por Aurelio Suárez,
Bogotá, enero 24 de 2008
La contribución de valorización no debería tenerse como un tributo más en la ley colombiana, entre otras, por las siguientes razones: a) quienes disfrutan plenamente de las ganancias de las nuevas infraestructuras son los que detentan la tierra urbana como negocio, ya que son los únicos que recuperarán con creces el pago efectuado. b) Cuando se decretan cobros por el supuesto “mayor valor”, se tiene como justa cualquier suma, así ponga en riesgo los ingresos de los hogares o tenga efectos expropiatorios. c) La posesión de una propiedad no significa que haya solvencia económica para responder a cualquier exigencia fiscal. d) Cuando la propiedad está destinada a vivienda, el “mayor valor” no reporta beneficio económico notorio y menos aún en la cuantía definida en el cobro. e) Si hay obras que valorizan el precio del suelo, también hay otras que lo devalúan. Por ende, resultan absurdos los “estudios socioeconómicos” y las “zonas de influencia” que justifican arbitrarios derrames a fin de acometer las obras, por lo general de alto costo, a expensas de toda la ciudadanía.
Estas aberraciones y otras peores se sintetizan en el cobro de valorización decretado en Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, aprobado por el Concejo, nunca consultado con la población y facturado en diciembre para evadir las responsabilidades que implica. El Distrito tenía otro instrumento distinto al de la valorización para ayudar a financiar el centenar y medio de obras propuestas. El Impuesto de Plusvalía, causado cuando un predio cambia su uso inicial por uno más rentable, les da a los municipios recursos para urbanismo y debe cobrárseles a las edificaciones para vivienda suntuaria, comercio, hoteles, oficinas e industria.
Resulta escandaloso que entre 2004 y 2007, cuando hubo en la Capital el periodo histórico de mayor auge de este tipo, con más de 37 millones de metros cuadrados construidos en vivienda de estratos altos y más de 5 en los demás sectores, apenas se hayan recaudado por dicho concepto algo más de 25.000 millones de pesos, menos de mil pesos por metro, una cifra ridícula. Las cargas perdonadas a los constructores, al capital financiero y a los rentistas del suelo se echaron sobre los hombros de un millón y cuarto de familias bogotanas mediante el cobro de valorización.
Para los sectores medios y populares resultó más pesada todavía la “valorización por beneficio local”. Como no habrá obras en las zonas de mayor desarrollo y de vivienda de altos ingresos, el impuesto se recargó sobre aquellas donde confluirán el mayor número de operaciones viales y de amueblamiento.
Los vecinos de Fontibón y Engativá sufren cobros exorbitantes por los planes, que hacen parte del proyecto del Aeropuerto, y que expulsarán de sus residencias a varios miles de familias. Entre tanto, resultan exentos los concesionarios del terminal aéreo, que también son contratistas en la troncal de Transmilenio por la 26 y la Décima. Iniquidades similares se dan por doquier, en especial, en Kennedy, Puente Aranda, Usaquén, Ciudad Bolívar, algunas zonas de Suba y Salitre.
Es -en últimas- un plan de financiación de obras ¡Valorización con Indiferencia!
Las resoluciones expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para ejecutar el Acuerdo 180 de 2005 del Concejo, carecen de las condiciones legales para prescribir una obligación tributaria. No existe base gravable, se presentan en forma ininteligible tanto los factores aplicados para fijar la contribución como la combinación entre ellos para dar una cifra de pago del tributo, no hay memoria técnica explicativa y se presentan inconsistencias entre predios similares con cobros desiguales. Se quebrantó el debido proceso y la garantía de defensa, lo que exige la REVOCATORIA INMEDIATA de dichos actos.
No se observaron los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución para el sistema tributario. Se ha calculado que la tasa de interés para el pago diferido “puede ser de 21,3 por ciento, como dice el Distrito, o de 66,5 por ciento, dependiendo de la cantidad que se va a financiar”, si se trata del monto fijado en la factura o al que se hubiera tenido derecho por el pago con descuento. Tal descuento favorece al contribuyente con liquidez y auxilia más a quien tiene más patrimonio.
Invitamos al alcalde, Samuel Moreno, para que estudie la posibilidad de un mecanismo más equitativo que sirva al desarrollo de la ciudad, desechando esta bárbara medida de la administración anterior, consignada en Acuerdo 180 de 2005, ya que a la fecha, a pesar del pago del 44% de los contribuyentes, el recaudo no llega al 20% de lo presupuestado. A los bogotanos los llamamos a exigir REVOCATORIA de las resoluciones de cobro, a movilizarse en respaldo a las acciones de NULIDAD, a denunciar a los responsables de este disparate, a reclamar que todas las localidades sean tratadas en pie de igualdad y, entre tanto, a la desobediencia civil.
Bogotá, enero 24 de 2008
COMITÉ CIUDADANO CONTRA EL COBRO DE VALORIZACIÓN
Contra la contribución de valorización, ¡Desobediencia Civil!
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