El fracaso del Estado "Social"

por el Profesor Jesús Huertas de Soto

El descalabro político, económico y social del socialismo en los países de la Europa del Este está afectando profundamente a aquellos teóricos occidentales que aún siguen empeñándose en defender y justificar el «socialismo intervencionista» que constituye la más íntima esencia y típica característica del denominado Estado social. Así, recientemente, Gregorio Peces-Barba ha publicado un artículo en la tercera página de ABC que, ante todo, nos pone de manifiesto en qué patética posición han llegado a situarse muchos intelectuales de Occidente que, como Peces-Barba, todavía quieren creer que el Estado intervencionista es capaz de mejorar el orden social.

Y, sin embargo, el análisis teórico más riguroso ha demostrado que tanto el «socialismo real» de las economías de tipo soviético como el socialismo intervencionista que se ha extendido en los países occidentales se basan en el mismo error intelectual y se encuentran, por tanto, a la larga, condenados al fracaso. Este error intelectual consiste simplemente, como de manera tan brillante y concisa ha puesto de manifiesto el premio Nobel F.A. Hayek en su último libro, titulado La Fatal Arrogancia, en la imposibilidad de que los responsables y funcionarios del Estado social puedan hacerse con el enorme volumen de información y conocimientos que constantemente crean, generan y utilizan de forma dispersa los millones de ciudadanos que han de sufrir sus órdenes y mandatos, tengan éstos o no forma de ley, y hayan sido o no elaborados más o menos «democráticamente». De manera que el intervencionista se encuentra siempre en una situación de «ignorancia inerradicable» frente a la sociedad civil.

Por ello le es imposible mejorar los procesos de coordinación y desarrollo de la sociedad mediante la sistemática extensión y profundización de esa «coacción institucional» que, en agudo contraste con la «idílica» imagen que se nos quiere presentar, constituye la más típica característica y manifestación de un Estado al que se le añade el calificativo de «social», con la finalidad de hacerlo al menos mínimamente atractivo, desorientando a los ciudadanos que cada día han de sufrirlo respecto al verdadero contenido y significado del mismo.

Las consecuencias de este error intelectual en el que se basa el ideal socialista se manifiestan en cuatro dimensiones: la económico-social y cultural, la jurídica, la ética y la política, las cuales, aunque se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, es preciso analizar separadamente.

1. En el ámbito «económico-social y cultural», la obsesión reglamentista y recaudadora del Estado social dificulta, y en muchas ocasiones imposibilita, la generación de nuevas iniciativas y procesos, empresariales o no, que constituyen la savia más creativa y vivificadora que mantiene y permite el desarrollo del organismo social. De forma que el Estado social no sólo es incapaz de hacerse con la información que necesita para organizar coactiva y deliberadamente la sociedad, sino que además actúa como un pesado lastre «inhibidor» de la creación de nuevas ideas, proyectos y empresas por parte de los ciudadanos que constituyen la sociedad civil.

Se entiende ahora el hecho, tantas veces contrastado en la realidad, de que, a igualdad de circunstancias, el Estado social dificulta el desarrollo económico, generando siempre una sistemática escasez y pobreza relativa de ideas y recursos, precisamente en aquellas parcelas de la vida social en las que de forma más efectiva e intensa pretende intervenir.

Esto hace, además, que sea inevitable que los ciudadanos, en un comprensible y natural movimiento «defensivo», traten de desviar o evitar en sus circunstancias particulares los efectos para ellos más perjudiciales o drásticos de los mandatos coactivos del Estado, dando así lugar a la creación de una «economía sumergida o irregular», que si bien tiene un claro carácter superfluo y redundante, es una de las más típicas consecuencias del Estado social, y actúa positivamente como una verdadera «válvula de escape» frente a la coacción sistemática e institucional que le caracteriza.

2. En el ámbito «jurídico», el desarrollo del Estado social prostituye y vacía de contenido el concepto tradicional del Derecho, corrompe el funcionamiento de la justicia y desprestigia socialmente e incita a violar la Ley. En efecto, en el Estado social el Derecho tradicional, entendido como conjunto de normas de carácter general y abstracto aplicable por igual a todos, es sustituido por un confuso entramado de contradictorios reglamentos, órdenes y mandatos de tipo administrativo que cada vez constriñen y especifican más cuál ha de ser el comportamiento concreto de cada ciudadano. No es de extrañar, por tanto, que los ciudadanos vayan perdiendo el hábito de adaptación a normas generales y se vayan acostumbrando, por el contrario, a que todo les sea específicamente indicado y resuelto por el Estado.

Simultáneamente, y de forma paradójica, dado que eludir el mandato coactivo es, en muchas ocasiones, una exigencia impuesta por la propia necesidad de sobrevivir, el respeto social a la ley formal desaparece por completo y su incumplimiento pasa a ser considerado, desde el general punto de vista de la población, más como una loable manifestación del ingenio humano que se debe buscar y fomentar, que como una violación a un sistema de normas que puede perjudicar gravemente a la sociedad. A esta prostitución del concepto de ley inexorablemente le acompaña una paralela corrupción del concepto y de la aplicación de la justicia.

Esto es así porque en el Estado social el concepto tradicional de justicia es sustituido por un concepto espurio de justicia «social» según el cual, en vez de juzgarse comportamientos individuales aplicables por igual a todos dentro de un marco general de normas, la «justicia» se concibe como la estimación más o menos emotiva, primaria o pasional, del resultado de los procesos sociales, al margen de cuál haya sido el comportamiento de sus participes desde el punto de vista de las normas del Derecho tradicional.

Este fenómeno, junto con el alto grado de imperfección y caos de la maraña de órdenes y reglamentos en que se plasma la actividad legislativa del Estado social, hace que, con un poco de suerte y habilidad, casi cualquier pretensión puede llegar a impresionar favorablemente a un juzgador.

Surge así una generalizada inseguridad jurídica que, a su vez, crea un fortísimo incentivo para litigar y pleitear, todo lo cual disminuye aún más el grado de calidad de las decisiones judiciales, y así sucesivamente, en un proceso que, por desgracia, conocemos muy bien por la experiencia más próxima de nuestro propio país, y que amenaza con la desaparición de la justicia tradicional, o incluso de los propios jueces y magistrados, que, ante tanta confusión y carga de trabajo, corren el riesgo de convertirse en simples burócratas al servicio del poder político, encargados más de la misión de controlar el imposible cumplimiento del entramado de mandatos coactivos, que de la santa, abnegada y tantas veces incomprendida misión de aplicar a todos por igual la ley entendida en su sentido tradicional.

3. Las consecuencias que en el campo de la «ética» tiene el Estado social son también especialmente graves. En efecto, la imposición coactiva de determinados principios aparentemente más o menos «éticos» por parte del Estado social no sólo ahoga y acaba con los hábitos y prácticas individuales de preocupación por el prójimo y de caridad privada, sino que hace que la moral individual, a todos los niveles, se debilite e incluso desaparezca, siendo sustituida por un reflejo de ese típico misticismo organizativo propio del Estado que inevitablemente termina por influir también en el comportamiento individual de los ciudadanos.

Se hace prevalecer así, a nivel individual el típico voluntarismo socialista en cuanto a la consecución de los fines que se fijan y pretenden conseguir más como caprichos personales decididos «ad hoc» y alimentados en los propios deseos e instintos, que mediante la libre interacción humana sometida a normas y principios generales de carácter moral y legal. El resultado de este proceso de abandono de los principios tradicionales de la moral y de la ética individual (en el que, por cierto, han tenido mucho que ver diversos autores que, como Rousseau, son laudatoriamente citados por Peces-Barba en su artículo y que irresponsablemente califican los principios de ética individual como «represivas e inhibitorias tradiciones sociales») no es otro que el de eliminar las pautas de conducta que hicieron posible la evolución y el desarrollo de la civilización, arrojando indefectiblemente al hombre, falto de tan vitales guías y referencias sociales de actuación, a sus más atávicas y primitivas pasiones.

4. Finalmente, comentemos con brevedad la dimensión «política» del problema que plantea todo Estado social. Por un lado, los ciudadanos que sufren la coacción sistemática del Estado pronto descubren que tienen muchas más posibilidades de lograr sus fines si dedican su tiempo, esfuerzo e ingenio humano a tratar de presionar, influir y conseguir ventajas particulares y privilegios del Estado antes que a realizar actividades económicas verdaderamente productivas. La vida social, por tanto, se politiza en extremo, y el proceso espontáneo y armonioso que es propio de la sociedad civil pasa a ser sustituido por un proceso de constante lucha por el poder y en el que el conflicto y las desavenencias entre los distintos grupos sociales pasa a ser la nota más característica y dominante de la vida en sociedad.

En este contexto, los políticos convierten el objetivo de mantenerse en el poder en su máxima guía de actuación, a la que todo lo subordinan, dedicando la mayor parte de su tiempo a crear situaciones en las que ese poder que detentan pueda aumentarse, extenderse y verse justificado. Se explica así el abuso continuo de la propaganda política por parte del poder en la que siempre se intenta dar una versión idílica de los efectos de la intervención gubernamental, todo ello en compañía de los grupos de interés que salgan beneficiados en cada caso, así como con las organizaciones burocráticas, que siempre tienden a sobre-expansionarse y a crear la artificial necesidad de su existencia, exagerando los «beneficiosos» resultados de su intervención y ocultando sistemáticamente los perversos efectos de la misma. Estas intervenciones crean todo tipo de desajustes y conflictos sociales que los políticos siempre achacan a la «falta de colaboración y egoísmo de la ciudadanía». Los conflictos y desajustes se utilizan, a su vez, como un pretexto para justificar ulteriores dosis de intervención aún más profunda y dañina, y así sucesivamente, en un proceso de extensión «totalitaria» del poder político que todo lo pretende invadir.

El fracaso del Estado social se basa, por tanto, en la total ignorancia del intelectual socialista, que cree posible y conveniente recurrir a la violencia estatal para mejorar la sociedad, y ha sido evidenciado por el análisis teórico de economistas y sociólogos que, como Mises, Hayek y el también Premio Nobel Buchanan, han sido capaces de explicar a nivel teórico algo que la experiencia práctica de muchas naciones ya venía poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo. El daño que sobre el entramado de la convivencia ciudadana crea el Estado social es tan grave y profundo, y los mecanismos de su extensión tan sinuosos y corruptores, que no cabe duda de que el Estado social se ha convertido en el verdadero y más peligroso «opio del pueblo» de nuestro siglo. Por ello, la principal obligación moral de todo intelectual amante de la sociedad civil debe consistir en desenmascarar tal sistema, ayudando en todo lo posible a que sus conciudadanos inicien también en Occidente una histórica «perestroika» que, bien por vía evolutiva o revolucionaria, acabe con las grandes dosis de socialismo intervencionista que se han desarrollado en muchos de los llamados países de economía de mercado.