La minería ha sido una actividad ignorada en las altas esferas del poder en Colombia, por tanto las políticas respecto a esta actividad han sido improvisadas y erráticas. Debido a esto la explotación de minerales en Colombia, es demasiado pobre si se compara con la de los demás estados andinos y con países de dimensiones similares en otros continentes. Todo lo referente a minería termina en unas barahúndas mediáticas de gentes desconocedoras del tema. En medio del barullo esta noble actividad ha sido satanizada hasta el punto de considerarla un delito.
El primer factor negativo que afecta la minería en Colombia es el desconocimiento del territorio, grandes zonas del territorio nacional son casi tan desconocidas como la Antártida y las políticas oficiales son hostiles respecto a la exploración privada; los programas exploratorios oficiales son muy limitados y absurdos. En un País que carece de cartografía geológica creíble, donde no hay estudios metalogénicos dignos de mención, solo existe una entidad cuyo propósito, al menos teórico es la investigación geológica básica, el Servicio Geológico Nacional. Esta entidad tiene una nómina técnica mínima, hay más cargos administrativos dedicados a manejar licitaciones. Las directivas de dicha entidad consideran que el trabajo geológico investigativo debe contratarse, olvidando que la geología es una ciencia y la investigación científica no se puede cuadricular. Para licitar investigaciones que requieren poder descubrir nuevos conceptos y tener ideas novedosas no se pueden usar los parámetros de metros cuadrados y kilómetros lineales con que se contrata la pavimentación de calles y carreteras. Esto lo están demostrando los resultados, multitud de mapas y muestreos geoquímicos sin conclusiones, durmiendo en los anaqueles. Las rutinas nunca han llevado a lograr hallazgos de depósitos minerales ni de hidrocarburos. ¿Cuantos yacimientos minerales encontró el Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras en más de 40 años de existencia?
En Colombia, la tramitación minera durante el Siglo XX y lo que ha transcurrido del Siglo XXI, se ha caracterizado por ser un proceso farragoso, complicado y anti-técnico. Sin temor a equivocación se puede afirmar que este ha sido un factor determinante en la atrofia de la actividad minera en el País. Se han improvisado toda clase de organizaciones, en un tiempo la tramitación minera estuvo a cargo de la División de Minas del Ministerio de Minas y Energía, allí un grupo de funcionarios sin experiencia ni conocimiento de la actividad improvisaron toda una serie de trámites, implementaron una serie de formularios cuyo contenido era un monumento a la estupidez, en ellos el solicitante debía especificar cuantas picas y palas iba a usar en la mina. Cuantos metros de cable y sandeces por el estilo. Diseñaron un formulario central (el cual curiosamente subsiste) el PTO, Programa de Trabajos y Obras, por el cual el solicitante presenta un minucioso programa de actividades para cumplirse durante la existencia de la empresa minera (lo cual puede durar 20 o 30 años), especificando producción, consumos, personal empleado, balances económicos, etc. Algo absolutamente absurdo, no hay empresa alguna que pueda garantizar sus actividades a tan largo plazo. Total esta es una espada de Damocles que se cierne sobre el empresario, ya que los funcionarios pueden inspeccionar la mina a los 12 o 18 años y si los parámetros previstos no se están cumpliendo puede multar o cerrar la empresa (una excelente ocasión para ejercer el chantaje).
Hay toda una serie de requisitos absurdos tales como la póliza de seguros ¿Eso para qué? Es tan absurdo que las compañías de seguros son renuentes a expedir las mencionadas pólizas. Carece de sentido la exigencia de nombrar un apoderado. ¿Se justifica la intervención de un abogado en una solicitud minera? frecuentemente esto lleva a que el apoderado termine apoderándose del derecho minero; hay que ver la cantidad de títulos mineros en cabeza de abogados. ¿Acaso los profesionales del derecho hacen exploración minera? En más de una ocasión el mayor detentador de títulos mineros en Colombia ha sido un abogado.
Otro tema odioso para la actividad minera es el del canon superficial. Esta es una exacción absurda para la exploración minera. ¿En un país como Colombia, donde el Gobierno no puede garantizar la seguridad en la mayor parte del territorio nacional, que garantías tiene el inversionista grande o pequeño de poder llevar a cabo una labor exploratoria? De por sí, la exploración minera es un trabajo costoso cuyos resultados son aleatorios, puede hallarse o no mineral o puede ser de un volumen o de un tenor que no permita su explotación económica, en estos casos la inversión está perdida, por tanto, muchos inversionistas mineros pierden su patrimonio, si a esto se agregan cuantiosas sumas de cánones superficiales, eso significa la ruina, el desestímulo a la exploración es total. Pero a lo anteriormente anotado se agregan otros agravantes. Con demasiada frecuencia los proyectos mineros se ven obstaculizados por el ambientalismo, una serie de corporaciones ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente pueden paralizar indefinidamente los proyectos por cualquier pretexto y mientras tanto el empresario debe pagar los cánones superficiales. Por otra parte surge la oposición de las comunidades, grupos indefinidos que puede estancar un proyecto y hundirlo en un pantano de pleitos hasta que se satisfagan sus intereses extorsivos, mientras tanto el empresario debe pagar los cánones. Los alcaldes también pueden declarar zonas de reserva donde hay un proyecto minero y el empresario pierde los cánones superficiales sufragados. Por último y quizás, lo más grave, el empresario paga-canones puede ser secuestrado, extorsionado o asesinado y de esto no lo salvan el apoderado, ni la póliza de seguros ni los cánones superficiales sufragados.
Es muy triste comprobar que el dinero de los cánones superficiales no se destina a mejorar la actividad minera, ni a obras de infraestructura. Según informan en la Agencia Nacional de Minería esos dineros tienen como fin sufragar unas oficinas lujosas y la costosa burocracia de dicha Agencia. Desde hace muchos años se sugirió en el Plan de Desarrollo Minero Nacional que la tramitación minera se hiciera a través de las cámaras de comercio o de las notarías, evitando que como ocurrió en la División de Minas del Ministerio y luego en Ecominas y en Ingeominas, se formen focos de corrupción.
Dentro de las reglas absurdas que han menudeado en la legislación minera se presentó últimamente una disposición exigiendo capacidad económica a quien hace una solicitudminera. Da la casualidad que en Colombia y en el Mundo la mayor parte de los hallazgos mineros los han realizado buscadores de fortuna, exploradores pobres y arriesgados que buscan mejorar sus vidas. Las grandes compañías mineras no buscan yacimientos por sí mismas, compran hallazgos. Pero la burocracia criolla quiere cerrarle esa posibilidad de movilidad social a nuestro garimpeiros.
En países tales como Chile y México hay una interesante clase media minera, pequeños y medianos empresarios criollos que constituyen un importante amortiguador de las tensiones sociales. En Colombia por la forma absurda como se ha manejado el tema, la actividad minera no ha tenido desarrollo y lo poco que hay se reduce a dos o tres empresas grandes y de resto solamente ratoneras. En los últimos veinte años no hay un proyecto minero digno de mención, solamente un estruendoso fracaso, “El Descanso”; en cambio se presenta una obsesiva satanización de la minería por parte de los ambientalistas, con un eco desmedido en los medios de comunicación.
Geólogo
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