Un Estado Paralítico

por Jaime Galvis Vergara
El Estado Colombiano no se distingue por su dinamismo. Desde antes de constituirse como tal, en la época colonial fue un territorio donde la vida transcurría sin sobresaltos, una población que vegetaba en aldeas de las montañas, sin mayores cambios. Las generaciones se sucedían en los mismos parajes sin viajar, reducidas a la rutina de trabajo e iglesia. La Independencia trajo pocos cambios en la vida lugareña, los más notorios fueron una serie de conflictos y guerras civiles. El Siglo XIX en Colombia se distinguió por una abulia absoluta, quizás la única iniciativa interesante fue la de un empresario alemán para la navegación regular del río Magdalena. La actividad central de los gobiernos fue la política y la creación de sinecuras, hubo verdaderas cascadas de decretos y leyes inútiles, para estorbar y coaccionar toda actividad constructiva, debido a esto, el inicio de los ferrocarriles tuvo un desarrollo en extremo lento e incoherente, cabe anotar que varias líneas férreas duraron más tiempo en construcción, que en funcionamiento. El desarrollo manufacturero fue artesanal y mínimo tanto que los artículos metálicos importados se consideraban tesoros, los machetes y los azadones figuraban en los testamentos. Los caminos de herradura coloniales fueron en su mayor parte abandonados. La mayor parte de la población permaneció aferrada a las cordilleras porque en las tierras bajas las enfermedades tropicales no permitían el poblamiento y la desidia oficial no realizó labores de saneamiento. Todavía en la mitad del Siglo XX la fiebre amarilla imperaba en grandes extensiones del País. El bocio era endémico ya que un monopolio oficial vendía sal sin yodo.

En medio del estancamiento hubo dos aspectos que presentaron una gran expansión, por una parte la expedición de leyes, decretos, reglamentos, proclamas, reformas administrativas, “instituciones”, tribunales, comités etc., pero realizaciones pocas o nada. La otra expansión fue demográfica, una población enferma de bocio, raquitismo, viruela, lepra, tuberculosis, paludismo y mil endemias más, resultó muy prolífica.

Llegó la mitad del Siglo XX y Colombia carecía de carreteras a las costas, las vías se construían a un ritmo desesperantemente lento porque los vericuetos burocráticos impedían la aceleración de los proyectos. El sector eléctrico tuvo serio estancamiento porque nuestros “estadistas” decidieron que solamente el Estado podía construir plantas generadoras. La actividad minera fue sometida a tal cantidad de trámites absurdos que el impulso que tuvo la minería antioqueña en el Siglo XIX se apagó. Todas las trabas y reglamentos que se le ocurrieron a cada burócrata ignorante se volvieron leyes. El control de cambios y Planeación Nacional se convirtieron en obstáculos para el ejercicio de la libre empresa, fueron el instrumento de favoritismos y de antipatías regionales que originaron distorsiones absurdas en la economía.

A toda esa serie de disparates, se agregó algo que el País no estaba pidiendo, toda una imposición, la Constitución de 1991. Se inventó un clamor nacional, el cual solamente existió en los medios de comunicación, para reemplazar la Constitución de 1886, la cual tenía una virtud, era un texto corto y conciso. La nueva constitución, en cuya redacción hubo notable improvisación, es un texto farragoso y casuista, el cual en lugar de procurar agilizar el funcionamiento del Estado, lo hizo más lento y complicado. Un documento con 380 artículos por los cuales se pretende reglamentar todos los aspectos de la vida ciudadana, es algo totalmente inapropiado para el Mundo cambiante del Siglo XXI.

La Constitución de 1991 creó un poder judicial desmesurado y omnipotente sin tener en cuenta que desde hace décadas la justicia ha sido infiltrada por el extremismo izquierdista. A la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, le agregaron el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, con esto el País tiene que soportar cuatro altos tribunales, tolerar sus incoherencias y presenciar sus frecuentes conflictos. El contacto del ciudadano común y corriente con la justicia continúa teniendo lugar a través de oficinas de juzgado, sucias y mal atendidas, muy lejos del Olimpo de los mencionados tribunales. Estos se dedican a labores de más alto vuelo tales como sus entelequias jurídicas, a interferir con los otros poderes del estado, a cogobernar,  llevar a cabo persecuciones políticas y muy frecuentemente a disputas entre sí por atribuciones, privilegios y canonjías. La Corte Constitucional puede paralizar cualquier proyecto por “inconstitucional” y con frecuencia lo hace, lógicamente una constitución que legisla sobre todo lo divino y lo humano tiene suficientes artículos y parágrafos para impedir cualquier iniciativa, independientemente de lo necesaria o urgente que sea.

Por otra parte la Corte Suprema puede declarar “Inexequible” todo lo que no les guste a sus magistrados; el Consejo de Estado puede dilatar cualquier litigio indefinidamente y con frecuencia lo hace. Mientras tanto el País permanece estancado. Además de los mencionados altos tribunales, la Constitución de 1991 creó un organismo muy especial, la Fiscalía, un abultado ente burocrático que opera en forma parecida a como actuaba el Santo Oficio, hace señalamientos, encarcela y luego investiga, esto último con la debida lentitud. Esta especie de Checa se ha convertido en una fuente de atropellos. El Habeas Corpus, derecho  reconocido en el artículo 30 de la mencionada constitución, es ignorado olímpicamente por la Fiscalía. Generalmente la dirigen extraños personajes, poco objetivos, algunos hasta pintorescos. Mucho afán de crear espectáculo y poca seriedad.

Hay dos organismos de control, anteriores a la Constitución de 1991, La Procuraduría y la Contraloría General de la República, son dos fortalezas burocráticas a las cuales alguien denominó las “asustadurías”, se comportan como cortes supremas unipersonales, cuyos directores dada la poca claridad de las respectivas funciones, se inmiscuyen en todo lo divino y lo humano, intervienen en proyectos de obras públicas, en actividades mineras, en política petrolera, en asuntos ambientales, en lo referente a comunidades raciales y hasta en problemas de alcoba. Son pequeños gobiernos que no conciben crear, solamente prohibir y estorbar. Su verdadera función, el control de la corrupción francamente no se nota, pululan las licitaciones amañadas, los contratos que no se cumplen, el nepotismo en la burocracia, los abusos y peculados, pero las denominadas entidades, lo mismo que el Gobierno en general, viven más pendientes de la publicidad y de los titulares de prensa.

Hay más aspectos nefastos en la Constitución de 1991, en el artículo 286 le dan el carácter de entidades territoriales a las reservas indígenas y el artículo 287 agrega lo siguiente:

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

• Gobernarse por autoridades propias.
• Ejercer las competencias que les correspondan.
• Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
• Participar en las rentas nacionales.

Con lo anterior se les otorgó a los resguardos indígenas atribuciones equiparables a las de los municipios y departamentos. ¿Los sabios constituyentes estaban informados que los resguardos indígenas constituyen más de la cuarta parte del territorio nacional? ¿Sabían que los grupos indígenas reconocidos como tales tienen una población total reconocida que no llega a 500.000 personas? Con todo esto se fomentó el racismo, comunidades exiguas tomaron aires de nacionalidades, un problema que no tenía Colombia, el de minorías desafectas a la nacionalidad, fue germinado y fomentado desde las esferas del estado.  El disparate llegó más lejos, se estableció el absurdo de las consultas, cualquier proyecto gubernamental o privado debe someterse a consultas con las comunidades, por tanto estas proliferaron, no solamente indígenas, también comunidades afro-descendientes o cualquier grupo que vislumbre la posibilidad de lucrarse obstaculizando toda clase de obras, se constituye en “comunidad”. Actualmente centenares de proyectos de infraestructura, minería, petróleo, industria y agroindustria se encuentran paralizados, por obra de las “comunidades”. Naturalmente las “consultas” se han tornado en un sistema de chantajes y exacciones abusivas. Es una extorsión legalizada que está paralizando totalmente el País.

Los constituyentes en su afán de crearle camisas de fuerza a toda clase actividades, incursionaron en un tema que aunque está de moda, es notoriamente carente de rigor científico, el ambientalismo. Los artículos 79 y 80 de la Constitución, estipulan lo siguiente:

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

¡Esto fue como abrir una caja de Pandora! La investigación científica en ciencias naturales brilla por su ausencia, en cambio florecieron los trámites burocráticos ambientales, la ciencia de formulario con sus informes de “impacto ambiental” y toda una serie de requisitos absurdos se volvió un obstáculo más para toda clase de proyectos. Gradualmente se crearon una serie de “parques nacionales”, extensos territorios donde nunca se hizo una evaluación de los recursos de suelo y subsuelo, se volvieron tierra de nadie, intocables para las actividades productivas, se tornaron en un paraíso para las actividades delictivas. Adicionalmente se idearon unas corporaciones regionales dedicadas a una actividad policiva absurda, la cual paralizó cualquier clase de estudios de ciencias naturales, ya que dichas entidades asumieron prerrogativas de decomiso de cualquier material vegetal, animal o mineral. Naturalmente todo esto ha desembocado en corrupción desmedida. No hace mucho  se hizo un análisis acerca de las diez entidades gubernamentales más corruptas, en dicha lista aparecieron tres de dichas corporaciones, una de las cuales, la encabezaba. Además de todo esto, el fundamentalismo ambientalista se dedicó a obstaculizar y sabotear toda clase de proyectos de desarrollo, carreteras, puertos, minas, campos petroleros, agroindustrias, fábricas etc. Todo este absurdo, con el beneplácito del Gobierno y la ingerencia abusiva de ONGs foráneas. Para culminar se creó una “Agencia Nacional de Licencias Ambientales”, la cual desde unos lujosos escritorios capitalinos dictamina la viabilidad de cualquier proyecto en el territorio nacional, protegiendo los pantanos léase “humedales”, las selvas húmedas, los litorales, el bosque seco, los “paramos”, los cañones, las laderas, los desiertos, etc. Prácticamente decretando el fin de toda clase iniciativas y el confinamiento de los colombianos en las ciudades. Los planteamientos  ecológicos se han vuelto francamente delirantes.

Para completar el triste cuadro del progreso nacional, cabe agregar una creación de la Constitución de 1991, la tutela, un recurso que pudiera haber sido importante para poner la ley al alcance de los ciudadanos más desamparados, se convirtió en un peligroso juguete de la rabulería criolla.

Ante todo lo expuesto, cabe pensar que le espera a un país estancado, donde solamente hay comunicación terrestre con dos de los cinco países vecinos, donde no hay red ferroviaria, la producción de acero es inferior a la de Trinidad Tobago, la industria se halla en decadencia, la agricultura en crisis, la minería estancada, una red vial en extremo deficiente  y la delincuencia en auge. ¿Seguir produciendo leyes y decretos absurdos? Valdría la pena crear una cátedra espacial en los colegios, acerca de la historia de Bizancio, para que la juventud pueda visualizar su futuro.