Borrón y Cuenta Nueva?

Tomado del Periódico DEBATE

Libardo Botero C.                                              

El triunfo del NO el pasado domingo volvió al país a la vida. No fue un triunfo pírrico. Vencer la trampa de una pregunta engañosa, de la avalancha de publicidad oficial, de las presiones, de los halagos, de la persecución y del amedrentamiento, fue una gesta heroica. 

Aparentemente solo un poco más de media Colombia se manifestó en las urnas rechazando el fatal acuerdo de La Habana, presentado como si fuera la “paz estable y duradera”. No es así. Si se hubiera preguntado por cada uno de sus componentes, si el NO hubiera tenido la misma oportunidad en los medios, si se hubieran otorgado garantías plenas, la victoria hubiera sido aplastante. No es media Colombia, es mucho más, mucho más, la que forcejea valerosamente para evitar que el país sea llevado al desbarrancadero.

El gobierno y sus áulicos, y por supuesto las Farc, sufrieron una ominosa derrota. Se creyeron su propia estafa y se sentían victoriosos. Ahora deben pagar las consecuencias, así hagan hasta lo imposible por desvirtuar o desdibujar el triunfo popular, y forcejeen por tratar de enlodar el veredicto. No solo tendrán que reversar el monstruoso proyecto entreguista, sino sufrir las consecuencias políticas de su insensatez y villanía, de suerte que el país enrumbe su destino y no vuelva a caer en la fatal celada que se le había tendido. Colombia no está en crisis. Al contrario, logró salvarse de una encerrona fatal y se dirige a restablecer los auténticos valores democráticos que la han regido. Los que están en crisis, en dificultades, son los que salieron derrotados, pues su estrategia fracasó estruendosamente.

Pero en el momento lo que domina el panorama es el asunto de la suerte de los acuerdos de “paz” como consecuencia del plebiscito. Me asalta la duda de si de lo que se trata es de “renegociar”, es decir, volver a negociar sobre lo mismo. Mi duda parte de una convicción, que resumió el ex presidente Andrés Pastrana en una frase lapidaria: “el acuerdo no existe, dejó de existir legalmente”. A lo sumo, reiteró, “es un documento muy importante de consulta”. El Acto Legislativo para la Paz que, pese a estar demandado fue promulgado y está vigente, estableció que el Acuerdo Final con las Farc solo entraría en vigencia si se refrendaba en el plebiscito. Luego ha muerto. Fue sepultado por el plebiscito. “Renegociarlo” es como tratar de traerlo de nuevo a la vida.

Entonces, más que “renegociar” ese acuerdo, lo que se impone es construir un nuevo marco para el desarme, desmovilización y reinserción de los grupos al margen de la ley, que sea aceptable para la mayoría de los colombianos. A eso está obligado el gobierno y la coalición oficial, escuchando a los voceros del NO y retomando sus criterios. Ese fue el mandato de las urnas. Materializado ese consenso, para atender la voluntad popular, las Farc (y el Eln) verán qué hacen: si lo reconocen y reafirman su presunto interés de convertirse en una fuerza política dentro de los parámetros de la democracia, o persisten en su aventura violenta. Mientras tanto, el país está de acuerdo en que se prolongue el “cese al fuego” y se les otorgue seguridad a los guerrilleros de las Farc, buscando que se concentren rápidamente en las “zonas veredales”, con acompañamiento de la Onu.

Paradójicamente, quien expresó hace dos días esta idea de no “renegociar”, con gran acierto, fue el ex ministro Juan Camilo Restrepo -uno de los más reconocidos defensores del SÍ-, para resolver el impasse político existente. A su juicio no cabe volver a negociar, como se hizo hasta ahora con las Farc, pues éstas no cederían y prolongarían indefinidamente cualquier diálogo; ni es aconsejable acudir a una Constituyente, que sería un salto al vacío “de impredecibles consecuencias”. Lo más indicado sería que un acuerdo político nacional (como el que se empieza a vislumbrar con los acercamientos entre las grandes fuerzas políticas) geste los elementos necesarios para alcanzar el cese del “conflicto”, y sea puesto en vigencia a través del Congreso, escuchando previamente las observaciones y sugerencias de las Farc y el Eln, pero sin sujetarlo a negociaciones con ellos. Se acatarían así, no solo el mandato soberano del pueblo, sino también “las directrices que trazó la Corte Constitucional en su fallo sobre el plebiscito”, remata Restrepo. Así pueda parecer radical, esa sería una salida sensata y práctica.

La tarea de construir un nuevo marco legal de todos modos será ardua. Porque el tamaño de las concesiones y claudicaciones de Santos y sus delegados fueron monumentales. En suma, habría que retrotraer la materia a lo esencial: solo las condiciones para el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de los terroristas, dentro de unos postulados racionales de “justicia transicional”. Todo lo que escape a ese propósito debería ser desechado. Dentro de esa óptica, y teniendo en cuenta las principales objeciones a lo convenido en Cuba en estos cuatro años pasados, y la experiencia del pasado, las pautas básicas podrían ser las siguientes.

En primer lugar, es inaceptable que se piense siquiera que estamos ante “acuerdos especiales” según los Convenios de Ginebra, dizque equivalentes a tratados internacionales y supuestamente incorporables al “bloque de constitucionalidad” con su sola firma. Cualquier medida que se requiera para concretar ese proceso de desmovilización, se tiene que verificar a través del órgano legislativo o el ejecutivo, según corresponda, de manera autónoma y soberana, y luego de la indispensable discusión pública.

En segundo lugar, deben descartarse todo tipo de temas que no conciernan al desarme y la desmovilización de los terroristas. El desarrollo rural, la política antidrogas, la participación política y el régimen electoral, la corrupción, la planeación, la familia, la seguridad, entre otros, que fueron tocados en La Habana, corresponden a la esfera de las decisiones democráticas que conciernen a todos los colombianos y deben decidirse en el ámbito de las instituciones establecidas para ello; de ninguna manera pueden pactarse con criminales, en conciliábulos, ni mucho menos en los términos que ellos fijen y como condición para dejar de matarnos.

Una de las grandes equivocaciones del gobierno de Santos fue haber admitido discutirlos en la mesa, aceptando que el terrorismo obedece a desajustes sociales y políticos que es necesario corregir para eliminar las causas del flagelo. Descargar a los nuevos parámetros de estos componentes improcedentes, evitaría innecesarias y farragosas discusiones, y los centraría en lo útil y apropiado. A lo sumo, en prueba de la tolerancia democrática, se podría aceptar que esos puntos elaborados en La Habana, como “documentos de consulta”, podrían ser insumos, objeto de estudio y análisis en instancias previstas para el efecto, como foros u otros mecanismos, con participación de los interesados (como los gremios agropecuarios en el caso del desarrollo rural, verbi gracia); y que, si en ese proceso se generan coincidencias, pues que se presenten al Congreso los proyectos de reforma pertinente. De no ocurrir esas convergencias, de todos modos, el partido político que resulte de la reincorporación de las Farc (y del Eln, si es del caso) tendrá siempre la potestad de presentar los proyectos de ley y de reforma constitucional que estime conveniente, incluyendo los temas tratados en Cuba u otros, de acuerdo a sus inclinaciones ideológicas. Y nuestros cuerpos legislativos decidirán.

En tercer lugar, cualquier proceso de desarme y desmovilización debe sujetarse a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y a los preceptos de nuestro ordenamiento constitucional y legal, así como los tratados internacionales de los que Colombia es signatario. Miremos cada punto.

Empecemos por la justicia. Si se quiere crear una jurisdicción especial, debe quedar (como lo fue la establecida con la Ley de Justicia y Paz, que sigue vigente y el Fiscal Martínez estima que podría servir para reencausar el proceso actual) incorporada a nuestro ordenamiento judicial, sometida a las jerarquías e instancias del mismo, a los principios constitucionales y a nuestros códigos, salvo las excepciones que se convengan, como beneficios en las penas impuestas. No pueden sus tribunales y magistrados ser extranjeros ni designados en acuerdo con los criminales. Y solo debe cobijar a las guerrillas. Los militares deben tener, como lo sugiere el ex presidente Álvaro Uribe, “alivios sin impunidad”, otorgados por el Congreso, y no estar sujetos a la misma jurisdicción.

Deberá otorgarse indulto y amnistía, como lo permite la Carta Política, a los guerrilleros que solo estén incursos en los llamados “delitos políticos”, como la “rebelión”. El ex presidente Uribe ha recordado en esta semana que aún está vigente el Marco Jurídico para la Paz (MJPP), que hizo aprobar el gobierno de Santos, y que permite que el Congreso por medio de ley establezca cuáles son los delitos “conexos” con el de rebelión, que puedan ser objeto de ese perdón. Si bien podrían incluirse algunos delitos comunes, lo que el país repudia es, sobre todo, que el secuestro y el narcotráfico sean incorporados en esa categoría, como quedó implícitamente acordado en Cuba. Es una “línea roja” que no puede correrse de ninguna manera.

Para los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, como lo estipula el Tratado de Roma y contempla el MJPP, está prohibida la amnistía y el indulto. Aquí solo caben condenas efectivas con penas privativas de libertad. En lo que hay consenso nacional es en que las penas establecidas por nuestros códigos se reduzcan, como se hizo en la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Uribe, por ejemplo, a solo 5 u 8 años de cárcel. Pero el país repudia la impunidad disfrazada acordada en La Habana, de solo “sanciones” (que no penas) como “restricciones” a la residencia o al movimiento, que no solo eran simbólicas, sino que podían ser desconocidas por un comité paritario (gobierno-Farc) encargado del “monitoreo” de las “sanciones”. Otra “línea roja” infranqueable. El verdadero blindaje jurídico de cualquier proceso es el acatamiento estricto a la normatividad internacional y nacional.

De igual modo, la inmensa mayoría de los colombianos está en desacuerdo con que a los criminales condenados por delitos atroces se les otorguen plenos derechos políticos, como el de ser elegidos, nombrados para cargos públicos o de contratar con el Estado. Eso lo prohíbe la Constitución, pero lo permitía el Acuerdo Final del gobierno y las Farc. Algunos han sugerido flexibilizar la norma, en el sentido de permitir esa participación política luego de cumplidas las condenas. El problema es que no podría ser solo para las guerrillas, sino que se haría extensivo a todo el espectro de criminales (como paramilitares, narcotraficantes, etc.), y que sentaría el desestabilizador precedente de que delinquir paga.

En cuanto a la verdad, la precisión esencial es que ella deberá emanar, naturalmente, de los estrados judiciales, donde los criminales estarán obligados a revelar todos sus desafueros, para ser merecedores de los beneficios, y se contará con el testimonio de las víctimas y afectados. Si se ha de apelar a la creación de una Comisión de la Verdad, debe partir de ese insumo primordial, de ninguna manera pueden intervenir en su configuración los delincuentes, y sus integrantes fundamentales deben ser las víctimas.

En cuanto a la reparación, el reclamo general es que las Farc aporte su cuantiosa riqueza mal habida para la reparación material de las víctimas. También, sin duda, manifestar su sincero arrepentimiento y pedir (no ofrecer) perdón. Y, respecto a la “no repetición”, lo crucial es que las Farc determinen pública y firmemente que no volverán a utilizar la violencia para fines políticos. En cuanto al Estado, es urgente que de una vez por todas se eliminen los atenuantes penales del “delito político”, y se establezcan severas penas para ellos, a fin de disuadir a sus posibles autores de volver a atentar violentamente contra las instituciones democráticas.

Por último, hay que tener en cuenta las condiciones de reintegración de las guerrillas a la vida civil. Además de la cesación de sus actividades criminales, de la consiguiente devolución de los menores reclutados, de los secuestrados en su poder, de su abandono del narcotráfico y la extorsión, el primer paso tiene que ser la entrega de las armas. Posiblemente el mecanismo acordado, de concentración en algunas veredas y luego entrega de las armas a la Onu, sea el indicado para el efecto. Luego de cumplido, podrán las Farc (y el Eln si acoge un procedimiento similar) pasar a convertirse en partido o movimiento político legal. Incluso, como lo ha aceptado el mismo ex presidente Uribe, se les podría otorgar temporalmente unas curules (del estilo de las diez de que habla el Acuerdo, pero suprimiendo las “circunscripciones especiales” a la Cámara). Y habría que otorgarles toda la protección y garantías necesarias para reincorporarse a la sociedad. En todo caso, su participación política tiene que darse en condiciones de igualdad, sin ninguna ventaja absurda sobre los demás partidos (ni emisoras, ni presupuestos abultados, ni órganos de seguridad propios, ni excepciones al umbral, etc.).

Tiene razón el ex presidente Pastrana: el tal acuerdo final no existe, ha muerto. Simplemente démosle cristiana y piadosa sepultura.