíble que, muerto aquel demonio de aldea en los tejados de Medellín, entre 1994 y 2007 las fuerzas militares hayan tenido que aumentar de 120.000 a 210.000 hombres, y estemos tan lejos de vivir en la relativa tranquilidad cotidiana que tienen casi todos los países latinoamericanos. Hoy el presupuesto militar asciende al 6.5 del Producto Interno Bruto, y según el informe “Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia”, elaborado por J. F. Isaza y D. Campos Romero, del que he obtenido buena parte de esta información, el 80% de los cargos de la nómina oficial tienen ya que ver con defensa, seguridad y policía. Para nuestro dolor, hay que citar también esta frase: “El gasto en defensa es igual a la suma de todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental”.
El lenguaje irreal contagia y se apodera de todas nuestras circunstancias. No sólo “no hay conflicto”. Según las Farc los secuestrados “no son secuestrados sino retenidos” y las extorsiones son “impuestos de guerra”. El gobierno autoriza al presidente venezolano para mediar en el conflicto inexistente, tratando de lograr la liberación de los secuestrados, pero después lo destituye de ese encargo por haber llamado a un general a preguntarle “cuántos secuestrados había”. La guerrilla, a la que no aflige la suerte de las personas que mantiene privadas de la libertad en el fondo de la selva implacable, se llena de cortesía y decide “desagraviar” al presidente Chávez, entregándole, como si de una ofrenda se tratara, a tres de las víctimas. Chávez acepta el tributo y dispone una gran operación de rescate, que, por supuesto, indigna al gobierno colombiano, que la vive como un desplante.
La historia del niño Emmanuel es especialmente dolorosa. Nacido bajo el cautiverio de su madre, los captores no sólo no son capaces de la delicadeza humana de darles la libertad a la madre y a su criatura, sino que al poco tiempo los separan. Encargan a un campesino de su custodia, y a pesar de estar el niño en un terrible estado de salud, no le ofrecen un solo centavo por sus cuidados aunque sí cuentan con que podrán disponer de él cuando lo necesiten. Por supuesto que al comienzo no debían apostar un peso a que el niñito les sirviera para algo, pero Emmanuel comenzó a convertirse en un símbolo, aunque fuera un símbolo de la propia crueldad de la guerrilla, y eso lo valorizaba a sus ojos. Ahora alegan que si lo entregaron a alguien fue para sacarlo de los peligros de la guerra, pero entregárselo a su familia verdadera habría sido un poco más seguro y mucho más humano.
Son las últimas horas del año. Los colombianos esperamos con ansiedad, y bajo el peso de la culpa colectiva por tantos inocentes sufriendo rigor y sevicia en el monte, y anhelamos que la operación se cumpla. Entonces el Alto Comisionado para Algo declara que no hay ningún plazo fijado para la entrega, y veinticuatro horas después declara que el plazo se ha vencido, bajo la definitiva fórmula “la guerrilla ha incumplido otra vez”. Es porque ya el gobierno sospecha que un niño que hay en Bienestar Familiar sea el pequeño maltratado, abandonado y ahora reclamado como oro en polvo por el ejército “de los que luchan por un mundo mejor”. El gobierno sabe que hay alguna duda sobre la validez de su versión, y que debe comprobarla mediante exámenes, pero eso no lo hace vacilar en su decisión de intervenir, porque su prioridad es frustrar el operativo.
El lenguaje irreal del conflicto inexistente arrecia: las Farc declaran que hace mal tiempo, el gobierno muestra un tiempo excelente.
La guerrilla declara que hay operativos militares.
El gobierno declara:
1. Que no sabe de qué área se trata.
2. Que en esa área desconocida definitivamente no hay operativos.
3. Que está dispuesto a suspender cualquier operativo en un corredor determinado.
Nadie parece advertir que en esa declaración cada elemento contradice a los otros. Y para concluir, cuando la guerrilla se ve obligada a aceptar que no tiene al niño en su poder, declara con cinismo que “el gobierno lo ha secuestrado”.
A través de los medios todos seguimos perplejos e inútiles las sucesivas descargas de lenguaje irreal del conflicto inexistente. Pero a veces uno piensa que no es el conflicto lo que no existe, sino más bien el país.
Sunday, January 06, 2008
Historia de Emmanuel, el niño que tiene en vilo al país y postradas internacionalmente a las Farc
Diario EL TIEMPO
EL TIEMPO reconstruye su corta vida, y revela apartes inéditos del testimonio que José Crisanto Gómez, el hombre que lo recibió, en el 2005, de manos de la guerrilla, dio a la Fiscalía.

Foto: Archivo-EL TIEMPO
A Clara González de Rojas, madre de Clara Rojas, la Fiscalía le tomó muestras de ADN que sirvieron para corroborar que el niño en manos del ICBF sí era Emmanuel, su nieto.
"'Raúl Reyes' me lo confirmó verbal y físicamente, frente a mí, mirándome a los ojos".
El periodista Jorge Enrique Botero recordó así el día en que supo, por accidente, que Clara Rojas -secuestrada hace casi 6 años por las Farc- había tenido un hijo con un guerrillero y que el niño se llamaba Emmanuel.
La existencia del menor comenzó a circular en los primeros días de abril del 2006, cuando Botero promocionaba su libro 'Últimas noticias de la guerra'.
Allí narró cómo un guerrillero fue quien le habló por primera vez de Emmanuel, el primer niño en el país nacido secuestrado, cuya ubicación -realizada hace apenas 8 días, por unidades del CTI de la Fiscalía- tiene hoy literalmente contra la pared a la organización ilegal que lo proclama como hijo suyo.
Las propias Farc reconocieron el viernes, en un escueto y confuso comunicado, que el niño había sido entregado a una familia y que es el mismo que, bajo el nombre de Juan David Gómez Tapiero, está hoy en manos del ICBF.

Foto: Guillermo Herrera/Llano 7 días
En esta casa de El Retorno estuvo viviendo José Crisanto hasta el miércoles de esta semana.
Solo un puñado de funcionarios del más alto nivel del Gobierno conocen el paradero del niño, de 3 años y medio, que permanece custodiado por agentes en cubierta.
La primeras pruebas
Tras la versión de Botero, vinieron nuevos datos sueltos: que Emmanuel nació por cesárea en plena selva y sin las mejores condiciones médicas. Que Clara y el papá del bebé habían sido separados desde el embarazo...
Los primeros en reaccionar ante esta dramática historia fueron los familiares de la abogada secuestrada: Iván Rojas, su hermano, pidió que Botero que se retractara y congelara la venta del libro. Y Clara González de Rojas, madre de la abogada, rechazó que la versión se basara en "un rumor" sin mayores pruebas.
Pero esas pruebas empezaron a llegar un año después, el 28 de abril de 2007, con el intendente de la Policía John Frank Pinchao, quien tras fugarse de un campo de secuestrados de las Farc -en el que permaneció encadenado por 9 años- confirmó el nacimiento del bebé, al que había visto un par de veces.
Contó que a través de unos huecos en las paredes de tabla de un campamento al que fue llevado se dio cuenta del embarazo de Clara Rojas. Y agregó que el cuidado del bebé era similar al de un niño indígena y que guerrilleros y secuestrados le fabricaban la ropita.
'Gritaba que no se lo quitaran'
Pinchao también dijo que meses después del nacimiento, ocurrido en julio del 2004, se llevaron al pequeño y Clara clamaba por que se lo devolvieran: "Ella gritaba el nombre del niño y les pedía que se lo dejaran ver. La guerrilla no le ponía atención. Durante la caminata lo volvimos a ver, pero lo llevaba la guerrillera a la que llamaban 'Rosa'".
Del papá, dijo Pinchao, se comentaba que lo iban a matar. Hoy el CTI sabe que se llama Juan David, que su alias es 'Rigo' y que pertenece al frente 54 de las Farc.
Pinchao narró que "en los primeros meses un guerrillero que hacía las veces de enfermero, conocido como 'Guillermo', llevó al pequeño a su campamento y se lo mostró: era un niño blanquito que tuvo problemas al nacer". Según su relato, 'Guillermo' le puso una férula o yeso en uno de los brazos debido a una fractura que había sufrido durante el parto.
Testimonio clave
José Crisanto Gómez le aseguró al Fiscal 12 Antisecuestro que los problemas de salud del niño -afectado además por paludismo y leishmaniasis- obligaron a las Farc a entregárselo a él: "Lo llevaron a mi casa en la vereda La Paz, en el municipio de El Retorno (Guaviare) en donde mi suegro, un curandero, lo empezó a atender".
Gómez Tovar, oriundo de Ortega (Tolima), había ido a parar a La Paz para raspar coca. Sin embargo, con la entrega del bebé lo que halló fue más líos.
"No es de las Farc dejar que las guerrilleras tengan hijos, y cuando es demasiado tarde para abortar, al nacer los entregan a milicianos en las poblaciones más cercanas", dice un ex director del hospital de El Retorno.
Lo entregaron de meses
"Aquí traemos este niño para que le curen la picadura de pito y le arreglen el brazo", le dijeron a Gómez Tovar los guerrilleros.
El hombre, que se desempeña como albañil, le dijo a la Fiscalía que era visible la fractura y que tenía tres marcas por leishmaniasis, una de ellas en el pómulo derecho.
"Yo tenía cinco hijos en ese momento y vivía con mi esposa y a ella no le gustó nada (...) pero era una situación de que a mi, si me negaba, pues iba a tener problemas", dijo Gómez Tovar.
Según él, el niño tendría unos tres meses de nacido y aunque le habían dicho que regresarían al otro día con pañales y leche, "pasaron cuatro meses sin nada".
Después de ese tiempo regresaron los guerrilleros, vieron al niño y se dieron cuenta de que había mejorado un poco de salud. Dejaron un tarro de leche y pañales y se marcharon. Una de las guerrilleras que lo fue a ver dijo que era muy lindo y parecido a su padre, Juan David. Por eso fue registrado con ese nombre.
Las circunstancias en las que vivía Gómez Tovar no eran las mejores. "La situación económica del raspachín en El Retorno era muy crítica, incluso varias personas le colaborábamos con mercados para que subsistiera", aseguró a EL TIEMPO Jairo Martínez Bonilla, ex candidato a la Alcaldía de ese municipio.
Escape a El Retorno
Gómez Tovar se fue a ese municipio del Guaviare luego de que los guerrilleros le negaron el permiso para salir de La Paz.
"Según me contó -relata un amigo de José Crisanto- , él hizo la solicitud para salir porque uno de sus siete hijos tenía paludismo y el niño que le habían entregado también estaba muy enfermo".
Aunque al principio los dos infantes fueron atendidos mediante infusiones y emplastos elaborados con hojas de árboles, la salud de ambos menores empeoró.
"La desesperación que le producía el llanto de los niños hizo que, sin la autorización del grupo guerrillero, Gómez Tovar emprendiera con su familia el viaje hacia el casco urbano de El Retorno, sabiendo de antemano que no podía regresar", explica un funcionario de la Alcaldía de ese municipio.
"Contra viento y marea y contra la voluntad de ella (la esposa), alisté por ahí unos chiritos y cogimos una canoa y echamos todos los niños y me traje al niño que le decían 'pegui'. Al niño que me habían dado le decíamos 'pegui' por un personaje de la televisión", narra Gómez Tovar.
Después de un viaje de dos días y de pasar por un retén de la guerrilla, llegaron cerca a El Retorno.
José Crisanto se hospedó en una residencia, pero las malas condiciones que presentaban, especialmente el más pequeño de los niños, hicieron que una vecina denunciara el hecho ante la oficina municipal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
"No tenían ropa, estaban muy pálidos y no paraban de llorar", dice una señora que afirma haber visto a la familia recién llegada.
Tras su arribo al pueblo, el campesino apenas tuvo cuatro días en su poder a Emmanuel, pues luego de su ingreso al hospital local fue remitido a San José del Guaviare, el 15 de junio del 2005. Allí, un juez de familia se lo quitó.
Gómez Tovar contó que estando en el hospital de San José del Guaviare, un hombre que se identificó como integrante del séptimo frente de las Farc lo amenazó y le dijo que se hiciera pasar como familiar para sacar al bebé del centro médico.
Entonces fue cuando dijo ser el tío abuelo del niño, a quien llamó Juan David Gómez Tapiero.
También afirmó que su madre era Martha Gómez Tapiero, de 22 años, y que ella había desaparecido ocho meses atrás. En su declaración, Gómez Tovar aceptó que había inventado el nombre de la supuesta mamá basándose en el de una sobrina.
Fue este el momento cuando las Farc perdieron el rastro de Emmanuel.
Cuatro meses después volvieron a llamar a Gómez Tovar para preguntar por Emmanuel y él les mintió diciendo que lo tenía una hermana en Bogotá, "que se le estaba haciendo todo el tratamiento que, incluso, yo la llamaba a ella cada quince días (...) pero nunca me dijeron 'usted necesita plata' (...) jamás, ellos desentendidos", narró.
Hace tres meses el comandante 'Jerónimo' le dijo que necesitaba hablar con él sobre el niño y amenazó a toda su familia si no le daba razón del bebé.
A mediados de diciembre pasado, las amenazas fueron más directas, ordenándole que devolviera al niño y le dieron un ultimátum hasta el 30 de diciembre para devolverlo.
En medio de su desesperación, Gómez Tovar fue a la Fiscalía y no lo escucharon, según narra, "porque ya no había atención". Y en la Sijín le indicaron que ellos no recibían denuncias.
Su salida fue llamar a un amigo que lo contactó con el Defensor del Pueblo de San José del Guaviare y el Personero de El Retorno, quienes ayudaron para que las autoridades le brindaran seguridad.
Luego se dio su traslado y el de su familia a Bogotá.
'En la noche llama a su mamá'
En una rueda de prensa del 31 de diciembre pasado, el presidente Álvaro Uribe y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, contaron lo que sucedió mientras el niño estuvo al cuidado de las autoridades.
Juan David, como era conocido en ese momento, salió del hospital el 27 de enero del 2005. Al siguiente día ingresó al Bienestar Familiar teniendo en cuenta el reporte que había realizado la trabajadora social del Hospital Regional de San José del Guaviare.
"De acuerdo con el diagnóstico de maltrato, negligencia y abandono del menor de edad. Lo mantienen encerrado, solo y no le daban de comer ni de beber", reportó entonces la funcionaria.
Los médicos agregaron a ese concepto que Emmanuel presentaba desnutrición, paludismo, enfermedad diarreica aguda, leishmaniasis, fractura de húmero y abandono.
El 26 de julio del 2005 se emitió la resolución para decretar la situación de peligro del menor y al otro día se aprobó su traslado a Bogotá, a un hogar sustituto del Bienestar Familiar.
El 31 de octubre de ese año le practicaron una cirugía en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt para corregirle la fractura en el húmero izquierdo.
Y bajo el cuidado de una madre sustituta se han tenido en cuenta los comportamientos del menor: "El niño es de buen apetito, tolera adecuadamente todos los alimentos, acostumbra a bañarlo una vez al día, disfruta el contacto con el agua, durante la noche suele despertarse, llamar a la mamá y volver a dormirse".
A pesar de que el niño se encuentra alerta, que pronuncia algunas palabras como 'mamá' y sílabas sueltas, que se muestra activo y con actitud de exploración del medio que le rodea, presenta retardo en su desarrollo psicomotor.
En la actualidad, "el niño se encuentra en buen estado de salud, con un desarrollo psicosocial adecuado para su edad, con valoraciones médica y nutricionales conforme a su proceso de desarrollo".
La rueda de prensa de Uribe, Restrepo y la plana mayor de las Fuerzas Militares, en el último día del 2007, marcó el final de tres días en los que la Cruz Roja y delegados internacionales, liderados por Hugo Chávez, esperaron en Colombia, sin éxito, las coordenadas de las Farc para rescatar a los tres rehenes.
Ahora, con la confirmación de que el ADN del niño es compatible con el de la familia Rojas y el comunicado de las Farc aceptando que sí es Emmanuel -quien hoy domingo tiene tres años, cinco meses y 17 días-, lo que resta es que el bebé esté con sus familiares, lo cual podría suceder en las próximas dos semanas.
Investigación de filigrana
El 28 de diciembre el CTI recibió la grabación de una llamada hecha al Gaula, en la que un hombre advertía que un niño de San José del Guaviare iba a ser sacado ilegalmente del ICBF en Bogotá. Juan David fue ubicado y vino una segunda llamada que lo relacionó con el caso de Emmanuel: que no iba a ser entregado porque estaba en manos del ICBF. El fiscal Mario Iguarán, y la jefe del CTI, Marilú Méndez, tomaron el caso y le avisaron al presidente Uribe. Allí se inició una rigurosa indagación judicial.
15 días para ser un Rojas
En dos semanas Clara de Rojas, abuela del pequeño Emmanuel, podría tener las custodia temporal del niño y así poner fin a la larga espera por conocer a su nieto.
Elvira Forero, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , afirmó que el procedimiento para que Emmanuel se quede con los Rojas es "sencillo y se adelantará desde la próxima semana" con la familia verdadera del menor. "Vamos a sentarnos a trabajar con doña Clara para empezar con el proceso de desarrollo sicosocial", señala.
La funcionaria agregó que Emmanuel es un niño "feliz, dulce y amoroso" y que debido a su temprana edad aún no tiene conciencia de lo que le ha sucedido. El sitio donde se encuentra el menor no fue revelado y su imagen y características físicas serán conocidas por el país previa autorización de la familia Rojas.
Para la expedición del registro civil es necesario interponer una acción ante un juez de menores. En poco tiempo, Emmanuel adoptaría el apellido Rojas.
Con reportería de Jhon Alfonso Moreno C., enviado especial a El Retorno (Guaviare)
Directora del DAS revela explosiva historia de José Crisanto Gómez, el falso padre de Emmanuel
Diario EL TIEMPO
La Directora del DAS reveló que José Gómez le pidió a una hermana, que trabaja hace 10 años en el DAS, que adoptara al niño y ella se negó.
María del Pilar Hurtado dice que el DAS ha confirmado, por ejemplo, que Gómez Tapiero se presentó en las elecciones de octubre como candidato al Concejo de El Retorno, en el Guaviare.
"No tiene antecedentes; pertenece a una familia numerosa; son 12 hermanos. Tres han muerto. Uno de sus hermanos fue guerrillero activo de las Farc, fue capturado hace varios años y estuvo en la cárcel. Aquí en Bogotá viven dos de sus hermanas. Otra hermana vive fuera de Bogotá y es funcionaria del DAS", revela Hurtado.
Yamid Amat: ¿El hermano guerrillero murió en combate o murió en la cárcel?
María del Pilar Hurtado: No tengo los detalles, sé que falleció hace tiempo.
Una hermana de Gómez Tapiero trabaja en el DAS
¿Y la hermana que trabaja en el DAS, quién es?
Tan pronto el Presidente de la República puso en conocimiento de los colombianos la hipótesis sobre el niño Emmanuel, se acercó una funcionaria a nosotros en el nivel central y nos dijo: "Yo soy hermana de esa persona que dice ser el tío abuelo del supuesto niño Emmanuel y quiero contarles que él, mi hermano José Crisanto, se acercó a mí, en diciembre del 2005, a decirme que él quería que yo hiciera diligencias para adoptar a ese niño; me dijo que era hijo de una señora que él apreciaba mucho, de una familia muy cercana y que él quería que el bebé quedara en manos conocidas. Ella nos dijo que se negó a aceptar la adopción porque hacía muchos años había perdido cercanía con su hermano, desde cuando él se fue para el Guaviare. A raíz de eso, ella decide no colaborarle.
¿Ella vive en Bogotá?
No. Pero actualmente esta protegida por nosotros. Reside, temporalmente, en un hotel en Bogotá.
¿Qué cargo tiene en el DAS?
Trabaja en la parte administrativa. Es una funcionaria con más de diez años en el DAS, no ha tenido inconvenientes y desarrolla muy bien su trabajo. Quiero destacar que fue ella quien reveló su consanguinidad con el señor Gómez Tapiero y que él decidió irse de la cercanía de su familia hace más de 16 años, cuando deja la zona de La Macarena, de donde son oriundos, y se va para el Guaviare.
¿La hermana de Gómez Tapiero va a continuar en el DAS?
Sí. Ha sido una buena funcionaria. Ese es el drama que viven muchos colombianos: Familias de bien, en las que uno de sus hijos se fue por la senda indebida, llámese paramilitar, llámese guerrillero o llámese narcotraficante.
¿Cómo ingresó ella al DAS?
Por el proceso normal. Ella no es detective, es una funcionaria administrativa y fue nombrada hace más de 10 años. Ha trabajado en la misma zona en tres seccionales diferentes cumpliendo su labor de apoyo administrativo sin tacha.
¿Usted habló con ella?
Sí. Hemos confirmado toda la información que ella nos ha dado, ya se le hizo una verificación de confiabilidad y eso me ha dado tranquilidad.
¿El Presidente Uribe tiene toda esta información?
Por supuesto. Y la única indicación que ha dado es poner todo en conocimiento de la Fiscalía. Es lo que hemos hecho.
¿Ella ha hablado con su hermano?
No, hasta ahora no, pero va a hablar con él.
¿Por qué lo sabe usted?
Ella tiene dos hermanas más que viven en Bogotá y me dijo que ambas han recibido ya amenazas. Cree que ante esa situación, su hermano podría tener la confianza de contarle algunas cosas. Sin embargo, yo me he enterado de que el señor Gómez Tapiero ha colaborado con la justicia plenamente.
Gómez Tapiero está colaborando
¿Ha aceptado que tiene vínculos con las Farc?
Esa información la tiene la Fiscalía; sé que él está colaborado con la justicia.
¿Aceptó que el niño se lo dieron las Farc?
Él está dando la información a la Fiscalía y eso es reservado.
¿Toda la familia de Gómez Tapiero está bajo protección?
Él está bajo protección como testigo de la Fiscalía; a su hermana, funcionaria del DAS, se le ha dado vigilancia especial y hoy estamos evaluando las amenazas que le llegaron a sus otras dos hermanas vía telefónica.
Podría ser un miliciano
¿La presencia de Gómez Tapiero, primero en La Macarena, donde hay una gran presencia de las Farc, y luego en Guaviare, otro eje de la actividad de la guerrilla, permite suponer que él tiene claros vínculos con las Farc?
Pienso que puede tratarse de un miliciano, pero eso nos lo dirá al final la Fiscalía. Él ya dijo que el niño se lo habían entregado las Farc y pudo ser por una de dos razones: o porque lo forzaron a tener el niño o porque es un miliciano y le dijeron cuide a este niño y dentro de un tiempo volvemos por él.
¿Por qué si Gómez Tapiero había perdido al niño, al ser entregado al hospital de San José del Guaviare y luego a Bienestar Familiar las Farc ofrecieron liberarlo junto a su madre?
Por lo que acabo de decirle: "Cuide a este niño y después volvemos por él". Fíjese que al niño lo pierde cuando una brigada de salud lo atiende y lo traslada al hospital. Y observe que, aun con las carencias de nuestro país, el sistema de atención a los menores funciona. Ese niño, ante una alarma de mal cuidado, es asumido por el sistema de protección del ICBF y llega a Bogotá e inclusive es operado. Estoy casi segura de que las Farc creían que el niño estaba todavía con Gómez Tapiero. Vea esta hipótesis: ¿Por qué llegaron tres helicópteros para la operación de entrega de los secuestrados? Uno podría decir: van a tres lugares diferentes. Uno de ellos debía recoger al niño. Al comprobar las Farc que el menor no estaba, todo su plan se desbarató.
¿Y cómo se explica que en uno de los testimonios de supervivencia que las Farc enviaron, hace meses, el oficial William Domínguez dice que había visto a Clarita con su hijo?
El intendente Pinchao dijo en rueda de prensa que él no le daba credibilidad a esa prueba de supervivencia, porque el oficial relata hechos como si Clara e Íngrid estuvieran juntas y él dice que eso no es cierto, que ellas estaban separadas y que de eso da fe. Pinchao también dijo que el niño había sufrido una fractura en un bracito al nacer. Recuerde que el niño en poder de Bienestar fue operado en el Roosevelt de una lesión en un brazo cuando fue trasladado a Bogotá.
¿El niño sigue con su madre sustituta?
Sí. No han sido separados. Con ella está, muy bien protegido, además.
Friday, November 30, 2007
La esperanza, al congelador
Publicado en el periódico El Tiempo, el 27 de noviembre de 2007
Nada bueno podía salir de una mediación entre el Gobierno colombiano y las Farc, a cargo de personajes tan desprovistos de neutralidad como el presidente Chávez y la senadora Córdoba, antípodas y enemigos del presidente Uribe.Pero era inimaginable un desenlace tan absurdo, que implicara el congelamiento de las relaciones entre países y el resquebrajamiento de la química que había entre los mandatarios, mancillada por las injurias de un Chávez iracundo por un asunto que ni siquiera es de su competencia, que atañe solo a la soberanía de Colombia.
Chávez no tenía derecho a embejucarse. Era potestad del Gobierno colombiano terminar la mediación cuando lo considerara pertinente, máxime cuando había razones de sobra. En tres meses no se avanzó un centímetro en el tema humanitario por mucho que asegure ahora la señora Córdoba que algunos de los secuestrados iban a comer pavo con sus familias en Navidad y que, en enero, las Farc se iban a sentar a firmar la paz. Por otro lado, todo estuvo girando en torno de la idea de un despeje, esta vez en el Yarí, para Chávez conversar con un 'Marulanda' que muchos presumen muerto y que aunque viviera, esa reunión solo tendría por objeto deshacer la tenaza con que las Fuerzas Armadas de Colombia están triturando a los subversivos de las Farc. Finalmente, las cosas estaban tomando un tinte insospechado con esa llamada al general Montoya, que por mucho que doña Piedad jure que era casual, inocente y rutinaria, no lo era.
El chasco fue de tal magnitud que en los tres meses no se consiguieron pruebas de supervivencia sin las cuales hasta el mismo Fabrice Delloye -ex esposo de Íngrid- opinaba que no se podría proseguir la mediación. A pesar de que a los campamentos de la guerrilla llega cualquiera (desde periodistas hasta la misma señora Córdoba, o la madre de la guerrillera holandesa), es inverosímil que no haya sido posible sacar las pruebas por supuestos bombardeos y presión militar. Más con lo fácil que es subir videos, fotografías y documentos escaneados a Internet, o enviarlos por correo electrónico. Y deja muy mal sabor el intento último de la Córdoba por tratar de hacer ver el video trasnochado del capitán Solórzano como una muestra de buena voluntad de los guerrilleros.
Dada la afinidad política entre Chávez y los facinerosos y la admiración mutua que ambos se han expresado en incontables ocasiones, se presumía que era imposible el escenario de una negociación empantanada porque a casi nadie le cabía en la cabeza que las Farc dejaran a Chávez como novia vestida. Sin embargo, a estas horas no se sabe a ciencia cierta si el Presidente de Venezuela fue víctima de las Farc o si, simplemente, estaba en la tarea de oxigenarlas. De todas maneras, persiste la sensación de que los subversivos desecharon la oportunidad de interlocución con cinco gobiernos del más alto turmequé, como si no tuvieran el más mínimo interés en absolutamente nada.
En el fondo, lo más triste de todo es que ahora sí los secuestrados parecen una simple mercancía. Y no hay certeza alguna de su estado. La necesidad de aferrarnos a una esperanza nos ha llevado a los colombianos a inducir al Gobierno a caer en la trampa de hacer lo que sea para devolverles la libertad a los secuestrados políticos de las Farc, cosa que solo depende de la voluntad de los guerrilleros o de un golpe de gracia de las fuerzas del Estado.
Si a las Farc les interesara la libertad de estas personas, bastarían una delegación de la Cruz Roja y un par de días de 'tregua' para devolverles sus vidas, pero en los estertores de una agonía ya inevitable de esa guerrilla, la carta de los secuestrados parece ser su única alternativa y, como tal, se la van a jugar. Quiera Dios que los colombianos no caigamos en la trampa de hacer acuartelar las tropas para revivir la esperanza y menos que estas terminen ocupadas en asuntos fronterizos por obra de un vecino bocón.
Thursday, November 22, 2007
LA VIDA ES UNA ANTORCHA ESPLÉNDIDA
Colegio Jorge Washington, Cartagena, Mayo 25 de 2007.
Quiero presentarles unas ideas, una visión de los elementos que considero que son esenciales para continuar en el proceso de construcción de un presente y de un futuro promisorio para Colombia, para ustedes, para nuestros hijos, para los colombianos, todos. Me voy a centrar en la construcción del hombre, del ser humano moderno, del nuevo hombre, voy a hablarles del desarrollo y compromiso personal.
El primer concepto que quiero presentarles está aquí, en el ambiente, la LIBERTAD.
Todos creemos ser libres, todos queremos sentirnos libres, pero muchas veces pensamos que la libertad es la posibilidad que tenemos de elegir entre diferentes alternativas, de escoger lo que queremos.
Muchas veces esta manifestación no es sino la expresión de un sentimiento egoísta, que básicamente lo que quiere expresar es que nadie se meta en mi vida y que me dejen hacer las cosas que yo quiero; y pensamos que de esta manera vamos a ser felices, pensamos que la felicidad es esa expresión de una libertad sin límites y creo que esto quizás los lleva por el camino equivocado.
Creemos que ser libres es no tener ataduras, es no estar sometidos a ninguna autoridad, cuando la verdadera libertad requiere de principios, requiere orden, requiere de respeto.
Además pensamos que la libertad depende de las condiciones exteriores, creemos que para poder ser libres necesitamos casi el mundo plegado a nuestros pies. ¡Cuando la verdadera libertad reside en nuestro interior! Tenemos la impresión normalmente de que lo que limita nuestra libertad son las circunstancias que nos rodean, las normas y obligaciones que nos impone la sociedad, las limitaciones físicas que tenemos, cuando tenemos problemas de salud, esas son las cosas que nos coartan la libertad. Muchas veces nos sentimos agobiados realmente por nuestras responsabilidades familiares, responsabilidad por ejemplo, en el caso de los muchachos(as) de estudiar, de tener que hacer algunas cosas, de entregar algún trabajo, de presentar un examen y creemos que eso realmente está limitando nuestra libertad, pero la verdad es que dentro de nosotros es donde reside realmente la libertad de cada uno.
También quiero decirles que somos más libres si reconocemos que los derechos son menos importantes que las obligaciones. Aquí tengo que hacer una reflexión adicional, ligar nuevamente la libertad con el amor, solamente cuando amamos somos libres porque el acto del amor, de verbo amar significa una entrega a los demás y allí es donde radica la verdadera libertad del ser humano, ¡si nuestro corazón es egoísta y queremos todo para nosotros, en lugar de ser libres, lo que hacemos es construir ataduras! ¡La verdadera libertad consiste en nuestra posibilidad de crecer, de esperar, de amar en cualquier circunstancia!. Esas circunstancias, inclusive, significan en muchos casos, aceptar lo que nosotros no hemos elegido, es decir, hay circunstancias que la vida nos impone y que sólo cuando las aceptamos somos libres.
Quien desea acceder a una verdadera libertad interior, debe entrenarse en la serena y gustosa aceptación de multitud de cosas que parecen ir en contra de nuestra libertad, aceptar nuestras limitaciones personales, nuestra fragilidad y nuestra impotencia en las situaciones que la vida nos impone.
La verdad es esta, las situaciones que nos hacen crecer de verdad, son precisamente aquellas que no dominamos. No seremos capaces de transformar eficazmente nuestras vidas si no comenzamos por acoger la vida en su integridad y en consecuencia, por aceptar cualquier acontecimiento exterior al que nos enfrentemos.
Pensamos que es muy difícil aceptar las cosas que nos causan dolor, pero desde mi experiencia personal les puedo dar fe, de que sólo cuando aceptamos la realidad de nuestra vida, comenzamos a ser felices. Cuando a mi me secuestraron tuve unos primeros días de mucha zozobra, de mucha angustia, pero solamente logré superar esa situación cuando acepté mi situación de secuestrado.
Un día me levanté de la hamaca en la que dormía y me hice esta reflexión, ¡estoy secuestrado, tengo que aceptar mi realidad y zafarme de mis recuerdos, de mis expectativas, de la vida que venía desarrollando, de mis deseos, de mis ansiedades, de mi deseo de estar con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, de mis deseos de poder trabajar en las actividades que me gusten y aceptar que la realidad que estaba viviendo era diferente a lo que yo deseaba y cuando acepté esa realidad comencé a superar el inmenso dolor que me producía el secuestro y eso a pesar de estar secuestrado, ¡fue una expresión de libertad!
Por eso llegué a la conclusión de que todos podemos ser libres a pesar de las circunstancias que nos rodean. Yo he sido un atento estudiante de Stephen Covey, un autor muy reconocido norteamericano, autor entre otros de un libro muy famoso, que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.
Libro que ha sido para mí un norte en la vida, en este encontré el ejemplo de Víctor Frankl, un señor que estuvo preso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y que estuvo sometido a una serie de pruebas inhumanas, porque fue utilizado como conejillo de indias, para hacer experimentos en seres humanos y a pesar de encontrarse en esa situación y de estar siendo torturado, tomó la decisión de que bajo ninguna circunstancia iba a perder su capacidad interior de elegir una respuesta ante un estímulo que recibiera y así pudiera ser maltratado por sus captores él no perdería la calma, no perdería la fe, no perdería la esperanza.
Allí radica la verdadera libertad humana, hay un instante entre el momento en que yo recibo un estímulo y en el momento en que doy una respuesta. En ese instante que hay entre el estímulo y la respuesta radica mi libertad de ser humano, de escoger cómo respondo. La verdadera libertad está dentro de nosotros en nuestros corazones. Tengo la esperanza, tengo la experiencia, de que en cualquier circunstancia, si hacemos una planificación adecuada podemos superar las dificultades, pero creo, que lo más importante es aceptar la realidad que estamos viviendo plenamente.
Yo recuerdo también que estando secuestrado, en una oportunidad me llevaron un ejemplar del periódico ‘El Tiempo’, y en la parte superior de la columna donde aparecen las cartas de los lectores leí una frase que escribí en uno de mis cuadernos que decía: “¡El dolor cuando no se convierte en verdugo es un gran maestro!”
Me tomé esta frase como propia y aprendí que a través del dolor se puede crecer y en el sufrimiento que padecí, durante mis seis años de secuestro aprendí a crecer, aprendí a ser una mejor persona, aprendí a ser más humano, aprendí a entender el dolor de mis semejantes y eso me humanizó, porque hoy cuando veo una persona que está sufriendo, entiendo mucho mejor ese dolor.
Naturalmente NO estoy haciendo con esto una invitación a sufrir, porque todos tenemos en la vida la ilusión de ser felices, pero si reconocemos el dolor como un elemento que nos conduce a la felicidad, vamos a encontrar que ese es el camino adecuado, y el dolor nos libera.
La naturaleza se halla en total equilibrio, existe la ley de la causa y el efecto. Lo que se siembra se cosecha.
Los problemas de la vida surgen cuando sembramos una cosa y esperamos cosechar otra totalmente diferente, si sembramos mangos recogeremos mangos, no limones, si sembramos odio recogeremos odio, si sembramos amor recogeremos amor. Como dice el proverbio “siembra vientos y recogerás tempestades ”
También quiero hacer una reflexión sobre un concepto de Covey, que es la proactividad. Hoy en día se habla mucho de proactividad y la gente lo entiende como el acto de tomar la iniciativa. Pero para Covey y para mí, la proactividad realmente significa asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas.
Tenemos la tendencia natural de responsabilizar a las demás personas de las cosas que nos suceden.
Cuando hacemos eso somos reactivos y pensamos que nuestra infelicidad es producto del ambiente o de los demás y por ese camino, pensamos que el mundo tiene que cambiar para que nosotros podamos ser felices, pero realmente la situación es la contraria, ser proactivo significa yo soy responsable de lo que me pasa, así esté secuestrado.
En mi secuestro soy responsable de mí.
No puedo cambiar la realidad de mi secuestro, ¡bueno sí la pude cambiar porque a los seis años me fugué!, pero tuve que esperar el tiempo para poderla cambiar, mientras esa oportunidad se me presentaba, me preparé para aprovecharla lo mejor que pude.
Me preparé para vivir cada día de mi secuestro de la mejor manera posible, asumí la responsabilidad de mis actos y me dije, si pierdo mi tiempo mientras esté secuestrado después no voy a poder echar el tiempo para atrás y esto no lo voy a recuperar, tengo que aprovechar cada instante de mi vida, sin importar las circunstancias en que me encuentre.
Entonces me propuse enriquecerme, y pensé, cómo puedo ser una mejor persona en estas circunstancias y me dije ¡bueno yo puedo aprender a ser generoso! Y me propuse practicar la generosidad; ustedes me preguntarán, “¿Pero Cómo puede ser uno generoso estando secuestrado?, si uno no tiene nada”, pues sí, a veces me regalaban un pan, y como yo había decidido ser generoso, lo partía por la mitad y le daba la otra mitad al guardia, y esto lo practicaba para todo.
Para el 24 de Diciembre último me regalaron cuatro manzanas y una bandejita de uvas, cada vez que me iba a comer una manzana la partía por la mitad y le daba la mitad al guardia y yo me comía el resto. Las uvas, ¡una para ti, una para mí!, como me cambiaban de guardia cada dos horas entonces las compartía con varios de mis captores y esa misma generosidad la practiqué durante los seis años de secuestro con cualquier detalle que tuviera.
También decidí ser paciente, esto quiere decir ser conciente del momento, vivir el presente, no vivo mañana ni vivo el ayer. Lo que pasó ayer ya no lo puedo cambiar, lo que pasará mañana tengo alguna forma de planearlo, pero finalmente es tan incierto. Si alguien lo puede decir soy yo que mientras trotaba el 4 de Diciembre de 2006, mientras escuchaba el radio sucedía el ataque al campamento donde me encontraba, el que me permitió fugarme. En Febrero de 2007 en recuperación de una operación, recibí la llamada del Presidente Uribe para ofrecerme la Cancillería. Es decir planear el futuro es realmente difícil, la vida da tantas vueltas que un realmente no sabe lo que va a pasar. Sólo viviendo el presente aprendemos a ser pacientes, la paciencia se refleja finalmente en tranquilidad espiritual, en serenidad.
También decidí ser fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? Todos tenemos miedos y a mí, al igual que a todos, me daban miedo muchas cosas, eso es humano. Ser fuerte significa enfrentar el miedo, no dejarse vencer por el miedo.
Yo me acuerdo que mi hijo Manuel, cuando tenía seis años, que estaba en clases de karate, cada vez que había un combate me decía: “¡Papi tengo miedo!”, yo le decía “¡es natural que lo tengas, lo importante es superarlo!”
Resulta fácil pensar en ser valiente con respecto a circunstancias especiales y extraordinarias, como sobreponerse a un secuestro o escaparse a sus captores; pero les quiero hacer una reflexión, ¡hace falta mucha valentía para actuar íntegramente cada día, para ser sinceros cada día, para liberarnos de las excusas que nos impiden ser leales con nosotros mismos, para actuar con base en principios a pesar de que muchas veces estos no sean populares o comprensibles para los demás!
El mejor modo de lograr calidad de vida es escuchar a nuestra conciencia y seguir sus dictados sin permitir que ninguna voz suene más fuerte en nuestros oídos que la voz propia de la conciencia. Sean cuales sean las circunstancias de la vida, guiarnos por ellas.
Estando secuestrado aprendí también a no desfallecer, aprendí que por muy duras que sean las circunstancias, hay que seguir adelante, por eso desde que salí, desde que me fugué y fui rescatado por la Armada he tratado de llevarle un mensaje a los colombianos, que hay que hacer siempre un esfuerzo adicional frente a las dificultades de la vida, para salir adelante.
Cada uno de nosotros, de una u otra manera enfrenta retos, unos más definitivos, unos más duros, por eso los invito a desarrollar una actitud personal proactiva, constructiva, optimista y responsable para poder superar las dificultades. Estoy convencido de que la espiritualidad y los valores le dan sentido a nuestras vidas.
La observación de nuestras actitudes e intereses y el reconocimiento de nuestros gustos y pasiones nos ayudan a encontrar la paz y el sosiego que tanto buscamos, y por supuesto la felicidad que anhelamos. Quiero agregar que el verdadero secuestro, es el secuestro en el que las personas en lugar de cultivarse, de tratar de ser mejores cada día; nos dejamos llevar por las cosas mundanas y por los vicios, nos dejamos llevar por el rencor y el odio. Sólo el que vive a través del amor se libera plenamente.
Ustedes son jóvenes y les ha tocado vivir en un mundo de alta tecnología, son expertos en aparatos digitales y computadores, en video juegos. Les tocó además un mundo interconectado y globalizado con grandes ventajas y con problemas y consecuencias para todos como el calentamiento de la tierra o el problema mundial de las drogas ilícitas, que tanta tragedia, dolor y violencia ha generado en nuestro país.
Estos retos y realidades exigen actitudes proactivas y responsables, exigen tomar posición y actuar como sociedad civil organizada, para contribuir a la solución.
Algunas personas me dicen, que después de mi secuestro volví a nacer, eso no es cierto, después de mi secuestro yo me siento más fuerte y más vivo que nunca, le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, porque durante los seis años de mi secuestro pude continuar en mi proceso de crecimiento.
Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que me hice cuando estaba secuestrado, sólo como un testimonio. Unos apuntes que hice el primero de Enero del año 2003 en mi diario, dicen así:
“estamos en año nuevo, estoy lleno de nostalgias, tristezas y pesares, lleno de ausencia, pero doy gracias a Dios porque gozo del don principal: ¡la vida!, además ¡salud, amor esperanza, fe, fortaleza e ilusiones!.
Cuento con toda mi familia, con su amor, su apoyo, su entrega, su trabajo, su energía, los extraño con toda mi alma, los adoro con todo mi ser, confío en que Nuestro Señor nos permita reunirnos pronto, he escuchado muchos mensajes bellísimos y llenos de esperanza y fortaleza, hecho de menos a Moni y a Ferni a quienes no he escuchado desde finales de octubre, pero tengo la seguridad que pronto les escucharé.
Estoy a la expectativa de que en estos próximos días reciban el video que grabé el 18 de diciembre y la carta para Mónica, también a la espera de que algunas gestiones de facilitación comiencen a dar frutos y se encienda de verdad una luz de esperanza para todos los secuestrados, para este año me propongo mantener la línea de acción que he conservado durante mi secuestro: primero, vivir el presente día a día; segundo, cuidarme, mantenerme saludable; tercero, ser siempre positivo sin importar las dificultades, superando el miedo y el dolor, superar mis sentimientos de abandono, sentir plenamente el amor de toda mi familia, de todos mis amigos, conservar siempre la esperanza de mi liberación; cuarto, aprender todo lo que pueda y fortalecer mi espíritu”
El primero de Enero del año 2006, escribí lo siguiente: “Feliz año nuevo, me levanto con la ilusión de regresar este año a mi hogar, a mi libertad, a mi vida y mientras tanto repito mis propósitos para el año, similares a los que me he hecho cada año y en todos los momentos de mi cautiverio, ser siempre positivo, vivir día por día, aprender todo lo que pueda, acrecentar mi fe, practicar el amor, la bondad, la gratitud, la humildad, la paciencia, el valor, la fortaleza, la tranquilidad, aumentar mis esperanzas, mi serenidad, mi alegría y la sabiduría que me permita aceptar vivir el presente”
Citando nuevamente a Covey, debo decir, ¡lo que nos quiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede!, desde luego, las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello, pero nuestro carácter, nuestra identidad básica en modo alguno tiene que quedar herida, de hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles en donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas, la libertad para abordar las circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta.
Insisto, no somos el producto de nuestro pasado, sino de nuestras elecciones.
Nuestra condición humana nos permite vivir conforme a nuestra imaginación y no a nuestra memoria. Como dijo Mahatma Gandhi, no me cabe ninguna duda de que cualquier hombre o mujer, es capaz de obtener lo que yo logré si hiciera los mismos esfuerzos y cultivara la misma esperanza y la misma fe.
Queridos amigos, queridos muchachos, para terminar hago mías las palabras de George Bernard Shaw: “¡Este es el verdadero goce de la vida!, ese ser utilizado con un propósito que uno reconoce como importante, ese ser una fuerza de la naturaleza y no un montecito febril y egoísta de malestares y molestias que se queja de que el mundo no se consagra a hacerlo feliz.
Soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y que mientras viva, es mi privilegio hacer por esta todo lo que pueda. Cuando muera quiero estar completamente agotado, pues cuanto más duramente trabajo, más vivo.
Gozo de la vida, por la vida misma; para mí, la vida no es una pequeña vela, es una especie de antorcha espléndida que por el momento sostengo con fuerza y quiero que arda con el mayor brillo posible, antes de entregarla a las futuras generaciones”
Muchas Gracias
Thursday, August 09, 2007
Why Are So Many Americans in Prison?
Race and the transformation of criminal justice
Glenn C. Loury
8 The early 1990s were the age of drive-by shootings, drug deals gone bad, crack cocaine, and gangsta rap. Between 1960 and 1990, the annual number of murders in New Haven rose from six to 31, the number of rapes from four to 168, the number of robberies from 16 to 1,784—all this while the city’s population declined by 14 percent. Crime was concentrated in central cities: in 1990, two fifths of Pennsylvania’s violent crimes were committed in Philadelphia, home to one seventh of the state’s population. The subject of crime dominated American domestic-policy debates.
Most observers at the time expected things to get worse. Consulting demographic tables and extrapolating trends, scholars and pundits warned the public to prepare for an onslaught, and for a new kind of criminal—the anomic, vicious, irreligious, amoral juvenile “super-predator.” In 1996, one academic commentator predicted a “bloodbath” of juvenile homicides in 2005.
And so we prepared. Stoked by fear and political opportunism, but also by the need to address a very real social problem, we threw lots of people in jail, and when the old prisons were filled we built new ones.
But the onslaught never came. Crime rates peaked in 1992 and have dropped sharply since. Even as crime rates fell, however, imprisonment rates remained high and continued their upward march. The result, the current American prison system, is a leviathan unmatched in human history.
According to a 2005 report of the International Centre for Prison Studies in London, the United States—with five percent of the world’s population—houses 25 percent of the world’s inmates. Our incarceration rate (714 per 100,000 residents) is almost 40 percent greater than those of our nearest competitors (the Bahamas, Belarus, and Russia). Other industrial democracies, even those with significant crime problems of their own, are much less punitive: our incarceration rate is 6.2 times that of Canada, 7.8 times that of France, and 12.3 times that of Japan. We have a corrections sector that employs more Americans than the combined work forces of General Motors, Ford, and Wal-Mart, the three largest corporate employers in the country, and we are spending some $200 billion annually on law enforcement and corrections at all levels of government, a fourfold increase (in constant dollars) over the past quarter century.
Never before has a supposedly free country denied basic liberty to so many of its citizens. In December 2006, some 2.25 million persons were being held in the nearly 5,000 prisons and jails that are scattered across America’s urban and rural landscapes. One third of inmates in state prisons are violent criminals, convicted of homicide, rape, or robbery. But the other two thirds consist mainly of property and drug offenders. Inmates are disproportionately drawn from the most disadvantaged parts of society. On average, state inmates have fewer than 11 years of schooling. They are also vastly disproportionately black and brown.
How did it come to this? One argument is that the massive increase in incarceration reflects the success of a rational public policy: faced with a compelling social problem, we responded by imprisoning people and succeeded in lowering crime rates. This argument is not entirely misguided. Increased incarceration does appear to have reduced crime somewhat. But by how much? Estimates of the share of the 1990s reduction in violent crime that can be attributed to the prison boom range from five percent to 25 percent. Whatever the number, analysts of all political stripes now agree that we have long ago entered the zone of diminishing returns. The conservative scholar John DiIulio, who coined the term “super-predator” in the early 1990s, was by the end of that decade declaring in The Wall Street Journal that “Two Million Prisoners Are Enough.” But there was no political movement for getting America out of the mass-incarceration business. The throttle was stuck.
A more convincing argument is that imprisonment rates have continued to rise while crime rates have fallen because we have become progressively more punitive: not because crime has continued to explode (it hasn’t), not because we made a smart policy choice, but because we have made a collective decision to increase the rate of punishment.
One simple measure of punitiveness is the likelihood that a person who is arrested will be subsequently incarcerated. Between 1980 and 2001, there was no real change in the chances of being arrested in response to a complaint: the rate was just under 50 percent. But the likelihood that an arrest would result in imprisonment more than doubled, from 13 to 28 percent. And because the amount of time served and the rate of prison admission both increased, the incarceration rate for violent crime almost tripled, despite the decline in the level of violence. The incarceration rate for nonviolent and drug offenses increased at an even faster pace: between 1980 and 1997 the number of people incarcerated for nonviolent offenses tripled, and the number of people incarcerated for drug offenses increased by a factor of 11. Indeed, the criminal-justice researcher Alfred Blumstein has argued that none of the growth in incarceration between 1980 and 1996 can be attributed to more crime:
The growth was entirely attributable to a growth in punitiveness, about equally to growth in prison commitments per arrest (an indication of tougher prosecution or judicial sentencing) and to longer time served (an indication of longer sentences, elimination of parole or later parole release, or greater readiness to recommit parolees to prison for either technical violations or new crimes).
This growth in punitiveness was accompanied by a shift in thinking about the basic purpose of criminal justice. In the 1970s, the sociologist David Garland argues, the corrections system was commonly seen as a way to prepare offenders to rejoin society. Since then, the focus has shifted from rehabilitation to punishment and stayed there. Felons are no longer persons to be supported, but risks to be dealt with. And the way to deal with the risks is to keep them locked up. As of 2000, 33 states had abolished limited parole (up from 17 in 1980); 24 states had introduced three-strikes laws (up from zero); and 40 states had introduced truth-in-sentencing laws (up from three). The vast majority of these changes occurred in the 1990s, as crime rates fell.
This new system of punitive ideas is aided by a new relationship between the media, the politicians, and the public. A handful of cases—in which a predator does an awful thing to an innocent—get excessive media attention and engender public outrage. This attention typically bears no relation to the frequency of the particular type of crime, and yet laws—such as three-strikes laws that give mandatory life sentences to nonviolent drug offenders—and political careers are made on the basis of the public’s reaction to the media coverage of such crimes.
* * *
Despite a sharp national decline in crime, American criminal justice has become crueler and less caring than it has been at any other time in our modern history. Why?
The question has no simple answer, but the racial composition of prisons is a good place to start. The punitive turn in the nation’s social policy—intimately connected with public rhetoric about responsibility, dependency, social hygiene, and the reclamation of public order—can be fully grasped only when viewed against the backdrop of America’s often ugly and violent racial history: there is a reason why our inclination toward forgiveness and the extension of a second chance to those who have violated our behavioral strictures is so stunted, and why our mainstream political discourses are so bereft of self-examination and searching social criticism. This historical resonance between the stigma of race and the stigma of imprisonment serves to keep alive in our public culture the subordinating social meanings that have always been associated with blackness. Race helps to explain why the United States is exceptional among the democratic industrial societies in the severity and extent of its punitive policy and in the paucity of its social-welfare institutions.
Slavery ended a long time ago, but the institution of chattel slavery and the ideology of racial subordination that accompanied it have cast a long shadow. I speak here of the history of lynching throughout the country; the racially biased policing and judging in the South under Jim Crow and in the cities of the Northeast, Midwest, and West to which blacks migrated after the First and Second World Wars; and the history of racial apartheid that ended only as a matter of law with the civil-rights movement. It should come as no surprise that in the post–civil rights era, race, far from being peripheral, has been central to the evolution of American social policy.
The political scientist Vesla Mae Weaver, in a recently completed dissertation, examines policy history, public opinion, and media processes in an attempt to understand the role of race in this historic transformation of criminal justice. She argues—persuasively, I think—that the punitive turn represented a political response to the success of the civil-rights movement. Weaver describes a process of “frontlash” in which opponents of the civil-rights revolution sought to regain the upper hand by shifting to a new issue. Rather than reacting directly to civil-rights developments, and thus continuing to fight a battle they had lost, those opponents—consider George Wallace’s campaigns for the presidency, which drew so much support in states like Michigan and Wisconsin—shifted attention to a seemingly race-neutral concern over crime:Once the clutch of Jim Crow had loosened, opponents of civil rights shifted the “locus of attack” by injecting crime onto the agenda. Through the process of frontlash, rivals of civil rights progress defined racial discord as criminal and argued that crime legislation would be a panacea to racial unrest. This strategy both imbued crime with race and depoliticized racial struggle, a formula which foreclosed earlier “root causes” alternatives. Fusing anxiety about crime to anxiety over racial change and riots, civil rights and racial disorder—initially defined as a problem of minority disenfranchisement—were defined as a crime problem, which helped shift debate from social reform to punishment.
Of course, this argument (for which Weaver adduces considerable circumstantial evidence) is speculative. But something interesting seems to have been going on in the late 1960s regarding the relationship between attitudes on race and social policy.
Before 1965, public attitudes on the welfare state and on race, as measured by the annually administered General Social Survey, varied year to year independently of one another: you could not predict much about a person’s attitudes on welfare politics by knowing their attitudes about race. After 1965, the attitudes moved in tandem, as welfare came to be seen as a race issue. Indeed, the year-to-year correlation between an index measuring liberalism of racial attitudes and attitudes toward the welfare state over the interval 1950–1965 was .03. These same two series had a correlation of .68 over the period 1966–1996. The association in the American mind of race with welfare, and of race with crime, has been achieved at a common historical moment. Crime-control institutions are part of a larger social-policy complex—they relate to and interact with the labor market, family-welfare efforts, and health and social-work activities. Indeed, Garland argues that the ideological approaches to welfare and crime control have marched rightward to a common beat: “The institutional and cultural changes that have occurred in the crime control field are analogous to those that have occurred in the welfare state more generally.” Just as the welfare state came to be seen as a race issue, so, too, crime came to be seen as a race issue, and policies have been shaped by this perception.
Consider the tortured racial history of the War on Drugs. Blacks were twice as likely as whites to be arrested for a drug offense in 1975 but four times as likely by 1989. Throughout the 1990s, drug-arrest rates remained at historically unprecedented levels. Yet according to the National Survey on Drug Abuse, drug use among adults fell from 20 percent in 1979 to 11 percent in 2000. A similar trend occurred among adolescents. In the age groups 12–17 and 18–25, use of marijuana, cocaine, and heroin all peaked in the late 1970s and began a steady decline thereafter. Thus, a decline in drug use across the board had begun a decade before the draconian anti-drug efforts of the 1990s were initiated.
Of course, most drug arrests are for trafficking, not possession, so usage rates and arrest rates needn’t be expected to be identical. Still, we do well to bear in mind that the social problem of illicit drug use is endemic to our whole society. Significantly, throughout the period 1979–2000, white high-school seniors reported using drugs at a significantly higher rate than black high-school seniors. High drug-usage rates in white, middle-class American communities in the early 1980s accounts for the urgency many citizens felt to mount a national attack on the problem. But how successful has the effort been, and at what cost?
Think of the cost this way: to save middle-class kids from the threat of a drug epidemic that might not have even existed by the time that drug incarceration began its rapid increase in the 1980s, we criminalized underclass kids. Arrests went up, but drug prices have fallen sharply over the past 20 years—suggesting that the ratcheting up of enforcement has not made drugs harder to get on the street. The strategy clearly wasn’t keeping drugs away from those who sought them. Not only are prices down, but the data show that drug-related visits to emergency rooms also rose steadily throughout the 1980s and 1990s.
An interesting case in point is New York City. Analyzing arrests by residential neighborhood and police precinct, the criminologist Jeffrey Fagan and his colleagues Valerie West and Jan Holland found that incarceration was highest in the city’s poorest neighborhoods, though these were often not the neighborhoods in which crime rates were the highest. Moreover, they discovered a perverse effect of incarceration on crime: higher incarceration in a given neighborhood in one year seemed to predict higher crime rates in that same neighborhood one year later. This growth and persistence of incarceration over time, the authors concluded, was due primarily to the drug enforcement practices of police and to sentencing laws that require imprisonment for repeat felons. Police scrutiny was more intensive and less forgiving in high-incarceration neighborhoods, and parolees returning to such neighborhoods were more closely monitored. Thus, discretionary and spatially discriminatory police behavior led to a high and increasing rate of repeat prison admissions in the designated neighborhoods, even as crime rates fell.
Fagan, West, and Holland explain the effects of spatially concentrated urban anti-drug-law enforcement in the contemporary American metropolis. Buyers may come from any neighborhood and any social stratum. But the sellers—at least the ones who can be readily found hawking their wares on street corners and in public vestibules—come predominantly from the poorest, most non-white parts of the city. The police, with arrest quotas to meet, know precisely where to find them. The researchers conclude: Incarceration begets more incarceration, and incarceration also begets more crime, which in turn invites more aggressive enforcement, which then re-supplies incarceration . . . three mechanisms . . . contribute to and reinforce incarceration in neighborhoods: the declining economic fortunes of former inmates and the effects on neighborhoods where they tend to reside, resource and relationship strains on families of prisoners that weaken the family’s ability to supervise children, and voter disenfranchisement that weakens the political economy of neighborhoods.
The effects of imprisonment on life chances are profound. For incarcerated black men, hourly wages are ten percent lower after prison than before. For all incarcerated men, the number of weeks worked per year falls by at least a third after their release.
So consider the nearly 60 percent of black male high-school dropouts born in the late 1960s who are imprisoned before their 40th year. While locked up, these felons are stigmatized—they are regarded as fit subjects for shaming. Their links to family are disrupted; their opportunities for work are diminished; their voting rights may be permanently revoked. They suffer civic excommunication. Our zeal for social discipline consigns these men to a permanent nether caste. And yet, since these men—whatever their shortcomings—have emotional and sexual and family needs, including the need to be fathers and lovers and husbands, we are creating a situation where the children of this nether caste are likely to join a new generation of untouchables. This cycle will continue so long as incarceration is viewed as the primary path to social hygiene.
* * *
I have been exploring the issue of causes: of why we took the punitive turn that has resulted in mass incarceration. But even if the racial argument about causes is inconclusive, the racial consequences are clear. To be sure, in the United States, as in any society, public order is maintained by the threat and use of force. We enjoy our good lives only because we are shielded by the forces of law and order, which keep the unruly at bay. Yet in this society, to a degree virtually unmatched in any other, those bearing the brunt of order enforcement belong in vastly disproportionate numbers to historically marginalized racial groups. Crime and punishment in America has a color.
In his fine study Punishment and Inequality in America (2006), the Princeton University sociologist Bruce Western powerfully describes the scope, nature, and consequences of contemporary imprisonment. He finds that the extent of racial disparity in imprisonment rates is greater than in any other major arena of American social life: at eight to one, the black–white ratio of incarceration rates dwarfs the two-to-one ratio of unemployment rates, the three-to-one ration of non-marital childbearing, the two-to-one ratio of infant-mortality rates and one-to-five ratio of net worth. While three out of 200 young whites were incarcerated in 2000, the rate for young blacks was one in nine. A black male resident of the state of California is more likely to go to a state prison than a state college.
The scandalous truth is that the police and penal apparatus are now the primary contact between adult black American men and the American state. Among black male high-school dropouts aged 20 to 40, a third were locked up on any given day in 2000, fewer than three percent belonged to a union, and less than one quarter were enrolled in any kind of social program. Coercion is the most salient meaning of government for these young men. Western estimates that nearly 60 percent of black male dropouts born between 1965 and 1969 were sent to prison on a felony conviction at least once before they reached the age of 35.
One cannot reckon the world-historic American prison build-up over the past 35 years without calculating the enormous costs imposed upon the persons imprisoned, their families, and their communities. (Of course, this has not stopped many social scientists from pronouncing on the net benefits of incarceration without doing so.) Deciding on the weight to give to a “thug’s” well-being—or to that of his wife or daughter or son—is a question of social morality, not social science. Nor can social science tell us how much additional cost borne by the offending class is justified in order to obtain a given increment of security or property or peace of mind for the rest of us. These are questions about the nature of the American state and its relationship to its people that transcend the categories of benefits and costs.
Yet the discourse surrounding punishment policy invariably discounts the humanity of the thieves, drug sellers, prostitutes, rapists, and, yes, those whom we put to death. It gives insufficient weight to the welfare, to the humanity, of those who are knitted together with offenders in webs of social and psychic affiliation. What is more, institutional arrangements for dealing with criminal offenders in the United States have evolved to serve expressive as well as instrumental ends. We have wanted to “send a message,” and we have done so with a vengeance. In the process, we have created facts. We have answered the question, who is to blame for the domestic maladies that beset us? We have constructed a national narrative. We have created scapegoats, indulged our need to feel virtuous, and assuaged our fears. We have met the enemy, and the enemy is them.
Incarceration keeps them away from us. Thus Garland: “The prison is used today as a kind of reservation, a quarantine zone in which purportedly dangerous individuals are segregated in the name of public safety.” The boundary between prison and community, Garland continues, is “heavily patrolled and carefully monitored to prevent risks leaking out from one to the other. Those offenders who are released ‘into the community’ are subject to much tighter control than previously, and frequently find themselves returned to custody for failure to comply with the conditions that continue to restrict their freedom. For many of these parolees and ex-convicts, the ‘community’ into which they are released is actually a closely monitored terrain, a supervised space, lacking much of the liberty that one associates with ‘normal life’.”
Deciding how citizens of varied social rank within a common polity ought to relate to one another is a more fundamental consideration than deciding which crime-control policy is most efficient. The question of relationship, of solidarity, of who belongs to the body politic and who deserves exclusion—these are philosophical concerns of the highest order. A decent society will on occasion resist the efficient course of action, for the simple reason that to follow it would be to act as though we were not the people we have determined ourselves to be: a people conceived in liberty and dedicated to the proposition that we all are created equal. Assessing the propriety of creating a racially defined pariah class in the middle of our great cities at the start of the 21st century presents us with just such a case.
My recitation of the brutal facts about punishment in today’s America may sound to some like a primal scream at this monstrous social machine that is grinding poor black communities to dust. And I confess that these brutal facts do at times incline me to cry out in despair. But my argument is analytical, not existential. Its principal thesis is this: we law-abiding, middle-class Americans have made decisions about social policy and incarceration, and we benefit from those decisions, and that means from a system of suffering, rooted in state violence, meted out at our request. We had choices and we decided to be more punitive. Our society—the society we have made—creates criminogenic conditions in our sprawling urban ghettos, and then acts out rituals of punishment against them as some awful form of human sacrifice.
This situation raises a moral problem that we cannot avoid. We cannot pretend that there are more important problems in our society, or that this circumstance is the necessary solution to other, more pressing problems—unless we are also prepared to say that we have turned our backs on the ideal of equality for all citizens and abandoned the principles of justice. We ought to ask ourselves two questions: Just what manner of people are we Americans? And in light of this, what are our obligations to our fellow citizens—even those who break our laws?
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To address these questions, we need to think about the evaluation of our prison system as a problem in the theory of distributive justice—not the purely procedural idea of ensuring equal treatment before the law and thereafter letting the chips fall where they may, but the rather more demanding ideal of substantive racial justice. The goal is to bring about through conventional social policy and far-reaching institutional reforms a situation in which the history of racial oppression is no longer so evident in the disparate life experiences of those who descend from slaves.
And I suggest we approach that problem from the perspective of John Rawls’s theory of justice: first, that we think about justice from an “original position” behind a “veil of ignorance” that obstructs from view our own situation, including our class, race, gender, and talents. We need to ask what rules we would pick if we seriously imagined that we could turn out to be anyone in the society. Second, following Rawls’s “difference principle,” we should permit inequalities only if they work to improve the circumstances of the least advantaged members of society. But here, the object of moral inquiry is not the distribution among individuals of wealth and income, but instead the distribution of a negative good, punishment, among individuals and, importantly, racial groups.
So put yourself in John Rawls’s original position and imagine that you could occupy any rank in the social hierarchy. Let me be more concrete: imagine that you could be born a black American male outcast shuffling between prison and the labor market on his way to an early death to the chorus of nigger or criminal or dummy. Suppose we had to stop thinking of us and them. What social rules would we pick if we actually thought that they could be us? I expect that we would still pick some set of punishment institutions to contain bad behavior and protect society. But wouldn’t we pick arrangements that respected the humanity of each individual and of those they are connected to through bonds of social and psychic affiliation? If any one of us had a real chance of being one of those faces looking up from the bottom of the well—of being the least among us¬—then how would we talk publicly about those who break our laws? What would we do with juveniles who go awry, who roam the streets with guns and sometimes commit acts of violence? What weight would we give to various elements in the deterrence-retribution-incapacitation-rehabilitation calculus, if we thought that calculus could end up being applied to our own children, or to us? How would we apportion blame and affix responsibility for the cultural and social pathologies evident in some quarters of our society if we envisioned that we ourselves might well have been born into the social margins where such pathology flourishes?
If we take these questions as seriously as we should, then we would, I expect, reject a pure ethic of personal responsibility as the basis for distributing punishment. Issues about responsibility are complex, and involve a kind of division of labor—what John Rawls called a “social division of responsibility” between “citizens as a collective body” and individuals: when we hold a person responsible for his or her conduct—by establishing laws, investing in their enforcement, and consigning some persons to prisons—we need also to think about whether we have done our share in ensuring that each person faces a decent set of opportunities for a good life. We need to ask whether we as a society have fulfilled our collective responsibility to ensure fair conditions for each person—for each life that might turn out to be our life.
We would, in short, recognize a kind of social responsibility, even for the wrongful acts freely chosen by individual persons. I am not arguing that people commit crimes because they have no choices, and that in this sense the “root causes” of crime are social; individuals always have choices. My point is that responsibility is a matter of ethics, not social science. Society at large is implicated in an individual person’s choices because we have acquiesced in—perhaps actively supported, through our taxes and votes, words and deeds—social arrangements that work to our benefit and his detriment, and which shape his consciousness and sense of identity in such a way that the choices he makes, which we may condemn, are nevertheless compelling to him—an entirely understandable response to circumstance. Closed and bounded social structures—like racially homogeneous urban ghettos—create contexts where “pathological” and “dysfunctional” cultural forms emerge; but these forms are neither intrinsic to the people caught in these structures nor independent of the behavior of people who stand outside them.
Thus, a central reality of our time is the fact that there has opened a wide racial gap in the acquisition of cognitive skills, the extent of law-abidingness, the stability of family relations, the attachment to the work force, and the like. This disparity in human development is, as a historical matter, rooted in political, economic, social, and cultural factors peculiar to this society and reflective of its unlovely racial history: it is a societal, not communal or personal, achievement. At the level of the individual case we must, of course, act as if this were not so. There could be no law, no civilization, without the imputation to particular persons of responsibility for their wrongful acts. But the sum of a million cases, each one rightly judged on its merits to be individually fair, may nevertheless constitute a great historic wrong. The state does not only deal with individual cases. It also makes policies in the aggregate, and the consequences of these policies are more or less knowable. And who can honestly say—who can look in the mirror and say with a straight face—that we now have laws and policies that we would endorse if we did not know our own situation and genuinely considered the possibility that we might be the least advantaged?
Even if the current racial disparity in punishment in our country gave evidence of no overt racial discrimination—and, perhaps needless to say, I view that as a wildly optimistic supposition—it would still be true that powerful forces are at work to perpetuate the consequences of a universally acknowledged wrongful past. This is in the first instance a matter of interpretation—of the narrative overlay that we impose upon the facts.
The tacit association in the American public’s imagination of “blackness” with “unworthiness” or “dangerousness” has obscured a fundamental ethical point about responsibility, both collective and individual, and promoted essentialist causal misattributions: when confronted by the facts of racially disparate achievement, racially disproportionate crime rates, and racially unequal school achievement, observers will have difficulty identifying with the plight of a group of people whom they (mistakenly) think are simply “reaping what they have sown.” Thus, the enormous racial disparity in the imposition of social exclusion, civic ex-communication, and lifelong disgrace has come to seem legitimate, even necessary: we fail to see how our failures as a collective body are implicated in this disparity. We shift all the responsibility onto their shoulders, only by irresponsibly—indeed, immorally—denying our own. And yet, this entire dynamic has its roots in past unjust acts that were perpetrated on the basis of race.
Given our history, producing a racially defined nether caste through the ostensibly neutral application of law should be profoundly offensive to our ethical sensibilities—to the principles we proudly assert as our own. Mass incarceration has now become a principal vehicle for the reproduction of racial hierarchy in our society. Our country’s policymakers need to do something about it. And all of us are ultimately responsible for making sure that they do. <
Glenn C. Loury is the Merton P. Stoltz Professor of the Social Sciences in the department of economics at Brown University. He is the author of The Anatomy of Racial Inequality, and he was a 2002 Carnegie Scholar.
Originally published in the July/August 2007 issue of Boston Review.