25 Marzo, 2013
Sam tiene un problema. Tiene varios sobrinos muy pobres. Trabaja con una organización benéfica para ayudarles, pero la organización necesita más fondos. Así que Sam empieza a exigir dinero a sus vecinos para dárselo a la caridad. Si alguien se niega a contribuir, Sam secuestra a esa persona y la encierra en una celda.
Aunque donar a la caridad es algo admirable, así como el esfuerzo de cuidar de sus sobrinos, casi todos los que escuchan esta historia encuentran impermisible el programa de extorsión de Sam. Esto incluye tanto a Demócratas como a Republicanos, a gente que cree en una obligación moral personal de donar a la caridad, e incluso a gente que tiene una teoría de la “justicia distributiva”, que dice que la distribución actual de riqueza en nuestra sociedad es injusta porque los pobres tienen demasiado poco.
Curiosamente, no obstante, muchas de las personas que están de acuerdo en la impermisibilidad del comportamiento de Sam apoyan comportamientos aparentemente análogos por parte de cierto otro Tío Sam. Algunos piensan que no es sólo permisible sino obligatorio que el estado se apropie coactivamente de fondos para ayudar a los pobres.
Esta es sólo una de las muchas actividades del gobierno que son generalmente aceptadas a pesar del hecho de que un comportamiento aparentemente análogo sería condenado si otro lo llevase a cabo. Otros dos ejemplos: aquellos que matan a gran cantidad de personas para tratar de lograr algún cambio político son llamadas “terroristas” y son ampliamente condenadas, sin importar si sus objetivos son o no deseables… salvo que trabajen para un gobierno, en cuyo caso se les llama “soldados” y pueden ser aclamados como héroes. Cuando un individuo es obligado a trabajar para otro, hablamos de “trabajo forzado” o “esclavitud” y la mayoría lo considera injusto… salvo que sea algo impuesto por un gobierno, en cuyo caso puede llamarse “conscripción”, “servicio militar” o “deber de ser jurado”.
Las cuestiones filosóficas con las que comienzo mi libro The Problem of Political Authority, pues, son éstas: ¿Qué da al gobierno el derecho a comportarse de maneras que consideraríamos malas si fuese otro agente el que se comportase así? ¿Y por qué deberíamos obedecer los mandatos del gobierno?
Teorías Fallidas de la Autoridad
La primera parte del libro trata las que considero las respuestas más importantes a estas preguntas. Por ejemplo, suele decirse que el gobierno obtiene sus poderes de un “contrato social”, mediante el cual el pueblo le concede estos poderes especiales al gobierno. El único problema con esta teoría es que es absolutamente falsa. No he acordado tener un gobierno, pagar impuestos, u obedecer las leyes del gobierno.
Se han sugerido varias maneras por las que, a pesar de mis protestas, realmente he dado mi consentimiento para todas esas cosas. Aquí mencionaré una, porque es la que suele escucharse más a menudo al tratar este tema. Me refiero a la idea de que he acordado “implícitamente” tener un gobierno simplemente al residir dentro del territorio del gobierno. (“¡Si no quieres un gobierno, simplemente vete a la Antártida!”) En pocas palabras, el problema con esta idea es que presupone que el estado posee todo el territorio sobre el que se arroga jurisdicción, o que por alguna otra razón tiene el derecho a excluir gente de esa área. Pero no hay manera de establecer que el estado tenga ese derecho, salvo que uno ya haya mostrado que el estado tiene autoridad legítima. Esto por tanto no puede presuponerse en un argumento destinado a establecer la autoridad del estado. En este caso, la afirmación del estatista parece análoga a la del líder de una pandilla de extorsionadores que afirma que sus víctimas han aceptado voluntariamente pagarle dinero simplemente al vivir en sus propias casas. Hay otras maneras por las que los entusiastas del contrato social afirman que hemos aceptado el contrato social, pero como explico en el libro, cada una de ellas sucumbe ante objeciones igualmente demoledoras, que muestran que el contrato social no satisface los principios generalmente aceptados de los contratos reales y válidos.
Otra idea popular es que, en las naciones democráticas (la mitad del mundo hoy en día), el proceso democrático confiere autoridad al gobierno. La motivación detrás de esta visión es inicialmente intrigante. Recordemos que el problema es explicar por qué el estado puede llevar a cabo acciones que se considerarían violaciones de derechos si cualquier otro las llevase a cabo. Típicamente, si algún tipo de acción viola los derechos de alguien – por ejemplo, robos, secuestros o asesinatos – la acción no se convertirá en éticamente permisible y no violadora de derechos si un gran número de personas apoyan la acción en vez de oponerse. Si estás en un grupo de amigos y cinco de ellos deciden robarte, mientras que sólo tres se oponen a ello, el voto mayoritario no hace éticamente permisible robarte. Igualmente, incluso si toda ley fuese directamente autorizada por un referéndum popular de todos los afectados por la ley, no está claro por qué esto legitimaría una ley que de otra manera hubiese sido una violación de derechos. Las cosas se vuelven más complicadas en una sociedad en la que vota una minoría de la gente, y votan simplemente para elegir a representantes que pueden o no cumplir sus promesas, y hacer o no lo que sus votantes querían.
¿Pero no tiene el gobierno que coercionarnos de la manera en la que lo hace para poder existir, tal que puede proporcionar ley y orden? ¿Y sin gobierno no degeneraría la sociedad en una guerra constante de todos contra todos? Lo primero que hay que decir de este argumento es que como mucho justificaría una pequeña minoría de todos los poderes que se arroga cualquier estado moderno. Quizá el gobierno pueda hacer leyes contra la violencia y el robo y proporcionar un sistema judicial para resolver disputas para prevenir una guerra Hobbesiana de todos contra todos. ¿Pero por qué debe el gobierno controlar qué drogas puedes meter en tu cuerpo, qué salarios puedes pagar a tus empleados, cuánto trigo puedes cultivar en tu granja y si debes comprar o no un seguro médico? ¿Por qué debe subsidiar a los gigantes agrícolas, enviar cohetes a Marte, subvencionar las artes, dar préstamos escolares y mantener su propio sistema educativo? La pregunta no es “¿Por qué esos programas son beneficiosos?” La preugunta es,” ¿Cómo se justifican esos programas a partir de la amenaza de la guerra Hobbesiana que supuestamente resultaría de la anarquía?”.
Cierto, a veces es necesario emplear la coerción para evitar que ocurra algún desastre. Pero al hacerlo, uno no tiene éticamente permitido continuar usando la coerción más allá del mínimo necesario para evitar ese desastre. Si realmente estamos bajo la amenaza de algún tipo de guerra Hobbesiana, entonces el estado tendría justificado el empleo de la mínima violencia necesaria para evitar que ocurra el estado de guerra. Esto no justificaría su continuado empleo de la coerción cuando le apetece, o cuando cree que puede lograr algún beneficio al hacerlo.
No puedo discutir aquí todas las teorías de la autoridad tratadas en el libro. Pero lo arriba expuesto debería dar una idea general del método seguido.
Ahora, si como afirmo, toda teoría de la autoridad política falla, ¿Qué conclusión política deberíamos extraer? Si no hay autoridad política, esto no significa que debamos abolir el estado. Dado que este punto suele malinterpretarse, vale la pena repetirlo: la pregunta de la autoridad política no es “¿Deberíamos tener gobierno?” La pregunta es: ¿Debería el gobierno estar sujeto a las mismas restricciones morales que se aplican al resto de agentes privados? El fracaso de las teorías de la autoridad política significa que debemos aplicar al estado los mismos estándares morales que aplicamos a agentes privados. Si un agente privado no tiene justificación para usar la coerción para lograr una meta particular, entonces el estado tampoco tiene justificado emplear la coerción para lograr ese objetivo. Así, por ejemplo, si es impermisible para un individuo o empresa privada secuestrar y encarcelar gente por consumir sustancias perjudiciales para la salud, entonces también es impermisible para el estado hacer eso.
Como el ejemplo anterior sugiere, el rechazo de la autoridad conduce a una visión política esencialmente libertaria. Esto es porque la moralidad del sentido común – compuesta por los principios éticos que casi todo el mundo aplica a agentes no gubernamentales – tiende a oponerse fuertemente a la coerción en una gran variedad de circunstancias. Si aplicamos al estado las mismas limitaciones éticas que aplicamos a los demás, casi todo el mundo sería un libertario.
Anarco-capitalismo
Pero la mayoría de la gente, si rechazan la idea de la autoridad política, se convertirían sólo en libertarios minarquistas; no se convertirían en anarquistas. Esto es porque la mayoría de la gente tiene una serie de creencias factuales del estilo de “la anarquía nunca podría funcionar” y “la anarquía conlleva constante violencia y caos.” Muchos de aquellos que rechazan directamente la anarquía, no obstante, no saben lo que de hecho dicen las teorías anarquistas.
En la segunda mitad de The Problem of Political Authority, considero cómo podría funcionar una sociedad anarquista, concretamente una sociedad “anarco-capitalista”. En esta sociedad, los servicios hoy provistos por la policía gubernamental serían provistos por agencias de protección competitivas, contratadas tanto por individuos como por asociaciones de propietarios. Las agencias de protección, sabiendo que la violencia es la forma más cara de resolver disputas, requerirían que sus clientes buscasen soluciones pacíficas a sus disputas con otros individuos. Las agencias evitarían proteger a aquellos que iniciasen a propósito conflictos con otros o se negasen a buscar soluciones pacíficas; cualquier agencia que actuase de manera contraria se encontraría incapaz de competir en el mercado debido a los crecientes costes provocados por sus problemáticos clientes. Los servicios hoy provistos por juzgados gubernamentales podrían ser provistos por arbitradores privados, contratados por individuos que tienen disputas entre sí. La ley, en vez de ser hecha por un legislativo, sería hecha por los arbitradores, de igual manera en la que se desarrolló el sistema de la common law Británica.
En el libro contesto a varias objeciones a esta visión de la sociedad, que no puedo desarrollar en este espacio. Aquí sólo quiero enfatizar unas observaciones muy generales. Para empezar, el sistema anarco-capitalista no está tan lejos de nuestro sistema como inicialmente podría pensarse. En concreto, los anarquistas libertarios no proponen un mundo sin ley, ni proponen eliminar las funciones de la policía y los juzgados. Los libertarios anarquistas simplemente creen que la provisión de ley y orden podría estar mejor estructurada de una manera diferente. El mecanismo anarco-capitalista para proporcionar ley difiere del gubernamental en dos puntos clave. La primera diferencia es la voluntariedad en contraposición a la coercividad: en el sistema anarco-capitalista, la gente elige contratar agencias de protección y arbitraje, firmando contratos de verdad con ellos. En el sistema gubernamental, simplemente se fuerza a los individuos a comprar los servicios estatales. La segunda diferencia es una de competición en contraposición a monopolio: en el sistema anarco-capitalista, los protectores deben competir con proveedores alternativos del mismo servicio. En el sistema gubernamental, un proveedor posee un monopolio. El fundamento central práctico del anarco-capitalismo es que un sistema voluntario y competitivo para proporcionar seguridad es superior a un monopolio coercitivo.
Muchos encuentran la visión anarco-capitalista problemática, especialmente por desconfianza hacia las grandes empresas. Haré una sugerencia para reflexionar. Imaginemos que alguien propone que la clave para establecer la justicia social y mantener a raya la avaricia corporativa es establecer una empresa muy grande, mucho más grande que cualquier empresa conocida – una con beneficios en el orden de los trillones de dólares. Una empresa que tuviese un monopolio sobre algún mercado extremadamente importante dentro de nuestra sociedad. Y que usase ese monopolio en ese mercado para extender su control a otros mercados. Y contratase hombres armados para obligar a sus clientes a comprar sus productos a cualquier precio que quisiera. Y que periódicamente bombardease a los empleados y clientes de las empresas en otros países. ¿En base a qué teoría podríamos confiar en que esta empresa, entre todas las demás, sirviese a nuestros intereses y nos protegiese tanto de los criminales como de otras empresas? Si alguien propusiese establecer una empresa así, ¿Te tranquilizarías en el momento en el que descubres que cada adulto recibirá una acción de la empresa, dándoles derecho a votar a los miembros del equipo directivo? Si no, ¿Es el sistema gubernamental realmente tan diferente de ese escenario para explicar por qué podemos confiar en un gobierno nacional para que sirva y proteja desinteresadamente al resto de la sociedad?
Publicado originalmente en Cato Unbound. Traducido del inglés por José Luis Ricón Fernández. Veasé también el libro de Michael Huemer, The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey.
No comments:
Post a Comment