Monday, October 31, 2016

VERDAD


En las relaciones entre el Gobierno y las guerrillas siempre ha habido engaños, mentiras, malentendidos. Las falsedades del Gobierno han estado frecuentemente a la vista del público. Las actividades de las guerrillas siempre han tenido un velo. En este sentido, cabe preguntarse cómo han sido las relaciones del guerrillero raso y los cabecillas. Algo que se sabe es que la tropa guerrillera no recibe algo que pudiera considerarse un salario, son unos mercenarios gratuitos cuyas actividades deben estar impulsadas por un convencimiento ideológico, el ideal mesiánico del triunfo de la revolución y la toma del poder. Esto estuvo respaldado en una época por la existencia dela Unión Soviética, esa especie de Vaticano ideológico, el cual financiaba cualquier régimen marxista que llegara al poder. Con el colapso del Imperio Soviético, los movimientos guerrilleros se encontraron privados de financiamiento de sus actividades y de un respaldo en caso de llegar formar un gobierno.


La orfandad económica llevó al colapso a numerosos gobiernos de corte marxista, además las guerrillas e encontraron en la necesidad de conseguir ingresos por diferentes medios, generalmente delictivos, apelaron a los secuestros, la extorsión, el chantaje a las empresas, los asaltos a bancos y entidades financieras y algo que se tornó en un salvavidas muy lucrativo, el narcotráfico.


Naturalmente este cambio de razón social, significó un cambio en las relaciones laborales entre los guerrilleros rasos y sus patrones. Una cosa es estar luchando por un ideal mesiánico, sin paga, con la esperanza de alcanzar ese nirvana revolucionario y algo muy diferente es manejar un negocio millonario, en el cual los jefes han gozado de prerrogativas comparables a las de cualquier empresario legal mientras la tropa seguía soportando una disciplina para perros. Esto naturalmente condujo a la deserción de gran parte de los efectivos y con esto a la necesidad de secuestrar menores de edad para trabajar en un régimen de semi-esclavitud. Respecto a esto se pudo conocer hace años un episodioespeluznante: De la región del Caguán partió tropa destinada a reconquistar el Catatumbo, en esa época en manos de los paramilitares, en el recorrido a lo largo de la Cordillera Oriental, esa tropa fue sorprendida por la Fuerza Aérea en el páramo de Santurbán y fue bombardeada, al examinar los cadáveres se confirmó que en su mayor parte eran menores de edad. Era los famosos “caguaneros”. 

   

Para las Farc, el jugoso negocio del narcotráfico, significó numerosas deserciones de adultos que prefirieron entrar directamente al negocio de la droga y no seguir creyendo en una utopía ideológica. Por otra parte, el establecimiento de la plana mayor de dicha guerrilla en Venezuela y luego en Cuba, significó un alejamiento total de la base militante. Además, cada día se hizo más evidente que los privilegios de los jefes les permitían educar a sus hijos en Europa, mientras la masa guerrillera escasamente aprendía leer y escribir. 


Con el cacareado Proceso de Paz se hizo evidente que los jefes buscan privilegios y posiciones en el Gobierno y para la tropa solamente dádivas, todo parece indicar que la negociación se mantuvo secreta par a la ciudadanía y también para la base guerrillera. Algo muy significativo es el hecho que, en el Plebiscito, la votación por el No ganó en zonas de dominio de las Farc, tales como Caquetá, Huila, Meta, Tolima, Arauca, Norte de Santander, etc.


Las Farc dicen tener actualmente 5765 efectivos, cifra bien dudosa. Al no devolver a los menores de edad, cabe sospechar que los necesitan para presentar un ejército que no existe. La afluencia a las “zonas de concentración” (si se realiza) va a destapar muchas cosas. 


Jaime Galvis V.

Friday, October 07, 2016

Mensaje al Pais

Por el Senador Ivan Duque Márquez 

El pasado domingo triunfó la democracia colombiana. Triunfó porque quedó claro que todos los colombianos queremos la paz, tanto los que votaron por el ‘No’ como los que votaron por el ‘Sí’. 
Lo que experimentó el país ha sido un pronunciamiento de millones de ciudadanos, en el que sobresalió el sentimiento de corregir unos acuerdos que tienen graves elementos de impunidad y evitar que las 297 páginas que lo integran sean incorporados a la Constitución. 
El sentimiento mayoritario de los ciudadanos defendió las instituciones y rechazó un procedimiento abreviado para modificar la Constitución y la Ley, al igual que las facultades extraordinarias no precisadas para el Presidente de la República, la limitación del Congreso a la voluntad del gobierno y la limitación del control de constitucionalidad. 
Es evidente que el sentimiento del ‘No’, fue claro en los correctivos que deben ser planteados. La elegibilidad política que se ha brindado a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, la ausencia de prisión, o medida equivalente, para quienes aun habiendo cometido delitos de lesa humanidad digan ‘la verdad’, o la falta de precisión frente a la reparación económica efectiva por parte de las Farc, fueron puntos centrales del pronunciamiento popular. Sin dejar de lado las preocupaciones que existen sobre delitos graves que quieren ser llevados al plano de conexidad con el delito político para su amnistía. 
El sentimiento del ‘No’ también manifestó preocupaciones sobre múltiples fracturas institucionales en materia de justicia y el sector rural, que hubieran detonado incertidumbre. Durante varios años, muchos de los colombianos que votaron por el ‘Noo expresaron estas preocupaciones, sin que su voz fuera escuchada para ser incorporada en los acuerdos. Se cometió el error de negociar sin haber intentado unir al país frente a un proceso con las Farc. 
Hoy, es el momento de escuchar a esos millones de colombianos y abrir el camino para un gran Acuerdo Nacional. En este proceso se debe brindar protección a las Farc mediante la activación de las zonas de concentración, solicitando el respaldo de las Naciones Unidas. 
La comunidad internacional, por su parte, debe entender lo que ocurrió el pasado domingo y rodear la voluntad del pueblo colombiano que quiere la construcción de la paz sobre mejores bases de legalidad y justicia. 
Colombia está frente a una gran oportunidad de permitir que las voces del ‘Sí’ y el ‘No’ se unan para construir unos acuerdos que reflejen la unidad del país. Las Farc, entretanto, deben entender que si de verdad tienen voluntad de paz, hay que escuchar al pueblo colombiano que se pronunció en las urnas.
Ha llegado el momento de entender que el mecanismo plebiscitario que se exploró, le dio un mandato al Presidente para rectificar el camino y construir unos acuerdos con las correcciones institucionales que el país anhela. Estas correcciones son claras, precisas, en armonía con la Constitución y los tratados internacionales que Colombia ha suscrito. 
Somos un país que vio fortalecida su democracia en las urnas y recuperó el debate político en los hogares, las universidades y los espacios de participación. Ahora, tenemos que unirnos, respaldados por la voz soberana del pueblo.}
Portafolio, Bogotá, 05 de octubre de 2016

Borrón y Cuenta Nueva?

Tomado del Periódico DEBATE

Libardo Botero C.                                              

El triunfo del NO el pasado domingo volvió al país a la vida. No fue un triunfo pírrico. Vencer la trampa de una pregunta engañosa, de la avalancha de publicidad oficial, de las presiones, de los halagos, de la persecución y del amedrentamiento, fue una gesta heroica. 

Aparentemente solo un poco más de media Colombia se manifestó en las urnas rechazando el fatal acuerdo de La Habana, presentado como si fuera la “paz estable y duradera”. No es así. Si se hubiera preguntado por cada uno de sus componentes, si el NO hubiera tenido la misma oportunidad en los medios, si se hubieran otorgado garantías plenas, la victoria hubiera sido aplastante. No es media Colombia, es mucho más, mucho más, la que forcejea valerosamente para evitar que el país sea llevado al desbarrancadero.

El gobierno y sus áulicos, y por supuesto las Farc, sufrieron una ominosa derrota. Se creyeron su propia estafa y se sentían victoriosos. Ahora deben pagar las consecuencias, así hagan hasta lo imposible por desvirtuar o desdibujar el triunfo popular, y forcejeen por tratar de enlodar el veredicto. No solo tendrán que reversar el monstruoso proyecto entreguista, sino sufrir las consecuencias políticas de su insensatez y villanía, de suerte que el país enrumbe su destino y no vuelva a caer en la fatal celada que se le había tendido. Colombia no está en crisis. Al contrario, logró salvarse de una encerrona fatal y se dirige a restablecer los auténticos valores democráticos que la han regido. Los que están en crisis, en dificultades, son los que salieron derrotados, pues su estrategia fracasó estruendosamente.

Pero en el momento lo que domina el panorama es el asunto de la suerte de los acuerdos de “paz” como consecuencia del plebiscito. Me asalta la duda de si de lo que se trata es de “renegociar”, es decir, volver a negociar sobre lo mismo. Mi duda parte de una convicción, que resumió el ex presidente Andrés Pastrana en una frase lapidaria: “el acuerdo no existe, dejó de existir legalmente”. A lo sumo, reiteró, “es un documento muy importante de consulta”. El Acto Legislativo para la Paz que, pese a estar demandado fue promulgado y está vigente, estableció que el Acuerdo Final con las Farc solo entraría en vigencia si se refrendaba en el plebiscito. Luego ha muerto. Fue sepultado por el plebiscito. “Renegociarlo” es como tratar de traerlo de nuevo a la vida.

Entonces, más que “renegociar” ese acuerdo, lo que se impone es construir un nuevo marco para el desarme, desmovilización y reinserción de los grupos al margen de la ley, que sea aceptable para la mayoría de los colombianos. A eso está obligado el gobierno y la coalición oficial, escuchando a los voceros del NO y retomando sus criterios. Ese fue el mandato de las urnas. Materializado ese consenso, para atender la voluntad popular, las Farc (y el Eln) verán qué hacen: si lo reconocen y reafirman su presunto interés de convertirse en una fuerza política dentro de los parámetros de la democracia, o persisten en su aventura violenta. Mientras tanto, el país está de acuerdo en que se prolongue el “cese al fuego” y se les otorgue seguridad a los guerrilleros de las Farc, buscando que se concentren rápidamente en las “zonas veredales”, con acompañamiento de la Onu.

Paradójicamente, quien expresó hace dos días esta idea de no “renegociar”, con gran acierto, fue el ex ministro Juan Camilo Restrepo -uno de los más reconocidos defensores del SÍ-, para resolver el impasse político existente. A su juicio no cabe volver a negociar, como se hizo hasta ahora con las Farc, pues éstas no cederían y prolongarían indefinidamente cualquier diálogo; ni es aconsejable acudir a una Constituyente, que sería un salto al vacío “de impredecibles consecuencias”. Lo más indicado sería que un acuerdo político nacional (como el que se empieza a vislumbrar con los acercamientos entre las grandes fuerzas políticas) geste los elementos necesarios para alcanzar el cese del “conflicto”, y sea puesto en vigencia a través del Congreso, escuchando previamente las observaciones y sugerencias de las Farc y el Eln, pero sin sujetarlo a negociaciones con ellos. Se acatarían así, no solo el mandato soberano del pueblo, sino también “las directrices que trazó la Corte Constitucional en su fallo sobre el plebiscito”, remata Restrepo. Así pueda parecer radical, esa sería una salida sensata y práctica.

La tarea de construir un nuevo marco legal de todos modos será ardua. Porque el tamaño de las concesiones y claudicaciones de Santos y sus delegados fueron monumentales. En suma, habría que retrotraer la materia a lo esencial: solo las condiciones para el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de los terroristas, dentro de unos postulados racionales de “justicia transicional”. Todo lo que escape a ese propósito debería ser desechado. Dentro de esa óptica, y teniendo en cuenta las principales objeciones a lo convenido en Cuba en estos cuatro años pasados, y la experiencia del pasado, las pautas básicas podrían ser las siguientes.

En primer lugar, es inaceptable que se piense siquiera que estamos ante “acuerdos especiales” según los Convenios de Ginebra, dizque equivalentes a tratados internacionales y supuestamente incorporables al “bloque de constitucionalidad” con su sola firma. Cualquier medida que se requiera para concretar ese proceso de desmovilización, se tiene que verificar a través del órgano legislativo o el ejecutivo, según corresponda, de manera autónoma y soberana, y luego de la indispensable discusión pública.

En segundo lugar, deben descartarse todo tipo de temas que no conciernan al desarme y la desmovilización de los terroristas. El desarrollo rural, la política antidrogas, la participación política y el régimen electoral, la corrupción, la planeación, la familia, la seguridad, entre otros, que fueron tocados en La Habana, corresponden a la esfera de las decisiones democráticas que conciernen a todos los colombianos y deben decidirse en el ámbito de las instituciones establecidas para ello; de ninguna manera pueden pactarse con criminales, en conciliábulos, ni mucho menos en los términos que ellos fijen y como condición para dejar de matarnos.

Una de las grandes equivocaciones del gobierno de Santos fue haber admitido discutirlos en la mesa, aceptando que el terrorismo obedece a desajustes sociales y políticos que es necesario corregir para eliminar las causas del flagelo. Descargar a los nuevos parámetros de estos componentes improcedentes, evitaría innecesarias y farragosas discusiones, y los centraría en lo útil y apropiado. A lo sumo, en prueba de la tolerancia democrática, se podría aceptar que esos puntos elaborados en La Habana, como “documentos de consulta”, podrían ser insumos, objeto de estudio y análisis en instancias previstas para el efecto, como foros u otros mecanismos, con participación de los interesados (como los gremios agropecuarios en el caso del desarrollo rural, verbi gracia); y que, si en ese proceso se generan coincidencias, pues que se presenten al Congreso los proyectos de reforma pertinente. De no ocurrir esas convergencias, de todos modos, el partido político que resulte de la reincorporación de las Farc (y del Eln, si es del caso) tendrá siempre la potestad de presentar los proyectos de ley y de reforma constitucional que estime conveniente, incluyendo los temas tratados en Cuba u otros, de acuerdo a sus inclinaciones ideológicas. Y nuestros cuerpos legislativos decidirán.

En tercer lugar, cualquier proceso de desarme y desmovilización debe sujetarse a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y a los preceptos de nuestro ordenamiento constitucional y legal, así como los tratados internacionales de los que Colombia es signatario. Miremos cada punto.

Empecemos por la justicia. Si se quiere crear una jurisdicción especial, debe quedar (como lo fue la establecida con la Ley de Justicia y Paz, que sigue vigente y el Fiscal Martínez estima que podría servir para reencausar el proceso actual) incorporada a nuestro ordenamiento judicial, sometida a las jerarquías e instancias del mismo, a los principios constitucionales y a nuestros códigos, salvo las excepciones que se convengan, como beneficios en las penas impuestas. No pueden sus tribunales y magistrados ser extranjeros ni designados en acuerdo con los criminales. Y solo debe cobijar a las guerrillas. Los militares deben tener, como lo sugiere el ex presidente Álvaro Uribe, “alivios sin impunidad”, otorgados por el Congreso, y no estar sujetos a la misma jurisdicción.

Deberá otorgarse indulto y amnistía, como lo permite la Carta Política, a los guerrilleros que solo estén incursos en los llamados “delitos políticos”, como la “rebelión”. El ex presidente Uribe ha recordado en esta semana que aún está vigente el Marco Jurídico para la Paz (MJPP), que hizo aprobar el gobierno de Santos, y que permite que el Congreso por medio de ley establezca cuáles son los delitos “conexos” con el de rebelión, que puedan ser objeto de ese perdón. Si bien podrían incluirse algunos delitos comunes, lo que el país repudia es, sobre todo, que el secuestro y el narcotráfico sean incorporados en esa categoría, como quedó implícitamente acordado en Cuba. Es una “línea roja” que no puede correrse de ninguna manera.

Para los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, como lo estipula el Tratado de Roma y contempla el MJPP, está prohibida la amnistía y el indulto. Aquí solo caben condenas efectivas con penas privativas de libertad. En lo que hay consenso nacional es en que las penas establecidas por nuestros códigos se reduzcan, como se hizo en la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Uribe, por ejemplo, a solo 5 u 8 años de cárcel. Pero el país repudia la impunidad disfrazada acordada en La Habana, de solo “sanciones” (que no penas) como “restricciones” a la residencia o al movimiento, que no solo eran simbólicas, sino que podían ser desconocidas por un comité paritario (gobierno-Farc) encargado del “monitoreo” de las “sanciones”. Otra “línea roja” infranqueable. El verdadero blindaje jurídico de cualquier proceso es el acatamiento estricto a la normatividad internacional y nacional.

De igual modo, la inmensa mayoría de los colombianos está en desacuerdo con que a los criminales condenados por delitos atroces se les otorguen plenos derechos políticos, como el de ser elegidos, nombrados para cargos públicos o de contratar con el Estado. Eso lo prohíbe la Constitución, pero lo permitía el Acuerdo Final del gobierno y las Farc. Algunos han sugerido flexibilizar la norma, en el sentido de permitir esa participación política luego de cumplidas las condenas. El problema es que no podría ser solo para las guerrillas, sino que se haría extensivo a todo el espectro de criminales (como paramilitares, narcotraficantes, etc.), y que sentaría el desestabilizador precedente de que delinquir paga.

En cuanto a la verdad, la precisión esencial es que ella deberá emanar, naturalmente, de los estrados judiciales, donde los criminales estarán obligados a revelar todos sus desafueros, para ser merecedores de los beneficios, y se contará con el testimonio de las víctimas y afectados. Si se ha de apelar a la creación de una Comisión de la Verdad, debe partir de ese insumo primordial, de ninguna manera pueden intervenir en su configuración los delincuentes, y sus integrantes fundamentales deben ser las víctimas.

En cuanto a la reparación, el reclamo general es que las Farc aporte su cuantiosa riqueza mal habida para la reparación material de las víctimas. También, sin duda, manifestar su sincero arrepentimiento y pedir (no ofrecer) perdón. Y, respecto a la “no repetición”, lo crucial es que las Farc determinen pública y firmemente que no volverán a utilizar la violencia para fines políticos. En cuanto al Estado, es urgente que de una vez por todas se eliminen los atenuantes penales del “delito político”, y se establezcan severas penas para ellos, a fin de disuadir a sus posibles autores de volver a atentar violentamente contra las instituciones democráticas.

Por último, hay que tener en cuenta las condiciones de reintegración de las guerrillas a la vida civil. Además de la cesación de sus actividades criminales, de la consiguiente devolución de los menores reclutados, de los secuestrados en su poder, de su abandono del narcotráfico y la extorsión, el primer paso tiene que ser la entrega de las armas. Posiblemente el mecanismo acordado, de concentración en algunas veredas y luego entrega de las armas a la Onu, sea el indicado para el efecto. Luego de cumplido, podrán las Farc (y el Eln si acoge un procedimiento similar) pasar a convertirse en partido o movimiento político legal. Incluso, como lo ha aceptado el mismo ex presidente Uribe, se les podría otorgar temporalmente unas curules (del estilo de las diez de que habla el Acuerdo, pero suprimiendo las “circunscripciones especiales” a la Cámara). Y habría que otorgarles toda la protección y garantías necesarias para reincorporarse a la sociedad. En todo caso, su participación política tiene que darse en condiciones de igualdad, sin ninguna ventaja absurda sobre los demás partidos (ni emisoras, ni presupuestos abultados, ni órganos de seguridad propios, ni excepciones al umbral, etc.).

Tiene razón el ex presidente Pastrana: el tal acuerdo final no existe, ha muerto. Simplemente démosle cristiana y piadosa sepultura. 

Monday, October 03, 2016

Santos perdió y debe renunciar


EL PRESIDENTE Y SUS NEGOCIADORES EN UN HUECO

https://web.facebook.com/mario.z.uribe/posts/10208977630450653

Quienes hayan leído con detenimiento los acuerdos de la Habana; quienes hayan entendido el peligro que allí se encerraba, comprenderán que el triunfo del NO le quita al gobierno y sus negociadores todo margen de maniobra. 

Los acuerdos atentan (atentaban), primero, contra la viabilidad económica del país; no era costeable su reforma rural; no contemplaban un cálculo, y no era calculable, de los recursos necesarios para implementarla. Además, estaba diseñada para un desarrollo rural antiguo, como cuando eramos un país pastoril, era una reforma más propia del siglo 19, no ahora de importantes avances tecnológicos y de relaciones comerciales competitivas.

De otra parte, las tergiversaciones jurídicas que se contemplan en el documento, implican una destrucción institucional que riñe con normas internacionales ya adheridas a la constitución, amen de hacer saltar por los aires toda la juridicidad de la nación.

Los justos reclamos de reparación y reconocimiento a las víctimas, que sobrepasan el número de 75.000, no los puede cumplir el movimiento guerrillero aunque quisieran, desbordan su capacidad logística y organizacional para satisfacerlos. Después de 50 años de delitos continuos y sistemáticos no es posible que los recuerden y respondan por ellos.

Los compromisos que se le imponen al movimiento guerrillero de abandonar el narcotráfico y sustituirlo por cultivos "de buena procedencia" no son creíbles, además que ello socava la existencia económica del grupo insurgente.

Podemos seguir y seguir...Pero en suma. De esos acuerdos no se rescata nada sobre lo que se pueda renegociar. Santos y sus negociadores perdieron. Si son decentes deben abandonar y el presidente irse. Ya son un estorbo para llegar a una paz verdadera. Su momento político terminó. Todo el esfuerzo gubernamental se concentró en esos acuerdos, y esos acuerdos la mayoría de los colombianos rechazaron.

Del Dr Alvaro Uribe Vélez al conocer la victoria del NO en el Plebiscito

Tomado de Periodico DEBATE
http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/12909-queremos-un-gran-pacto-nacional


Compatriotas:

El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia.

Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión.

Señores de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad.

Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social.

Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable.

La economía del país está en dificultades, que podrían agravarse con los acuerdos, y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC.

El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos, en este difícil momento, que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los pobres.

Pedimos encarecidamente al Gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social.

Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, las Fuerzas Armadas de la democracia, pedimos al Presidente Santos y al Congreso, que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad.

Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano y reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia, sin ponerla en riesgo. Los valores de familia, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales.

Pedimos una reflexión a la Comunidad Internacional, queremos contribuir a un Acuerdo Nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos, pedimos lo mismo al Gobierno, a sus negociadores y a la Comunidad Internacional.

Corrijamos, la Democracia de nuestra Patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el Sí.

Colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático, a quienes nos representaron, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos, Plinio Apuleyo Mendoza, Francisco Santos, Juán Gómez M,  e Iván Duque Marquez; ha sido un honor adelantar esta tarea con el ex Presidente Andrés Pastrana, el ex Procurador Alejandro Ordoñez. Ha sido muy interesante alimentarnos con los argumentos de Jaime Castro, Rafael Nieto, hijo y papá, José Gregorio Hernández, Hugo Palacios, Hernando Yepes, Juán Lozano, Marta Lucía Ramirez, y  de tantos valiosos compatriotas.

Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el No. Debates constructivos con los del Sí nos aumentaron el afecto por los compatriotas y la Patria entera.

Jóvenes colombianos, comprendemos su ilusión de paz, que hoy sea motivo de reflexión para construirla en la solidez de la libertad, que es lo único que hace posible el avance de la ciencia, también de grados superiores de verdad, a partir de cada aporte.

En esta campaña nos hemos encomendado a Dios pidiendo luz para los argumentos, le imploramos que no nos deje equivocar en el periodo que nos espera.

Álvaro Uribe Vélez

Sunday, October 02, 2016

REPULSIÓN

La repulsión es un rechazo a determinados actos o situaciones que avergüenzan o perjudican, es algo casi instintivo. En la historia de Colombia ha habido una serie de sucesos que han producido repulsión colectiva. Desde esa Colombia pastoril que sufrió la amputación de Panamá, hubo un rechazo al despojo en sí y a la actitud del mandatario de turno. Esa repulsión existió también en algunos círculos bien informados respecto a la negligencia criminal de los gobiernos respecto al extenso territorio de la Amazonia Colombiana que duro más de treinta años bajo soberanía de Perú.  


Posteriormente fueron repulsivas esas incitaciones a la violencia política que fomentaron los altos heliotropos de la aristocracia criolla. En esto se sacrificaron miles de vidas humildes, ya que los jefes de todo aquello mantenían sus amistosas relaciones en los clubes de Bogotá. En un momento dado con una generosidad infinita decidieron hacer “la Paz”. Para sellar ese acto sublime crearon por medio de un plebiscito el “Frente Nacional” y establecieron una paridad burocrática que fue modelo de descaro en el Mundo. Además se pactó por 16 años la alternación de los dos partidos en la Presidencia. De todo esto lo más repulsivo fue el trato que recibieron las gentes del pueblo que sirvieron de tropas en la violencia política, fueron liquidados en forma graneada con muy poco ruido.

La ciudadanía de Colombia ha sido obligada a tragarse numerosos y aberrantes sapos, un ejemplo de esto fue el fraude electoral de 1970. Otros episodios repulsivos fueron el “proceso de paz” del Gobierno de Belisario Betancur que le dio impulso a los movimientos guerrilleros, varios episodios del Gobierno de César Gaviria tales ese falso “clamor popular” pidiendo una nueva constitución política, dicho clamor solo existió en los titulares de los periódicos, a esto se puede agregar el caso de Pablo Escobar y su “prisión en la Catedral o una apertura económica improvisada e innecesaria que casi logra erradicar la industria del territorio de Colombia. Todas estas maniobras fueron realizadas sin tener en cuenta la opinión popular.


Luego se presentó algo que no solamente fue repulsivo, se puede decir que fue un verdadero revulsivo, todo ese negro proceso de la narco-candidatura de Ernesto Samper y  las maniobras sucias del Proceso 8.000. Ante ese desgobierno se presentó la candidatura y elección de Andrés Pastrana, la bandera electoral de este caballero fue un nuevo proceso paz, el cual empezó con el pié izquierdo por cuenta del desplante de la silla vacía. La opinión pública rápidamente se desilusionó de ese proceso.

Al presentarse la candidatura de Alvaro Uribe, con un proyecto de combatir a las guerrillas, el apoyo popular fue masivo, el programa de gobierno coincidía con la opinión pública, algo poco frecuente en el devenir histórico de Colombia.  A pesar de sus indudables éxitos este gobierno pecó en la calidad de varios de sus colaboradores inmediatos, especialmente por haberse plegado a las presiones periodísticas.


Posteriormente, a través de maniobras bastante oscuras, sobrevino la elección de Juan Manuel Santos personaje manifiestamente impopular. Con esto comenzó un gobierno totalmente incoherente en el cual parece que la administración se hubiera dedicado a llevarle la contraria a la opinión pública y a una política de persecuciones judiciales y abusos manifiestos de poder. El Gobierno se dedicó a un publicitado “proceso de paz” con las Farc descuidando totalmente las demás funciones gubernamentales, esto durante 4 años. Con la firma de un documento absolutamente absurdo culminó el proceso. Dicha guerrilla declara tener un poco más de 5 000 efectivos. Los negociadores aspiran a recibir el premio Nobel de Paz, pero de pronto solo van a recibir el ridículo internacional.