Friday, November 25, 2016

Rebellion Civil contra Santos

Tomando del Periodico Debate

Libardo Botero C.                                                    

El gobierno de Juan Manuel Santos es ilegítimo. Hay que proceder en consecuencia.

Para empezar, su segundo mandato, el actual, se gestó a través de un complot criminal contra Óscar Iván Zuluaga, el candidato opositor que lo había vencido en la primera vuelta. Si la cabeza comprobada del complot es un empleado directo del presidente, ya se presume quién fue su artífice: blanco es, gallina lo pone.

Y en el ejercicio de su mandato se ha propuesto atropellar la Constitución y las leyes e imponer su arbitraria voluntad, prohijando y protegiendo a los mayores carniceros de nuestra historia. El conejo que se acaba de protocolizar con la firma del “nuevo” acuerdo con las Farc, y la decisión de “refrendarlo” a través del Congreso, es una burla a las mayorías que se expresaron en contra del mismo pacto el 2 de octubre. Es el último paso de una carrera desenfrenada de desafueros, cuyo responsable y promotor principal es Juan Manuel Santos.

Un gobierno que así atropella y desconoce la mayoritaria voluntad popular, sus compromisos, las directrices inequívocas del máximo órgano jurisdiccional, el ordenamiento legal, es un gobierno que, por ese mismo motivo, no les deja a esas mayorías alternativa distinta a desconocer su legitimidad y la validez de sus actos espurios, y colocarse en actitud de desobediencia civil, o mejor, de rebelión civil, por el rescate de los principios y normas pisoteados.

Todo ello me lleva a formular una serie de razones e interrogantes sobre el camino a seguir ante semejantes trapacerías y la persistencia de tan nefasto mandato, sobre todo ahora que fue sellado por enésima vez el pacto con las Farc, en el acto teatral de ayer.

Uno

Por fuerza de las circunstancias, habrá que echar mano, naturalmente, de todas las herramientas legales disponibles, aún a riesgo de que sean desconocidas por la tiranía santista, como ya es usual. De entrada, proseguir la erguida oposición en el Congreso, enfocada ahora no solo en la absurda “refrendación” allí del acuerdo con las Farc, sino después, contra su “implementación” atropellada y descarada. Probablemente habrá que demandar el acto artificial del Congreso, a fin de demostrar la invalidez e ineficacia jurídica de aprobar una simple “proposición” para imponer una suerte de tratado supraconstitucional; recurrir a la Corte Constitucional para que haga valer los preceptos contenidos en el fallo sobre el “plebiscito para la paz”; e incluso, demandar ante el Consejo de Estado el acuerdo firmado, como sugieren otros.

El ex presidente Uribe habla, entre tanto, de gestar un referendo de origen popular, para preguntar por los puntos álgidos del acuerdo, tal vez sin caer en cuenta que, aún conseguidas las firmas necesarias, debe pasar por el Congreso para ser convocado -talanquera casi imposible de superar-, amén de que exige superar un umbral de más del 25% del censo electoral, difícil de alcanzar en un enfrentamiento contra el gobierno y su coalición, que no participarían y lo combatirían. Así, semejante salida podría convertirse en una batalla desgastadora e infructuosa. Otra sería la cosa si fuera un “referendo derogatorio”, de más fácil desarrollo, pero referido a una ley o acto legislativo que, en este caso, no se producirán.

Enfrentar la entrega con tales herramientas legales, aunque necesario es casi simbólico. Requiere, para no ser estéril, una enérgica y valerosa movilización popular, como lo vienen proponiendo desde el mismo ex presidente Uribe, pasando por los parlamentarios de la bancada del CD, hasta distintos líderes del NO y ciudadanos a través de las redes sociales. Una estrategia podría reforzar la debilidad de la otra, pero su éxito no se percibe fácil.

Dos

La situación ha llegado a un extremo de gravedad, que amerita no simplemente oponerse a los acuerdos fatídicos de La Habana y las tretas para implantarlos. Hay que trascender a esos propósitos y elevar más significativas banderas. No basta simplemente con resistir a las imposiciones del tirano, hay que levantarse contra él.

Hace más de un año, en septiembre de 2015, el conocido abogado y escritor Rafael Nieto Loaiza, luego de conocer el borrador de la JEP acordado en La Habana y el proyecto de “farc-track” presentado por el gobierno, escribió en su columna semanal: “Si semejante monstruo es aprobado, anuncio que me niego a aceptar lo que de ahí salga y me declaro desde ya en resistencia cívica pasiva. ¡Y bienvenida será la cárcel si ello supone defender la verdadera democracia!”. Aunque no el único, ese sería el primer paso de una auténtica rebelión civil: la desobediencia generalizada al acuerdo de impunidad pactado en Cuba.

Muchos colombianos, seguramente, compartimos el llamado a la desobediencia civil de Nieto Loaiza, arrostrando las consecuencias que de ella se deriven. Presumimos que ahora, más de un año después, luego de firmado el “acuerdo del teatro Colón”, cobra mayor vigencia. ¿Se dedicará el país, de ahora en adelante, solamente a buscar la manera de que el batacazo no sea tan demoledor, a través de inocuos debates en un parlamento arrodillado y manipulado por el tirano? Sin dejar de dar la batalla en todos los escenarios, lo que se impone, por respeto a la memoria de las víctimas y por dignidad, es rechazar y desconocer no solo la “refrendación” sino la “implementación” del fatídico acuerdo, a fondo. Desobedecerlo.

Las preguntas en este terreno brotan a raudales. ¿Aceptarán -o aceptaremos- los civiles llamados al tribunal de la JEP, comparecer ante los magistrados designados por los victimarios? ¿Acatarán los militares la jurisdicción urdida por las Farc y se presentarán contritos ante ella? ¿Participará el Centro Democrático en un tal “pacto nacional por la paz” y en los organismos que se convoquen para diseñar la reforma de nuestro sistema electoral? ¿Se someterán los propietarios legítimos de tierras a las diligencias expropiatorias de la nueva “jurisdicción agraria”? ¿Agachará la cabeza el Fiscal y aceptará que las Farc no entreguen su fortuna mal habida y solo proporcionen una lista de sus bienes, o que se nieguen con argucias a devolver los cientos de secuestrados y los miles de niños “reclutados”? ¿Se quedarán calladas las Cortes ante la prevalencia de la JEP en el trámite de tutelas y de las colisiones de competencia? ¿Desistirán las víctimas de acudir a una verdadera justicia, llevando el caso ante la Corte Penal Internacional, por negarse Colombia a condenar a penas efectivas de cárcel a los autores de crímenes de lesa humanidad? ¿Le dará vía libre la Corte Constitucional a la incorporación automática del acuerdo de La Habana a la Carta, y su conversión en fuente obligada de interpretación de las normas constitucionales y legales? ¿Se comprometerán los candidatos presidenciales a cumplir los acuerdos espurios, o anunciarán su derogación? ¿Nos decidimos todos a desacatar el engendro?

Y tres

Aun así, tampoco es suficiente. El déspota que nos gobierna seguirá en el poder, maniobrando y conspirando para sacar avante sus pérfidos propósitos. Lo que necesita Colombia va más allá. Lo que el país no soporta es que Santos siga a la cabeza del Estado. Su remoción de la primera magistratura es la necesidad más apremiante del país. Desobedecer, sí. Resistir, también. Pero, sobre todo, rebelarse y buscar con ahínco la caída del presidente. ¡No más Santos!, debe ser el grito de combate de la rebelión civil que demanda la hora.

Más que enfrentar, pasiva o activamente, los efectos del problema, hay que ir a sus causas. Definitivamente el asunto no es solo el acuerdo de paz, ni su “refrendación” tramposa por un Congreso inhabilitado legal y políticamente para hacerlo. Centrar los esfuerzos en revocar el Congreso, como algunos dirigentes del CD proponen, desvía la atención sobre el verdadero origen de la tragedia.

Hace ya un buen tiempo que las grandes mayorías han calado que la talanquera principal es el mismo presidente de la república, Juan Manuel Santos. Su mandato es fraudulento por su origen y desastroso por sus ejecutorias. Santos tiene un alma perversa, es un cínico total, un manipulador, un traidor de siete suelas, un ególatra consumado, un mentiroso compulsivo, un perseguidor sin entrañas, un vanidoso impenitente, en fin, una ruindad como persona, que utiliza el poder para satisfacer sus peores instintos.

Todas las baterías deberían enfocarse en lograr su salida del poder. El primer paso es presentar una contundente solicitud de investigación penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por el complot criminal para alzarse con la presidencia en las últimas elecciones. Aunque ese organismo está razonablemente desprestigiado y sus mayorías sean oficialistas, hay que dejar la constancia histórica, sobre todo ahora en vísperas de la entrega del Nobel de Paz al acusado. Pero Santos no solo debe ser acusado penalmente por los delitos asociados al complot de 2014 contra Óscar Iván Zuluaga y su campaña, que deberá tramitar posteriormente la Corte Suprema de Justicia. El Senado puede, como lo establece el artículo 175 de la Carta Política, en razón de “indignidad por mala conducta” en el ejercicio del cargo, juzgarlo e imponerle “la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos”. ¿Desconocer la decisión de un plebiscito, que lo obligaba directamente a él, no es suficiente razón para juzgarlo?

En lugar de una evasiva y anodina campaña de revocatoria del Congreso (revocatoria que no existe en nuestra Constitución), la oposición democrática debiera empeñarse en un juicio político al “máximo responsable” de tamañas violaciones a las reglas democráticas que juró cumplir. Acompañada, sobre todo, de una intensa y persistente movilización en las calles, centrada en pedir la inmediata renuncia del presidente ilegítimo.

Si no se corona ese propósito pronto, de todos modos, quedará pavimentado el camino para que las fuerzas que resistimos el embate farc-santista, logremos cuajar una consistente y amplia alianza para las elecciones de 2018 y demos al traste con la encerrona en marcha. Salvo que, para detener a las mayorías, se recurra, como lo pidió ayer Timochenko, a fraguar la imposición arbitraria de un “gobierno de transición” hacia la dictadura narco-terrorista. En cuyo caso, pensamos, abortadas las vías institucionales, se arrojaría al país la infierno de las salidas extra-institucionales.

Colombia: acuerdo ilegítimo, falsa paz

Tomando de Actuall

El acuerdo firmado este jueves en Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, es apenas un retoque de la versión rechazada por la mayoría de colombianos en el referéndum del pasado 2 de octubre, según denunciaron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. [BBC, El País, Panam Post, en inglés y en español]

Esta pieza de Beatriz de la Rosa para Actuall cuenta lo esencial del evento celebrado este jueves en el teatro Colón, a la carrera, sin invitados de postín y casi en penumbra. [Actuall]

Aun así, el Gobierno da por cerrado el proceso y espera despacharlo la próxima semana con una votación en el Congreso, donde cuenta con mayoría, y no en un nuevo referéndum, como le exige la oposición. [Financial Times, en inglés]

Un Congreso –como recordó este jueves el exprocurador general Alejandro Ordóñez– desautorizado por el triunfo del “no” en el referéndum y que, a su juicio, tendría que haberse disuelto para dar paso a unas nuevas elecciones legislativas. Twitter de Alejandro Ordóñez]

Puede que el presidente Santos consiga así su objetivo de llegar a Oslo el próximo 10 de diciembre a recoger el Nobel de la Paz con un acuerdo en las manos. Pero, es un acuerdo que nace con un serio déficit de legitimidad y cierra en falso una trayectoria de cincuenta años terrorismo de inspiración marxista y crímenes contra la humanidad que ha dejado entre 220.000 y 260.000 muertos. 

El presidente Santos podrá tapar con este apaño los escándalos por el espionaje a rivales políticos y el descontento popular por la drástica subida de impuestos contra el agujero fiscal generado por su Gobierno. Tendrá el Nobel, pero los colombianos no tendrán una paz verdadera, con justicia para las víctimas. 

Saltarse el referéndum es un mal precedente para las democracias occidentales. El sistema representativo pasa por una profunda crisis de reputación, y lo último que necesita es políticos y terroristas juntos, cerrando un acuerdo de espaldas al pueblo

Tuesday, November 22, 2016

LA HORA DE LAS DEFINICIONES

Excelente escrito de Rafael Loaiza

Ya sabemos que toda la campaña por el Si estaba montada sobre falsedades. Y no me refiero a las de la propaganda del Gobierno, en realidad una vulgar campaña por el Sí, sino a los pilares sobre los que construyeron sus posiciones tanto el Gobierno, los negociadores y las Farc como los parlamentarios, analistas y columnistas afines a ellos.

 

La primera, el Presidente y De la Calle sostuvieron que el llamado “Acuerdo Final” era el único posible. Estaba lejos de ser verdad: han anunciado otro.

 

Segunda, que el citado “Acuerdo” era el “mejor posible”. Ahora Santos, en un inusual gesto, dijo que “con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo”. Es decir, el “Acuerdo” no solo no era el único posible sino que era perfectible. Fue más allá. Dijo que los voceros y promotores del No con “sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo”.

 

Es inevitable preguntarse por qué Santos y los negociadores no solo no aceptaron reunirse antes del plebiscito con los opositores al “Acuerdo”, sino que los insultaron acusándolos de ser “vacas muertas, tiburones, neofascistas” y otras linduras. Nunca es tarde para corregir, pero...

 

Tercera, los defensores públicos del Sí advirtieron que si no se aceptaba el “Acuerdo Final” volveríamos a “la guerra”. Santos incluso amenazó, en una grosera estrategia de miedo, con que las Farc se tomarían las ciudades. Hoy resulta obvio que tal cosa no ocurrió.

 

Finalmente también era mentira que quienes teníamos críticas al “Acuerdo” fuéramos “enemigos de la paz” y “amigos de la guerra”. Desde el dos de octubre se asumió el triunfo con humildad y con el compromiso público de proponer de manera rápida las mejores opciones para un nuevo pacto con las Farc. Y no se ha parado desde entonces en esa tarea. En menos de diez días se le presentaron al Gobierno de manera formal las críticas al “Acuerdo”. Y cuando los negociadores nos invitaron, se celebraron intensas rondas de trabajo, de sábado a viernes, y se concluyó con la entrega de un documento de propuestas y opciones para un nuevo acuerdo. Y ni por un instante se ha cejado en el empeño de alcanzar un gran acuerdo nacional para la paz que incluya a todos, entre ellos a las víctimas de las Farc y a la Rama Judicial, a quienes el Gobierno y la guerrilla tampoco oyeron durante las negociaciones iniciales. Esa actitud proactiva y de buena fe fue reconocida por Santos cuando quiso “agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del No”.

 

Advertimos que el triunfo del No era la oportunidad histórica para salir de la polarización política y social a la que nos condujo la estrategia de estigmatización que Santos ha desarrollado desde la campaña del 14. Lo aceptó el mismo presidente cuando afirmó que ese triunfo “teníamos que convertirlo en una gran oportunidad para unirnos alrededor del deseo de paz expresado por todos, independientemente de si votamos Sí o No ese día”.

 

Sin embargo, las palabras de Santos van en contravía de sus acciones. Primero intentó de todas las maneras posibles dividir el frente del No, sin éxito. Y ahora en lugar de volver de La Habana con un nuevo borrador, como era su compromiso, el Gobierno ha anunciado un “acuerdo final y definitivo”. Comete otra vez el mismo error. Aunque esta vez es peor, porque no solo margina a los voceros y promotores del No y a los representantes de las víctimas de las Farc, así como a la Rama Judicial, sino que va en abierta oposición de la mayoría expresada en las urnas. Es un portazo en las narices al No, es verdad, pero sobre todo es una burla a la democracia, al resultado del plebiscito.

 

Hay un atisbo de esperanza. El lunes habrá reunión en Palacio. Ahí hemos de saber si veremos de cuerpo entero el conejo cuyas orejas ya se asoman.


NOTA DEL EDITOR DE LA CARAMBOLA, Lunes 22 de Noviembre:  El conejo es de RAZA GIGANTE

Sunday, November 20, 2016

PERSEGUIR

El ánimo persecutorio, ha sido frecuente en la historia de la humanidad. Por motivos religiosos, políticos, raciales, etc., las cacerías humanas han sido una tradición execrable en la Historia.

En este sentido, en Colombia hubo históricamente episodios persecutorios, pero en los últimos años, esto ha tomado dimensiones verdaderamente preocupantes. Una de las formas inquisitoriales más aberrantes y odiosas es la persecución judicial a los opositores al régimen de turno. Se inventan cargos, acompañados de una comparsa de testigos falsos y con esto tienen a la víctima no solamente empapelada, sino encarcelada. Así se han multiplicado los presos políticos en Colombia, años de reclusión sin realizar un juicio. Aquí no existe el Habeas Corpus.

Otra forma inquisitorial que está tomando vuelo en Colombia es la persecución económica, empresas no afectas al Gobierno, o que no se han plegado a financiar espectáculos políticos, son acusadas de cartelización u otras presuntas irregularidades y con una base probatoria endeble o inexistente, se encuentran castigadas con multas ruinosas, esto se ha presentado recientemente con industrias tales como la azucarera y la papelera. Otras están amenazadas de sobrecargas tributarias por, presuntamente, afectar la salud pública, tales como las empresas de bebidas gaseosas. Con esta clase de criterios no tardan en gravar ruinosamente a industrias tales como la panificadora porque el pan contiene gluten, o las fábricas de aceites porque sus productos generan obesidad. Todas estas patrañas, van hacia un único objetivo, asustar y domesticar a la oposición política y aún a la gran franja indiferente de la industria y la población. Esto ya ha sido ensayado en Venezuela, con los resultados conocidos.

Una forma insidiosa de persecución ha sido la prensa hablada y escrita, se le hacen sindicaciones a alguien, se le sataniza, se le ridiculiza y todo esto no trae consecuencias legales. Más aún, los medios de comunicación se han dedicado a ser los voceros de un ambientalismo fanático, el cual acusa y condena, generalmente basado en conceptos absolutamente errados, con esto desencadenan persecuciones a actividades tales como la minería, las curtiembres, la actividad petrolera, la cerámica de los chircales, la explotación de materiales de construcción, las obras civiles y mil aspectos más. Basta mencionar dos episodios muy recientes, el proyecto de erradicar las industrias del cuero del barrio San Benito de Bogotá, de las cuales dependen miles de familias y el proyecto de erradicar los restaurantes y otras actividades comerciales del cerro de Monserrate, sin tomar en cuenta cuantas familias viven de eso.

Recientemente ha habido episodios de persecuciones mezquinas a exiliados políticos de las dictaduras vecinas, ese generoso derecho de asilo de otras épocas, pasó a la historia.

Entre funcionarios del Gobierno, frecuentemente se presentan expresiones delirantes de proyectos inquisitoriales como el de alguna Ministra del Medio Ambiente que propuso erradicar la presencia humana por encima de 2.900 metros sobre el nivel del mar.  Probablemente ignoraba que la civilización Inca se desarrolló por encima de esa cota topográfica.

Además se han popularizado las persecuciones al menudeo, se estigmatiza a los fumadores, a los dueños de automóvil, a los vendedores ambulantes, a los que no crean en el calentamiento global, a los que colecten plantas silvestres, a los que coleccionen conchas marinas, a quienes tomen muestras de minerales o rocas. 

Cortar un árbol es un delito, lo mismo que desviar un arroyo. Los leñadores y madereros están proscritos, lo mismo que los pequeños mineros. Últimamente hay que cuidarse de no producir contaminación visual (parece que se volvió delito ser feo).

A los únicos que no persiguen los émulos de Savonarola en Colombia es a los extorsionistas y secuestradores, con ellos se negocia!  

Jaime Galvis V.

Monday, November 07, 2016

Democracia Sometida - Entrevista a Alvaro Uribe Vélez

El ex presidente de Colombia y actual senador por el Centro Democrático es el gran artífice de la sorprendente victoria del 'No' en el plebiscito por la paz
Un mes después de su victoria, concede en Bogotá su primera entrevista
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO 
Bogotá (Colombia)
06/11/2016 03:07

El pasado 2 de octubre, Álvaro Uribe sorprendió al mundo y probablemente también a sí mismo. Contra todo el poder y todos los pronósticos, cuando hasta sus amigos lo tenían por un loco o por un muerto político, logró que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz patrocinado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El 'No' obtuvo el 50,2% de los votos en un plebiscito que se diseñó para ser ganado. Y Colombia se paralizó. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo evolucionan la guerra y la paz? ¿Y qué revela su victoria sobre la relación entre los ideales y la realidad, la razón y las emociones, las élites y la ciudadanía? El lunes aterricé en una borrascosa Bogotá para hacerle a Uribe estas y otras preguntas.Inmerso en las delicadas negociaciones para un nuevo acuerdo, con el Nobel Santos advirtiendo sobre la cicatera paciencia de las FARC, el ex presidente sacó tiempo para dos largas conversaciones en el patio de un pequeño hotel junto a la desolada plaza Bolívar. Contra un fondo de orquídeas -símbolo nacional colombiano- Uribe se reveló una rarísima avis, híbrido de nueva política y convicciones democráticas, de tácticas líquidas y principios sólidos, de Twitter y verdad. Y Fénix. Mañana estará en España y aquí está hoy su palabra.


¿Qué es la paz?
...Santa Teresa decía que la paz es la tranquilidad del orden.
Cierto. Puede haber paz sin democracia. Por eso es un error contraponer la paz al terrorismo. ¿No cree?
En mi etapa como presidente, yo hablé siempre de una política de seguridad con valores democráticos. Me preguntaban: ¿Y la paz? Y yo decía: la seguridad es el camino a la paz.
Si usted acepta la necesidad de la paz, acepta la existencia de una guerra. Es decir, de un conflicto entre dos fuerzas igualmente legítimas. Como en España contra ETA, ¿no es mejor reivindicar la democracia o directamente exigir libertad?
Yo nunca he aceptado para Colombia los conceptos "conflicto" o "guerra". Esas palabras ganaron fuerza en América Latina para referirse a la lucha de insurgencias civiles armadas, sin narcotráfico, contra dictaduras militares. Colombia es una democracia, en permanente perfeccionamiento. Las FARC empezaron como una guerrilla marxista-leninista y han acabado en el narcotráfico. Hoy son el mayor cártel de cocaína del mundo. Fueron protegidas por Chávez en Venezuela. Y ahora, con el acuerdo firmado con el señor Santos, pretenden imponer ese mismo modelo marxista-leninista en Colombia. Es decir, convertir Colombia en una segunda Venezuela.
Si esos acuerdos son tan dañinos, ¿por qué los ha firmado el presidente Santos? No parece un revolucionario. Fue su amigo, su ministro, su sucesor.
No lo sé. A mí me dicen: Santos no es Castro ni Chávez. Y yo lo acepto. Pero a mí no me interesan las motivaciones personales, sino los hechos. Yo no puedo leer la mente de Santos, pero sí puedo leer los textos que firmó en La Habana. Y esos textos son una grave amenaza para la democracia y la economía colombianas.
¿Cómo se acaba una guerra?
En Europa piensan que Colombia ha pasado de la guerra de Uribe a la paz de Santos. Eso es falso. Durante mi mandato, Colombia ganó inmensamente en seguridad. Si quiere, en paz. No buscamos la aniquilación de los grupos guerrilleros, sino su desarticulación. El acuerdo de Santos con las FARC, en cambio, genera impunidad, fortalece un modelo marxista-leninista y no combate el narcotráfico. Llamaron paz a la democracia sometida.
Un Estado democrático ¿puede negociar con una organización terrorista?
Yo nunca he negado la posibilidad de negociar. En su día me reprochaban: usted los llama terroristas pero luego negocia con ellos. Yo respondía: es un proceso de desarticulación del terrorismo; se negocia con unas condiciones inamovibles, que no generan daño a la democracia. En mi gobierno se logró un sometimiento atípico del terrorismo a la justicia.
¿Atípico?
Se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Los rasos no fueron a la cárcel. Los cabecillas sí, en períodos de cinco a ocho años. No se les concedió elegibilidad política y no se negoció con ellos la agenda nacional. Fue una desmovilización con beneficios judiciales de acuerdo con la ley colombiana.
¿El Estado de Derecho no cedió?
Se hizo una ley para regular el proceso. Pero todo de acuerdo con la Constitución y la legislación ordinaria.
¿Los desmovilizados fueron juzgados por tribunales ordinarios?
Ahí siguen todavía. Por eso hablo de un sometimiento atípico a la justicia, con generosidad pero sin impunidad. Y sin riesgos para nuestra democracia. No como ahora.
Usted rechaza que el acuerdo con las FARC se eleve al bloque de constitucionalidad. ¿Qué propone?
Yo no puedo aceptar que el Gobierno y el cártel de cocaína más grande del mundo reformen juntos la Constitución colombiana. En muchos apartados, incluso la sustituyen. Imagínese lo mismo en España con ETA. Ahora estamos conversando con el Gobierno para buscar alternativas. Los portavoces del 'No' hemos propuesto que se apruebe una ley marco, que se podría desarrollar de lo general a lo específico y modificar por mayorías parlamentarias.
Pero eso no asegura el acuerdo, que es objetivo del señor Santos.
Se podría fijar un periodo de no modificación de la ley.
Si las FARC se desarticulan, ¿se acaba el terrorismo en Colombia?
Por supuesto que no. Las FARC son el cártel de coca más grande del mundo. Y la droga genera terrorismo. Hace 15 años, se decía que Colombia era un Estado fallido porque tenía 170.000 hectáreas de coca. Ahora tiene 200.000. Además, están los disidentes de las FARC, el ELN... Hay más de 3.500 bandas criminales. La clave es la impunidad: si las FARC obtienen un premio, otros verán en el terrorismo y el narcotráfico un incentivo.
El fin de la violencia plantea nuevos desafíos políticos y pedagógicos. En España, por ejemplo, ya no hay terrorismo pero el proyecto de ETA sigue vivo y en marcha. ¿Aquí puede suceder algo parecido?
Asumamos que las FARC abandonan incluso el narcotráfico. Concedamos el beneficio de la duda a sus 5.650 guerrilleros y a los demás grupos criminales. Imaginemos, ahora, que estas FARC post-terroristas entran en política. Los colombianos tendríamos un grave reto por delante: combatir el modelo marxista-leninista que los textos de La Habana prescriben para Colombia bajo el insólito amparo de un Gobierno democrático.
Vamos al contenido de los textos. ¿Usted rechaza cualquier concesión a las FARC?
No. Nosotros aceptamos que hay que proteger a las FARC.
¿Proteger?
Sí, proteger su vida. Lo que no aceptamos es que, para ello, se constituya una unidad al estilo de la policía política cubana. Con capacidad para controlar a funcionarios, empresas privadas de vigilancia... ¿Pero qué lógica tiene? El Estado y las FARC, como si fueran homologables, trabajando codo con codo contra los presuntos sucesores del paramilitarismo.
¿La Justicia puede ser "transicional"? Es decir, ¿el Estado de Derecho puede ponerse en paréntesis para acabar con el terrorismo?
Nosotros hemos aceptado que haya una Justicia transicional sin impunidad total. Queremos que de esto se ocupe la justicia ordinaria o una justicia suficientemente articulada con ella.
¿Qué significa "suficientemente articulada"? O hay un tribunal especial o no lo hay. O actúa la justicia ordinaria o la que actúa es especial.
Bueno, puede haber una sala de justicia transicional en la justicia ordinaria. O puede haber un tribunal especial orgánicamente integrado con la justicia ordinaria.
¿Compuesto por quiénes? ¿Escogidos por qué autoridad y cómo? ¿Sólo colombianos?
Se ha propuesto que sean magistrados colombianos y que tengan los mismos requisitos que los magistrados de nuestros tribunales ordinarios.
¿Y esto no es un cambio respecto a su postura en la campaña?
Nosotros aceptamos esto para corregir la impunidad total de las FARC que contemplan los textos de La Habana.
Es decir, aceptan el principio de excepcionalidad.
Para eliminar el peligro de impunidad absoluta.
¿Por qué absoluta?
Porque, según los acuerdos, una serie de delitos graves como el narcotráfico son conexos, están vinculados, con el delito político. Y los delitos políticos son amnistiables.
Deme un ejemplo.
A un jefe de las FARC le bastaría con reconocer que estuvo implicado en el narcotráfico para financiar la revolución. Y ya. Delito político. No iría a la cárcel. Y tendría pleno derecho de elegibilidad política.
¿Y qué ocurre con otros delitos como el asesinato o el secuestro?
Las FARC han secuestrado a más de 11.700 niños. Han violado a más de 6.800 mujeres. El acuerdo pactado por Santos dice que basta con reconocer el delito para no entrar en la cárcel. Libertad de movimiento, sí. Prisión, no. Esto es inaceptable desde el punto de vista de la legislación colombiana, de la internacional y del más elemental sentido de la proporcionalidad.
¿Qué alternativa propone?
Proponemos que el narcotráfico no sea un delito político. Entre otras cosas, porque es la causa de todas las tragedias colombianas. Y proponemos que para el resto de delitos graves las penas sean adecuadas y proporcionales.
¿Distintas a las que figuran en el ordenamiento actual?
Las del ordenamiento normal reducidas.
¿Reducidas?
Siempre y cuando haya verdad y reparación.
O sea que usted aceptaría para los miembros de las FARC penas reducidas y menores que las impuestas a los presos comunes.
Por supuesto.
Me sorprende.
El Gobierno y las FARC quieren evitar a toda costa que los miembros de las FARC pisen la cárcel. En estos instantes se está examinando el tema. Yo he interrumpido la reunión con los representantes del Gobierno para venir a contestarle a usted... Tiene que entender que es un momento difícil. Delicado. Lo único que tengo claro es por qué nos opusimos, por qué dijimos No. Ahora estamos en la mesa de negociaciones decidiendo hasta dónde llegamos.
¿No sabe aún cuáles son sus límites?
No sabemos cómo acabarán las negociaciones.
Ciertamente, es más fácil saber por qué uno no quiere una cosa que precisar lo que uno sí quiere o estaría dispuesto a aceptar.
La impunidad genera una gran vulnerabilidad jurídica. Mire la ley de amnistía de El Salvador de 1993. Todo el mundo la aplaudió. Y ahora la Corte Suprema la ha declarado inconstitucional. La historia de Colombia ha demostrado que de amnistía total en amnistía total no se va a ninguna parte. La amnistía alimenta el terrorismo. La impunidad es la partera de nuevas violencias.
Sí, lo entiendo y lo comparto. Pero insisto. Ha ganado el 'No'. Y usted tiene ahora la posibilidad y la responsabilidad de negociar. ¿Hasta dónde va a llegar? No pretendo que me dé los detalles. Me refiero casi en términos morales.
Es un momento tan difícil... Tenemos buena voluntad... Hasta dónde estamos dispuestos a llegar... Por favor, que los acuerdos no pongan en riesgo la democracia. Por favor, que tengan un grado de justicia. Por favor, que se limite la elegibilidad política.
Eso es el 'No'. ¿Cuál es su 'Sí'?
Usted me pide precisiones que no puedo darle.
No le pido precisiones. Quiero entender su posición.
Yo he sido partidario de que los responsables de delitos atroces no puedan ser electos. Se está examinando la alternativa de que, una vez cumplidas sus condenas, sí puedan serlo. Ese tema está en discusión.
¿Y usted eso lo apoya?
Yo creo que la democracia ya da oportunidades a las personas. Y por tanto que los responsables de delitos atroces no deben tener el derecho a ser electos.
¿Nunca?
Nunca. Ni cumplida la condena. Es una norma sabia, introducida en muchas legislaciones. Por cierto, España es una de las excepciones. Y aquí... pues mis compañeros del 'No' están buscando alternativas... Porque el Gobierno está negociando con nosotros, pero no sabemos al final qué hará con las FARC.
¿A qué se refiere?
Me refiero a si al final van a incorporar o no nuestras modificaciones.
El señor Santos ha dicho en Londres que espera que usted se suba al carro de un nuevo acuerdo, pero que si no lo hace será usted el que se quede aislado porque él seguirá adelante en busca de la paz.
Él vive en eso. No acepta debates aquí. Y llega a Europa y lanza este tipo de amenazas. Yo prefiero no responderle porque lo importante es pactar reformas en defensa de la democracia colombiana. Pero sí percibo una diferencia notable entre el presidente amenazante, el soberbio a 8.000 kilómetros de distancia, y el equipo negociador del Gobierno, trabajando aquí con nosotros, con buena disposición.
Quiero pedirle otra reflexión sobre la eligibilidad política de los terroristas. En España una persona acusada pero no condenada, a veces ni siquiera juzgada, por corrupción queda socialmente proscrita de la política. En cambio un terrorista convicto -Arnaldo Otegi, por ejemplo- recibe todo tipo de apoyos políticos y mediáticos para volver a las instituciones. En Colombia, incluso se contempla que terroristas hagan política sin cumplir un día de condena. ¿Por qué?
Porque todavía queda el rescoldo de aquella doctrina que trataba de manera benigna, incluso exaltaba, la acción criminal si tenía argumentos políticos. En Colombia, bajo mi gobierno, aprobamos la muerte política de los responsables de actos de corrupción contra el Estado.
Pero incluso personas que votaron 'No' aceptan que terroristas se dediquen a la política.
Por eso es tan importante no legitimar el terrorismo. Lamentablemente, esto no va a quedar bien del todo. Lo que el Gobierno ha pactado en La Habana es tan grave que nuestras reformas no bastarán para decir claramente: el terrorismo no sale a cuenta. No lograremos eliminar del todo ese dañino premio al terrorismo. Somos conscientes de que la situación del país exigirá hacer concesiones, aceptar cosas que nos disgustan profundamente.
¿Está diciendo que el proceso ha causado un daño objetivo y en algunos aspectos irreparable?
En algunos aspectos, sí. Si Santos hubiera seguido las políticas de seguridad de nuestro Gobierno, si hubiera cumplido lo que prometió, Colombia habría ganado la paz sin legitimación del terrorismo. Porque los 5.650 guerrilleros que le quedan a las FARC ya se habrían desmovilizado. Los cabecillas estarían refugiados en La Habana o en Caracas, pero ya no tendrían capacidad criminal aquí. Y este país, que vio que era posible acabar con el narcotráfico, ya prácticamente lo habría eliminado. El presidente Santos abandonó el camino de la paz democrática y se deslizó por la pendiente de la justificación y el premio al terrorismo en nombre de la paz. Y eso lo vamos a pagar todos los colombianos.
¿Tiene valor la petición de perdón de 'Timochenko'?
No fue un perdón del fondo del corazón, sino electoral y sin arrepentimiento. Otro cabecilla de las FARC, Romaña, que dirigía los secuestros en Bogotá, reconoció el dolor causado a las víctimas pero dijo que había sido inevitable. Un perdón con justificación del crimen no es un perdón y es peligroso. En las FARC no existe el arrepentimiento sincero porque está vigente el proyecto marxista-leninista que motivó sus crímenes.
Imagine que las víctimas de las FARC, en bloque, aceptasen el perdón. ¿Por qué habría de afectar eso a la posición de un Estado democrático?
La Corte Penal Internacional ha dicho que el perdón, la reparación y la verdad pueden servir para reducir la pena pero no para eliminarla. Que el perdón sincero ayude a sanar heridas es correcto. Pero nada debe servir para anular el Estado democrático.
¿Quién determina que el perdón es sincero?
Aquí hay una señal exterior. El perdón de las FARC no es sincero porque lo pidieron para ganar el plebiscito. La otra señal es que, hasta hoy, no han mostrado arrepentimiento y han justificado políticamente sus crímenes.
¿Y qué efectos jurídicos debe tener el perdón sincero?
Debe procurar beneficios pero no la impunidad total.
Impunidad total en ningún caso. ¿Pero qué beneficios?
El perdón con el arrepentimiento, la verdad y la reparación puede servir para reducir la pena de reclusión pero no para eliminarla.
¿Y las víctimas han recibido reparación?
No. Y esa es otra de nuestras objeciones al acuerdo. Las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Y el Gobierno no le ha exigido el dinero para reparar a las víctimas.
También tiene objeciones económicas al acuerdo. ¿La paz no genera estabilidad y la estabilidad, prosperidad?
Santos vendió la ilusión de la paz ocultando los riesgos del acuerdo para la economía. Incluso jugó con las expectativas de los colombianos al decir que esta paz generaría prosperidad, cuando es al revés.
¿Por qué al revés?
El Gobierno se comprometió con las FARC a un gasto público adicional del 1,2% del PIB anual. En paralelo, aceptó condiciones que hipotecan la economía. Que implican subidas de impuestos. Que imponen nuevos criterios de expropiación. Que desincentivan la inversión privada. Que abonan el terreno para una grave crisis social. Y por tanto que allanan el camino al poder a una fuerza revolucionaria. Es decir, a las propias FARC.
Hace poco pude entrevistar al ex presidente francés Nicolás Sarkozy. Me comentó que lamentaba la derrota del 'Sí' en el plebiscito colombiano.
Lo veo mal informado. Si hubiera leído con detalle lo que está pasando aquí seguramente no habría dicho eso o se habría quedado callado.
En el principal mitin de campaña del señor Sarkozy intervino Ingrid Betancourt con un discurso muy impactante. Entre otras cosas, dijo que le debe a Sarkozy su vida y su libertad.
Eso es puro discurso de campaña. Es verdad que Nicolás Sarkozy se preocupó por Ingrid. Como Chirac. Y como el conjunto de la comunidad internacional. Pero no tuvo ninguna participación en el duro y largo esfuerzo de mi Gobierno para liberarla.
¿Qué le pareció la presencia del Rey emérito de España en la ceremonia de Cartagena por el 'Sí'?
El error fue generalizado. Estados Unidos. La ONU. Europa. Sudamérica. Todos. Las democracias hacen bien en querer la paz, pero hacen mal en apoyar la mutación de otra democracia en un narcoestado. La comunidad internacional respaldó el pacto con las FARC sin estudiarlo. Ahora puede enmendar su error.
¿Cómo?
Pronunciándose. Así como unos y otros pidieron a los colombianos que votaran por el 'Sí' en apoyo de Santos y las FARC, ahora deberían reclamar una reforma drástica de los acuerdos en defensa de Colombia y su democracia.
¿Qué pronunciamientos ha habido en esa línea?
Públicos, ninguno.
¿Y privados?
...Algunos gobiernos.
Mejor esperar sentado...
Como decía mi madre: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Superamos todos los obstáculos en defensa del 'No'. Intentaremos hacer lo mismo en defensa de las reformas.
¿A qué atribuye la ausencia de apoyos públicos?
La comunidad internacional ha cometido muchos errores. Abandonó al pueblo cubano, sometido a seis décadas de dictadura. Durante años no dijo nada de la represión a la oposición venezolana.
¿Y España? Debería ser la voz de Iberoamérica. Ha sufrido duramente el terrorismo. Sin embargo, aceptó la eliminación de las FARC de la lista de organizaciones terroristas de la UE. Incluso se valoró la posibilidad de que el propio Rey Felipe acudiera a Cartagena.
Sobre Cartagena, habría que preguntar a los que asistieron... Es evidente que algunos aceptan para otros lo que jamás aceptarían para sí mismos. Lo dije en España: ¿por qué pretenden que nosotros demos a las FARC la impunidad que ustedes nunca darían a ETA? Me criticaron duramente por decirlo. Pero el efecto se ha producido: ETA ha exigido a España el mismo trato que Santos pretendía otorgar a las FARC. El mal ejemplo cunde. No hay fronteras morales. La condescendencia con el terrorismo en un lugar del mapa refuerza al terrorismo en todo el mapa.
En España, el apoyo político al 'Sí' fue unánime.
Lo sé. Y me gustaría destacar la actitud del ex presidente Aznar, que tuvo el valor democrático de no apoyar el proyecto de impunidad en Colombia. Y le ruego que incluya esta expresión de gratitud.
Mario Vargas Llosa siempre ha denunciado el doble rasero moral de los europeos que aceptan para América Latina lo que jamás aceptarían para sus países. Pero también apoyó el 'Sí'.
La posición de Mario me produjo gran tristeza porque lo respetamos como una voz superior de la democracia.
¿Y qué le pareció el respaldo al 'Sí' del Papa?
Lo anunció la víspera del plebiscito. Yo estaba en Cartagena. Todos los periodistas querían saber mi opinión. Yo estaba sorprendido. No sabía cómo reaccionar. Y eludí responder. Al día siguiente, antes de votar, fue lo primero que me preguntaron. Contesté: Bueno, aquí tenemos que ir a misa y rezarle a la Santísima Virgen.
Pues el Papa acaba de decir que espera un acuerdo pronto. ¿Se dispone a seguir rezando?
Ya que el Santo Padre se implicó en el proceso cuando habría sido mejor que no lo hiciera, ahora debería ayudar a que los acuerdos sean compatibles con la justicia y el progreso de los colombianos.
¿La alta abstención en el plebiscito, del 62%, resta legitimidad al 'No'?
La participación fue similar a la de muchos procesos electorales en Colombia.
¿Qué revela la victoria del 'No' sobre el poder real de las élites: el Gobierno, los medios de comunicación, los poderes fácticos?
El 'No' fue un voto en defensa de la democracia. El 'Sí' recogía un sentimiento de ilusión por la paz. Al final, influyó más la pedagogía de las razones del 'No' que la campaña de sentimientos del 'Sí'.
En estos tiempos, la razón no suele triunfar sobre los sentimientos...
¿En España nadie pensó que podía ganar el 'No'?
No. Como en el Reino Unido casi nadie vaticinó la victoria del 'Brexit'. Hay una tendencia. Reino Unido, Hungría, Colombia... Gobiernos convocan referendos que pierden de forma inesperada. ¿Por qué? Usted debe saberlo. Es el principal artífice de una de esas derrotas.
Hicimos una campaña en absoluta desventaja frente al 'Sí'. El Gobierno bajó el umbral mínimo de participación al 13%. Una sola pregunta ocultaba un complejo acuerdo de 297 páginas. Y esa preguntaba se redactó para favorecer una respuesta positiva. Por cada 100 cuñas publicitarias a favor el 'Sí', hubo 11 a favor del 'No'.
Usted ha dicho que solo contó con un medio: Twitter.
Bueno, también Facebook... Y al final logramos que algunos medios nos permitieran hablar.
Pero eso es muy significativo. A pesar del Gobierno, de casi todos los medios, de una impresionante campaña internacional, la paz como bandera... ¿Que no haya ganado el 'Sí'? ¿Qué ocurrió?
Abusaron.
El poder siempre ha abusado.
El abuso fatiga, Cayetana.
No me parece explicación suficiente.
No sabría decirle. Nosotros hicimos un gran esfuerzo argumental, que poco a poco fue desvelando un engaño.
¿Es usted un populista?
Nuestro Gobierno redujo la criminalidad...
Hablamos del presente. A usted le acusan de comportarse como un populista durante la campaña del plebiscito. Dicen que se aprovechó del dolor de un pueblo golpeado por décadas de terrorismo.
No es populismo defender la justicia en un Estado de Derecho. No es populismo defender la competitividad de la economía y la importancia del sector privado. No es populismo oponerse a que el narcotráfico sea considerado delito político y salga gratis.
El gerente de su campaña dijo en una entrevista que ustedes aprovecharon estratégicamente la indignación.
Lo que hicimos fue explicar y desarrollar nuestros argumentos. Nuestras razones. Nuestras objeciones. Cuando empecé la campaña por el 'No', mucha gente me advertía: "Uribe, van a acabar definitivamente contigo; si gana el 'Sí', es el final de tu carrera política". Y yo les decía: "Tengo 64 años, he vivido 128. He sobrevivido a 18 atentados. Tengo este pelo irreversiblemente blanco. Como dicen aquí, en esta América tropical: plátano maduro no vuelve a verde. No se preocupen por mí". Si hubiéramos actuado por cálculo, no habríamos emprendido esta campaña.
¿Se puede argumentar por Twitter?
Claro. Se puede argumentar muchísimo. Las Cortes, la Fiscalía, el propio Gobierno... todos admiten ahora que los acuerdos necesitan reformas. Es la prueba de que nuestro 'No' tenía fundamento. Era razonado. No era populismo. Reflejaba la verdad.
El presidente Santos le ha lanzado una advertencia: "O pactamos antes de Navidad o la esperanza se acabará". ¿Es así?
Mientras la ONU ha demostrado su voluntad de permanecer en Colombia el tiempo necesario, Santos pretende crear terror con los plazos. Que quede claro: nosotros no estamos dilatando el proceso, pero no vamos a sacrificar las reformas en aras de la premura.
¿Es optimista? ¿Habrá acuerdo pronto?
Haremos todos los esfuerzos.
Un reciente editorial de 'The New York Times' le llama "el hombre que bloquea la paz". Y dice que si el proceso descarrila y hay muertos, usted será el culpable. ¿Qué opina?
He leído editoriales más equilibrados.
Imagino. ¿Pero siente ahora una responsabilidad especial?
Voy a cumplir con mi responsabilidad impulsando reformas a los acuerdos en defensa de la democracia colombiana y promoviendo la reconciliación nacional.
Esa reconciliación nacional, ¿es posible con el nivel de enfrentamiento entre usted y el señor Santos?
Yo asumo mi responsabilidad en función de los temas. Paso por alto las incomodidades que los humanos solemos causarnos.
¿Qué opina de la concesión al señor Santos del Premio Nobel de la Paz?
Siempre contesto lo mismo: refiéranse a mi Twitter.
Lo buscaré... Ingrid Betancourt ha dicho que a 'Timochenko' también se lo tendrían que haber dado.
El nombre de Ingrid Betancourt lo único que me genera es tranquilidad de conciencia.
Usted ha logrado una indiscutible victoria personal. Al margen del proceso, ¿a qué aspira ahora?
Personalmente, a nada.
No puede volver a presentarse a la Presidencia porque constitucionalmente lo tiene vetado.
Y además no lo haría. Me sentiría mal. En las actuales circunstancias, lo mejor que puedo hacer es lo que hago: promover liderazgos nuevos y buenos para Colombia.
Pero el referente absoluto sigue siendo usted.
Van surgiendo personas muy capaces. Hay que impulsarlas.
Usted ya impulsó en su día al señor Santos. No parece estar muy satisfecho con el resultado. ¿Cómo garantizará el éxito del segundo beneficiario de sus impulsos?
Jajaja.
No, no le veo retirándose...
Ay, me hacen falta los nietecitos. Quisiera tener tiempo. Yo dicto clases en la universidad sobre liderazgo. Quisiera aprender idiomas. Todavía los huesos no se me han deteriorado del todo. Todavía me permiten hacer algo que me gusta mucho: adiestrar caballos criollos.
Nada de eso me parece incompatible, ni casi comparable, con su continuidad en la política.
Jajaja...
Ya como despedida, ¿siente que la paz en Colombia depende esencialmente de usted? ¿Siente presión?
En materia equina, yo soy como los mulares. Colombia es un país accidentado, con fincas de mucha ladera. Cuando yo era pequeño, mi papá me decía que en esos caminos hay que andar en mula. Porque uno llega a un sitio donde hay un precipicio y le pone las espuelas a un caballo loco y se tira. En cambio, le pone las espuelas a la mula y no se deja meter presión. Se echa.



Monday, October 31, 2016

VERDAD


En las relaciones entre el Gobierno y las guerrillas siempre ha habido engaños, mentiras, malentendidos. Las falsedades del Gobierno han estado frecuentemente a la vista del público. Las actividades de las guerrillas siempre han tenido un velo. En este sentido, cabe preguntarse cómo han sido las relaciones del guerrillero raso y los cabecillas. Algo que se sabe es que la tropa guerrillera no recibe algo que pudiera considerarse un salario, son unos mercenarios gratuitos cuyas actividades deben estar impulsadas por un convencimiento ideológico, el ideal mesiánico del triunfo de la revolución y la toma del poder. Esto estuvo respaldado en una época por la existencia dela Unión Soviética, esa especie de Vaticano ideológico, el cual financiaba cualquier régimen marxista que llegara al poder. Con el colapso del Imperio Soviético, los movimientos guerrilleros se encontraron privados de financiamiento de sus actividades y de un respaldo en caso de llegar formar un gobierno.


La orfandad económica llevó al colapso a numerosos gobiernos de corte marxista, además las guerrillas e encontraron en la necesidad de conseguir ingresos por diferentes medios, generalmente delictivos, apelaron a los secuestros, la extorsión, el chantaje a las empresas, los asaltos a bancos y entidades financieras y algo que se tornó en un salvavidas muy lucrativo, el narcotráfico.


Naturalmente este cambio de razón social, significó un cambio en las relaciones laborales entre los guerrilleros rasos y sus patrones. Una cosa es estar luchando por un ideal mesiánico, sin paga, con la esperanza de alcanzar ese nirvana revolucionario y algo muy diferente es manejar un negocio millonario, en el cual los jefes han gozado de prerrogativas comparables a las de cualquier empresario legal mientras la tropa seguía soportando una disciplina para perros. Esto naturalmente condujo a la deserción de gran parte de los efectivos y con esto a la necesidad de secuestrar menores de edad para trabajar en un régimen de semi-esclavitud. Respecto a esto se pudo conocer hace años un episodioespeluznante: De la región del Caguán partió tropa destinada a reconquistar el Catatumbo, en esa época en manos de los paramilitares, en el recorrido a lo largo de la Cordillera Oriental, esa tropa fue sorprendida por la Fuerza Aérea en el páramo de Santurbán y fue bombardeada, al examinar los cadáveres se confirmó que en su mayor parte eran menores de edad. Era los famosos “caguaneros”. 

   

Para las Farc, el jugoso negocio del narcotráfico, significó numerosas deserciones de adultos que prefirieron entrar directamente al negocio de la droga y no seguir creyendo en una utopía ideológica. Por otra parte, el establecimiento de la plana mayor de dicha guerrilla en Venezuela y luego en Cuba, significó un alejamiento total de la base militante. Además, cada día se hizo más evidente que los privilegios de los jefes les permitían educar a sus hijos en Europa, mientras la masa guerrillera escasamente aprendía leer y escribir. 


Con el cacareado Proceso de Paz se hizo evidente que los jefes buscan privilegios y posiciones en el Gobierno y para la tropa solamente dádivas, todo parece indicar que la negociación se mantuvo secreta par a la ciudadanía y también para la base guerrillera. Algo muy significativo es el hecho que, en el Plebiscito, la votación por el No ganó en zonas de dominio de las Farc, tales como Caquetá, Huila, Meta, Tolima, Arauca, Norte de Santander, etc.


Las Farc dicen tener actualmente 5765 efectivos, cifra bien dudosa. Al no devolver a los menores de edad, cabe sospechar que los necesitan para presentar un ejército que no existe. La afluencia a las “zonas de concentración” (si se realiza) va a destapar muchas cosas. 


Jaime Galvis V.

Friday, October 07, 2016

Mensaje al Pais

Por el Senador Ivan Duque Márquez 

El pasado domingo triunfó la democracia colombiana. Triunfó porque quedó claro que todos los colombianos queremos la paz, tanto los que votaron por el ‘No’ como los que votaron por el ‘Sí’. 
Lo que experimentó el país ha sido un pronunciamiento de millones de ciudadanos, en el que sobresalió el sentimiento de corregir unos acuerdos que tienen graves elementos de impunidad y evitar que las 297 páginas que lo integran sean incorporados a la Constitución. 
El sentimiento mayoritario de los ciudadanos defendió las instituciones y rechazó un procedimiento abreviado para modificar la Constitución y la Ley, al igual que las facultades extraordinarias no precisadas para el Presidente de la República, la limitación del Congreso a la voluntad del gobierno y la limitación del control de constitucionalidad. 
Es evidente que el sentimiento del ‘No’, fue claro en los correctivos que deben ser planteados. La elegibilidad política que se ha brindado a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, la ausencia de prisión, o medida equivalente, para quienes aun habiendo cometido delitos de lesa humanidad digan ‘la verdad’, o la falta de precisión frente a la reparación económica efectiva por parte de las Farc, fueron puntos centrales del pronunciamiento popular. Sin dejar de lado las preocupaciones que existen sobre delitos graves que quieren ser llevados al plano de conexidad con el delito político para su amnistía. 
El sentimiento del ‘No’ también manifestó preocupaciones sobre múltiples fracturas institucionales en materia de justicia y el sector rural, que hubieran detonado incertidumbre. Durante varios años, muchos de los colombianos que votaron por el ‘Noo expresaron estas preocupaciones, sin que su voz fuera escuchada para ser incorporada en los acuerdos. Se cometió el error de negociar sin haber intentado unir al país frente a un proceso con las Farc. 
Hoy, es el momento de escuchar a esos millones de colombianos y abrir el camino para un gran Acuerdo Nacional. En este proceso se debe brindar protección a las Farc mediante la activación de las zonas de concentración, solicitando el respaldo de las Naciones Unidas. 
La comunidad internacional, por su parte, debe entender lo que ocurrió el pasado domingo y rodear la voluntad del pueblo colombiano que quiere la construcción de la paz sobre mejores bases de legalidad y justicia. 
Colombia está frente a una gran oportunidad de permitir que las voces del ‘Sí’ y el ‘No’ se unan para construir unos acuerdos que reflejen la unidad del país. Las Farc, entretanto, deben entender que si de verdad tienen voluntad de paz, hay que escuchar al pueblo colombiano que se pronunció en las urnas.
Ha llegado el momento de entender que el mecanismo plebiscitario que se exploró, le dio un mandato al Presidente para rectificar el camino y construir unos acuerdos con las correcciones institucionales que el país anhela. Estas correcciones son claras, precisas, en armonía con la Constitución y los tratados internacionales que Colombia ha suscrito. 
Somos un país que vio fortalecida su democracia en las urnas y recuperó el debate político en los hogares, las universidades y los espacios de participación. Ahora, tenemos que unirnos, respaldados por la voz soberana del pueblo.}
Portafolio, Bogotá, 05 de octubre de 2016

Borrón y Cuenta Nueva?

Tomado del Periódico DEBATE

Libardo Botero C.                                              

El triunfo del NO el pasado domingo volvió al país a la vida. No fue un triunfo pírrico. Vencer la trampa de una pregunta engañosa, de la avalancha de publicidad oficial, de las presiones, de los halagos, de la persecución y del amedrentamiento, fue una gesta heroica. 

Aparentemente solo un poco más de media Colombia se manifestó en las urnas rechazando el fatal acuerdo de La Habana, presentado como si fuera la “paz estable y duradera”. No es así. Si se hubiera preguntado por cada uno de sus componentes, si el NO hubiera tenido la misma oportunidad en los medios, si se hubieran otorgado garantías plenas, la victoria hubiera sido aplastante. No es media Colombia, es mucho más, mucho más, la que forcejea valerosamente para evitar que el país sea llevado al desbarrancadero.

El gobierno y sus áulicos, y por supuesto las Farc, sufrieron una ominosa derrota. Se creyeron su propia estafa y se sentían victoriosos. Ahora deben pagar las consecuencias, así hagan hasta lo imposible por desvirtuar o desdibujar el triunfo popular, y forcejeen por tratar de enlodar el veredicto. No solo tendrán que reversar el monstruoso proyecto entreguista, sino sufrir las consecuencias políticas de su insensatez y villanía, de suerte que el país enrumbe su destino y no vuelva a caer en la fatal celada que se le había tendido. Colombia no está en crisis. Al contrario, logró salvarse de una encerrona fatal y se dirige a restablecer los auténticos valores democráticos que la han regido. Los que están en crisis, en dificultades, son los que salieron derrotados, pues su estrategia fracasó estruendosamente.

Pero en el momento lo que domina el panorama es el asunto de la suerte de los acuerdos de “paz” como consecuencia del plebiscito. Me asalta la duda de si de lo que se trata es de “renegociar”, es decir, volver a negociar sobre lo mismo. Mi duda parte de una convicción, que resumió el ex presidente Andrés Pastrana en una frase lapidaria: “el acuerdo no existe, dejó de existir legalmente”. A lo sumo, reiteró, “es un documento muy importante de consulta”. El Acto Legislativo para la Paz que, pese a estar demandado fue promulgado y está vigente, estableció que el Acuerdo Final con las Farc solo entraría en vigencia si se refrendaba en el plebiscito. Luego ha muerto. Fue sepultado por el plebiscito. “Renegociarlo” es como tratar de traerlo de nuevo a la vida.

Entonces, más que “renegociar” ese acuerdo, lo que se impone es construir un nuevo marco para el desarme, desmovilización y reinserción de los grupos al margen de la ley, que sea aceptable para la mayoría de los colombianos. A eso está obligado el gobierno y la coalición oficial, escuchando a los voceros del NO y retomando sus criterios. Ese fue el mandato de las urnas. Materializado ese consenso, para atender la voluntad popular, las Farc (y el Eln) verán qué hacen: si lo reconocen y reafirman su presunto interés de convertirse en una fuerza política dentro de los parámetros de la democracia, o persisten en su aventura violenta. Mientras tanto, el país está de acuerdo en que se prolongue el “cese al fuego” y se les otorgue seguridad a los guerrilleros de las Farc, buscando que se concentren rápidamente en las “zonas veredales”, con acompañamiento de la Onu.

Paradójicamente, quien expresó hace dos días esta idea de no “renegociar”, con gran acierto, fue el ex ministro Juan Camilo Restrepo -uno de los más reconocidos defensores del SÍ-, para resolver el impasse político existente. A su juicio no cabe volver a negociar, como se hizo hasta ahora con las Farc, pues éstas no cederían y prolongarían indefinidamente cualquier diálogo; ni es aconsejable acudir a una Constituyente, que sería un salto al vacío “de impredecibles consecuencias”. Lo más indicado sería que un acuerdo político nacional (como el que se empieza a vislumbrar con los acercamientos entre las grandes fuerzas políticas) geste los elementos necesarios para alcanzar el cese del “conflicto”, y sea puesto en vigencia a través del Congreso, escuchando previamente las observaciones y sugerencias de las Farc y el Eln, pero sin sujetarlo a negociaciones con ellos. Se acatarían así, no solo el mandato soberano del pueblo, sino también “las directrices que trazó la Corte Constitucional en su fallo sobre el plebiscito”, remata Restrepo. Así pueda parecer radical, esa sería una salida sensata y práctica.

La tarea de construir un nuevo marco legal de todos modos será ardua. Porque el tamaño de las concesiones y claudicaciones de Santos y sus delegados fueron monumentales. En suma, habría que retrotraer la materia a lo esencial: solo las condiciones para el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de los terroristas, dentro de unos postulados racionales de “justicia transicional”. Todo lo que escape a ese propósito debería ser desechado. Dentro de esa óptica, y teniendo en cuenta las principales objeciones a lo convenido en Cuba en estos cuatro años pasados, y la experiencia del pasado, las pautas básicas podrían ser las siguientes.

En primer lugar, es inaceptable que se piense siquiera que estamos ante “acuerdos especiales” según los Convenios de Ginebra, dizque equivalentes a tratados internacionales y supuestamente incorporables al “bloque de constitucionalidad” con su sola firma. Cualquier medida que se requiera para concretar ese proceso de desmovilización, se tiene que verificar a través del órgano legislativo o el ejecutivo, según corresponda, de manera autónoma y soberana, y luego de la indispensable discusión pública.

En segundo lugar, deben descartarse todo tipo de temas que no conciernan al desarme y la desmovilización de los terroristas. El desarrollo rural, la política antidrogas, la participación política y el régimen electoral, la corrupción, la planeación, la familia, la seguridad, entre otros, que fueron tocados en La Habana, corresponden a la esfera de las decisiones democráticas que conciernen a todos los colombianos y deben decidirse en el ámbito de las instituciones establecidas para ello; de ninguna manera pueden pactarse con criminales, en conciliábulos, ni mucho menos en los términos que ellos fijen y como condición para dejar de matarnos.

Una de las grandes equivocaciones del gobierno de Santos fue haber admitido discutirlos en la mesa, aceptando que el terrorismo obedece a desajustes sociales y políticos que es necesario corregir para eliminar las causas del flagelo. Descargar a los nuevos parámetros de estos componentes improcedentes, evitaría innecesarias y farragosas discusiones, y los centraría en lo útil y apropiado. A lo sumo, en prueba de la tolerancia democrática, se podría aceptar que esos puntos elaborados en La Habana, como “documentos de consulta”, podrían ser insumos, objeto de estudio y análisis en instancias previstas para el efecto, como foros u otros mecanismos, con participación de los interesados (como los gremios agropecuarios en el caso del desarrollo rural, verbi gracia); y que, si en ese proceso se generan coincidencias, pues que se presenten al Congreso los proyectos de reforma pertinente. De no ocurrir esas convergencias, de todos modos, el partido político que resulte de la reincorporación de las Farc (y del Eln, si es del caso) tendrá siempre la potestad de presentar los proyectos de ley y de reforma constitucional que estime conveniente, incluyendo los temas tratados en Cuba u otros, de acuerdo a sus inclinaciones ideológicas. Y nuestros cuerpos legislativos decidirán.

En tercer lugar, cualquier proceso de desarme y desmovilización debe sujetarse a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y a los preceptos de nuestro ordenamiento constitucional y legal, así como los tratados internacionales de los que Colombia es signatario. Miremos cada punto.

Empecemos por la justicia. Si se quiere crear una jurisdicción especial, debe quedar (como lo fue la establecida con la Ley de Justicia y Paz, que sigue vigente y el Fiscal Martínez estima que podría servir para reencausar el proceso actual) incorporada a nuestro ordenamiento judicial, sometida a las jerarquías e instancias del mismo, a los principios constitucionales y a nuestros códigos, salvo las excepciones que se convengan, como beneficios en las penas impuestas. No pueden sus tribunales y magistrados ser extranjeros ni designados en acuerdo con los criminales. Y solo debe cobijar a las guerrillas. Los militares deben tener, como lo sugiere el ex presidente Álvaro Uribe, “alivios sin impunidad”, otorgados por el Congreso, y no estar sujetos a la misma jurisdicción.

Deberá otorgarse indulto y amnistía, como lo permite la Carta Política, a los guerrilleros que solo estén incursos en los llamados “delitos políticos”, como la “rebelión”. El ex presidente Uribe ha recordado en esta semana que aún está vigente el Marco Jurídico para la Paz (MJPP), que hizo aprobar el gobierno de Santos, y que permite que el Congreso por medio de ley establezca cuáles son los delitos “conexos” con el de rebelión, que puedan ser objeto de ese perdón. Si bien podrían incluirse algunos delitos comunes, lo que el país repudia es, sobre todo, que el secuestro y el narcotráfico sean incorporados en esa categoría, como quedó implícitamente acordado en Cuba. Es una “línea roja” que no puede correrse de ninguna manera.

Para los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, como lo estipula el Tratado de Roma y contempla el MJPP, está prohibida la amnistía y el indulto. Aquí solo caben condenas efectivas con penas privativas de libertad. En lo que hay consenso nacional es en que las penas establecidas por nuestros códigos se reduzcan, como se hizo en la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Uribe, por ejemplo, a solo 5 u 8 años de cárcel. Pero el país repudia la impunidad disfrazada acordada en La Habana, de solo “sanciones” (que no penas) como “restricciones” a la residencia o al movimiento, que no solo eran simbólicas, sino que podían ser desconocidas por un comité paritario (gobierno-Farc) encargado del “monitoreo” de las “sanciones”. Otra “línea roja” infranqueable. El verdadero blindaje jurídico de cualquier proceso es el acatamiento estricto a la normatividad internacional y nacional.

De igual modo, la inmensa mayoría de los colombianos está en desacuerdo con que a los criminales condenados por delitos atroces se les otorguen plenos derechos políticos, como el de ser elegidos, nombrados para cargos públicos o de contratar con el Estado. Eso lo prohíbe la Constitución, pero lo permitía el Acuerdo Final del gobierno y las Farc. Algunos han sugerido flexibilizar la norma, en el sentido de permitir esa participación política luego de cumplidas las condenas. El problema es que no podría ser solo para las guerrillas, sino que se haría extensivo a todo el espectro de criminales (como paramilitares, narcotraficantes, etc.), y que sentaría el desestabilizador precedente de que delinquir paga.

En cuanto a la verdad, la precisión esencial es que ella deberá emanar, naturalmente, de los estrados judiciales, donde los criminales estarán obligados a revelar todos sus desafueros, para ser merecedores de los beneficios, y se contará con el testimonio de las víctimas y afectados. Si se ha de apelar a la creación de una Comisión de la Verdad, debe partir de ese insumo primordial, de ninguna manera pueden intervenir en su configuración los delincuentes, y sus integrantes fundamentales deben ser las víctimas.

En cuanto a la reparación, el reclamo general es que las Farc aporte su cuantiosa riqueza mal habida para la reparación material de las víctimas. También, sin duda, manifestar su sincero arrepentimiento y pedir (no ofrecer) perdón. Y, respecto a la “no repetición”, lo crucial es que las Farc determinen pública y firmemente que no volverán a utilizar la violencia para fines políticos. En cuanto al Estado, es urgente que de una vez por todas se eliminen los atenuantes penales del “delito político”, y se establezcan severas penas para ellos, a fin de disuadir a sus posibles autores de volver a atentar violentamente contra las instituciones democráticas.

Por último, hay que tener en cuenta las condiciones de reintegración de las guerrillas a la vida civil. Además de la cesación de sus actividades criminales, de la consiguiente devolución de los menores reclutados, de los secuestrados en su poder, de su abandono del narcotráfico y la extorsión, el primer paso tiene que ser la entrega de las armas. Posiblemente el mecanismo acordado, de concentración en algunas veredas y luego entrega de las armas a la Onu, sea el indicado para el efecto. Luego de cumplido, podrán las Farc (y el Eln si acoge un procedimiento similar) pasar a convertirse en partido o movimiento político legal. Incluso, como lo ha aceptado el mismo ex presidente Uribe, se les podría otorgar temporalmente unas curules (del estilo de las diez de que habla el Acuerdo, pero suprimiendo las “circunscripciones especiales” a la Cámara). Y habría que otorgarles toda la protección y garantías necesarias para reincorporarse a la sociedad. En todo caso, su participación política tiene que darse en condiciones de igualdad, sin ninguna ventaja absurda sobre los demás partidos (ni emisoras, ni presupuestos abultados, ni órganos de seguridad propios, ni excepciones al umbral, etc.).

Tiene razón el ex presidente Pastrana: el tal acuerdo final no existe, ha muerto. Simplemente démosle cristiana y piadosa sepultura. 

Monday, October 03, 2016

Santos perdió y debe renunciar


EL PRESIDENTE Y SUS NEGOCIADORES EN UN HUECO

https://web.facebook.com/mario.z.uribe/posts/10208977630450653

Quienes hayan leído con detenimiento los acuerdos de la Habana; quienes hayan entendido el peligro que allí se encerraba, comprenderán que el triunfo del NO le quita al gobierno y sus negociadores todo margen de maniobra. 

Los acuerdos atentan (atentaban), primero, contra la viabilidad económica del país; no era costeable su reforma rural; no contemplaban un cálculo, y no era calculable, de los recursos necesarios para implementarla. Además, estaba diseñada para un desarrollo rural antiguo, como cuando eramos un país pastoril, era una reforma más propia del siglo 19, no ahora de importantes avances tecnológicos y de relaciones comerciales competitivas.

De otra parte, las tergiversaciones jurídicas que se contemplan en el documento, implican una destrucción institucional que riñe con normas internacionales ya adheridas a la constitución, amen de hacer saltar por los aires toda la juridicidad de la nación.

Los justos reclamos de reparación y reconocimiento a las víctimas, que sobrepasan el número de 75.000, no los puede cumplir el movimiento guerrillero aunque quisieran, desbordan su capacidad logística y organizacional para satisfacerlos. Después de 50 años de delitos continuos y sistemáticos no es posible que los recuerden y respondan por ellos.

Los compromisos que se le imponen al movimiento guerrillero de abandonar el narcotráfico y sustituirlo por cultivos "de buena procedencia" no son creíbles, además que ello socava la existencia económica del grupo insurgente.

Podemos seguir y seguir...Pero en suma. De esos acuerdos no se rescata nada sobre lo que se pueda renegociar. Santos y sus negociadores perdieron. Si son decentes deben abandonar y el presidente irse. Ya son un estorbo para llegar a una paz verdadera. Su momento político terminó. Todo el esfuerzo gubernamental se concentró en esos acuerdos, y esos acuerdos la mayoría de los colombianos rechazaron.