Por Jaime Galvis
V.
En el Siglo XXI
el Mundo civilizado se está moviendo a gran velocidad el progreso en las
comunicaciones es asombroso, pero en Colombia, el aparato gubernamental se
presenta casi totalmente anquilosado, todo es absurdamente lento. El Estado
Colombiano es una máquina oxidada.
Un Congreso
bicameral, necesita 8 debates para
aprobar una ley, esto generalmente toma los cuatro años de un período
presidencial. Las dos cámaras de dicho congreso no se distinguen por su
eficiencia, su organización está saturada de reglamentos, procedimientos y
ceremonias absurdas. A esto se agregan las tretas tramposas “micos” en el argot
popular. ¡Luego de ese viacrucis burocrático alguna de las “cortes” puede vetar
la ley y todo fue tiempo perdido!
Esto es solamente
el primer síntoma de un sinnúmero de procedimientos lentos y engorrosos que
están afectando el funcionamiento de la economía nacional.
En las obras
públicas la pachorra ha sido patética, ferrocarriles tales como Medellín-Puerto
Berrio y Cali-Buenaventura duraron en construcción más de cincuenta años cada
uno. La construcción de carreteras ha tenido un atraso tal que nos superan los
países vecinos y unos cuantos países asiáticos y africanos que se
independizaron a mediados del Siglo XX. En esto hay ejemplos grotescos: ¡La
variante de San Francisco en la vía Pasto-Mocoa lleva más de diez años en la construcción
de 45 kilómetros y nada! ¡El Túnel de La Línea se inició hace nueve años y
nada! La carretera de Colombia (Huila) a
La Uribe (Meta) lleva décadas en obras sin culminación. En esto hay episodios
ridículos, en la década de los años cuarenta, el presidente de la República
prometió que antes de terminar su gobierno estaría construida la vía Quibdó- Bahia
Solano. ¡No se ha iniciado!
Más que a
construir el Estado Colombiano se dedica a hacer costosos “estudios” de los
cuales no sale nada. ¿Qué tal la historia del Metro de Bogotá? ¿Los del Tapón
del Darién? ¿La canalización del río Magdalena? ¿La canalización del río Meta? ¿Cuantos
“estudios” se han hecho para proyectos que nunca se ejecutan?
Por otra
parte la inercia oficial y su cúmulo de trámites, paraliza las actividades
privadas, frustrando toda clase de iniciativas. Las licencias ambientales, las
consultas a las “comunidades”, son procesos que duran años y cuestan dinerales.
Las licencias de construcción, los trámites para adquirir derechos de
exploración petrolera o minera, las licencias del Invima, las diligencias para
ingresos de capital, las talanqueras de la Superintendencia de Industria y Comercio
son todo un viacrucis burocrático que está espantando la inversión en Colombia.
A todos esos inconvenientes se agregan unos funcionarios que desconocen las
actividades que “controlan” y la
corrupción que ha anidado en toda esa maraña burocrática.
Para
completar ese cuadro de ineptitud y pereza, cabe mencionar un Poder Judicial
hipertrofiado y prepotente que se ha arrogado facultades para intervenir en
todos los aspectos de la actividad humana. Tradicionalmente el Poder Judicial
ha sido refractario a los cambios y
conserva atavismos de la época virreinal. Por ello la modorra judicial ha sido
proverbial. Los juicios duran años. Entidades tales como el Consejo de Estado
siempre se han caracterizado por su lentitud y esto afecta en gran medida la
actividad económica. Cualquier pleito se puede demorar varios años y causar
grandes perjuicios pecuniarios Actos
legales como las sucesiones implican no solamente el congelamiento de bienes y
empresas sino la ruina de éstas.
A raíz de la
Constitución de 1991, el Poder Judicial pasó a intervenir en casi todos los
aspectos de la administración pública creando un verdadero caos institucional.
Cualquier proyecto del ejecutivo puede ser vetado por la Corte Constitucional y
esto agrega incertidumbre en el manejo de la economía.
