1. Una condición de la libertad en la que todos pueden utilizar sus propios conocimientos para sus propios fines, con únicamente las limitaciones de las normas de conducta de aplicación universal, es probable que produzca para todos las mejores condiciones para lograr sus respectivos objetivos. Este sistema es probable que se logre y mantenga únicamente si toda la autoridad, incluida la de la mayoría de las personas, limite el ejercicio del poder coercitivo a principios generales con los que la comunidad se haya comprometido. La libertad individual, en todos los lugares en los que ha existido, ha sido en gran parte el producto del respeto imperante a dichos principios que, sin embargo, nunca han sido plenamente articulados constitucionalmente en los documentos. La libertad se ha preservado durante largos períodos de tiempo debido a que esos principios percibidos vaga y tenuemente, han regido la opinión pública. Las instituciones mediante las cuales los países del mundo occidental han tratado de proteger la libertad individual contra la progresiva invasión por parte del gobierno, siempre han demostrado ser insuficientes cuando se transfieren a condiciones en las que estas tradiciones no prevalecen y no han aportado una suficiente protección contra los efectos de los nuevos deseos que, incluso entre los pueblos de Occidente, con frecuencia dominan de una manera más importante que las antiguas concepciones -concepciones que hicieron posible los períodos de libertad, cuando estos pueblos lograron sus actuales posiciones.
No voy a intentar aquí hacer una completa definición de la expresión “libertad” o expandirme respecto a la razón por la cual la libertad es tan importante, lo que ya he intentado en otros lugares. Pero sin embargo, hay que decir unas pocas palabras a propósito de por qué prefiero la corta fórmula con la que describí anteriormente la condición de la libertad como un estado en el que cada uno puede utilizar sus conocimientos para sus propios fines frente a la clásica frase de Adam Smith de “cada hombre, siempre y cuando no viole las leyes de la justicia, [siendo] dejado completamente libre de perseguir sus propios intereses en su propio camino”. La razón de mi preferencia es que esta última fórmula sugiere innecesaria e infortunadamente, y sin pretenderlo, una relación entre los argumentos a favor de la libertad individual y el egoísmo. La libertad para perseguir los propios objetivos es, de hecho, tan importante para el completo altruista como para los más egoístas. El altruismo es una virtud y sin lugar a dudas no presupone que uno tenga que obedecer la voluntad de otra persona. Pero es cierto que mucho del pretendido altruismo consiste en un deseo de hacer que los otros sirvan a otros fines que el “altruista” considera importantes.
No es necesario considerar aquí una vez más el hecho innegable de que los efectos benéficos que tienen sobre los otros nuestros esfuerzos, con frecuencia son visibles sólo si actúa como parte del esfuerzo concertado de muchos, de conformidad con un plan coherente y que, a menudo, puede resultar difícil para el individuo aislado hacer algo contra los males que lo afectan profundamente. Por supuesto, es parte de su libertad que para tales fines, se una o cree organizaciones que le permitan tomar parte en una acción concertada. Y auncuando algunas de las metas del altruista sean viables sólo mediante la acción colectiva, los fines puramente egoístas muchas veces se logran a través de esto. No hay ninguna conexión necesaria entre el altruismo y la acción colectiva, o entre el egoísmo y la acción individual.
2. Del concepto de que los beneficios de la civilización reposan sobre el uso de más conocimientos de los que puedan utilizarse en cualquier esfuerzo concertado deliberadamente, se deduce que no está en nuestras manos construir una sociedad deseable simplemente mediante la reunión de elementos particulares que parezcan deseables por sí mismos. Auncuando probablemente todas las mejoras beneficiosas sean poco sistemáticas, si las medidas independientes no están guiadas por un cuerpo coherente de principios, el resultado será probablemente una supresión de la libertad individual.
La razón de esto es muy simple aunque en generalmente no se entienda. Dado que el valor de la libertad se basa en las oportunidades que ofrece para realizar acciones imprevistas e imprevisibles, rara vez sabemos lo que perdemos con una restricción particular de la libertad. Cualquiera de estas restricciones, cualquier coerción diferente a la aplicación de las normas generales, buscará el objetivo de lograr resultados particulares previsibles, pero lo que se evita generalmente se desconocen. Los efectos indirectos de cualquier intromisión en el orden del mercado serán visibles de cerca y claramente en la mayoría de los casos, pero sin embargo los efectos indirectos más remotos en la mayoría de los casos se desconocerán y, por tanto, no se tendrán en cuenta. Nunca vamos a ser conscientes de todos los costos de la consecución de resultados particulares producto de esa intromisión.
Y así, cuando decidimos cualquier asunto exclusivamente con base en lo que parecerían ser sus méritos individuales, siempre sobreestimamos las ventajas de una dirección central. Nuestra elección comúnmente parecerá ser una entre una ganancia conocida y tangible y la simple probabilidad de alguna forma desconocida de impedir una acción beneficiosa llevada a cabo por personas desconocidas. Si la elección entre libertad y coacción se trata como una cuestión de conveniencia, la libertad está destinada a ser sacrificada en casi todos los casos. Como en el caso particular en el que casi nunca se sabe cuáles serán las consecuencias de permitir a la gente hacer su propia elección, tomar la decisión en cada caso dependiendo sólo de los resultados particulares previsibles, debe conducir a la destrucción progresiva de la libertad. Probablemente hay pocas restricciones a la libertad que no puedan justificarse sobre la base de que no sabemos las pérdidas particulares que causaría.
Que la libertad sólo se pueda preservar si se le trata como un principio supremo que no debe ser sacrificado para ventajas particulares fue comprendido por los principales pensadores liberales del siglo XIX, uno de los cuales (B. Constant) describe el liberalismo como “el sistema de principios”. Esta es también la carga de las advertencias relativas a “lo que se ve y lo que no es visto en la economía política” (F. Bastiat) y del “pragmatismo que, contrariamente a las intenciones de sus representantes inexorablemente lleva al socialismo”(C. Menger).
Sin embargo todas estas advertencias fueron lanzadas al viento y la progresiva eliminación de los principios y la determinación cada vez mayor durante los últimos cien años para proceder pragmáticamente, es una de las más importantes innovaciones en la política social y económica. Que debamos renegar de todos los principios, de los “ismos”con el fin de lograr un mayor dominio sobre nuestro destino se proclama hoy en dia como la nueva sabiduría de nuestro tiempo. Aplicar las “técnicas sociales” a cada tarea para buscar su solución más adecuada, sin restricciones por las creencias dogmáticas, parece a algunos la única manera de proceder digna de una era racional y científica. Las “ideologías” es decir, los conjuntos de principios, se han convertido en general en tan impopulares como siempre lo han sido con los aspirantes a dictadores como Napoleón o Karl Marx, los dos hombres que dieron a esta palabra su sentido peyorativo moderno.
Si no me equivoco, este desprecio a la moda por la “ideología” o por todos los principios generales o “ismos”, es una actitud característica de los socialistas desilusionados quienes, como consecuencia de haberse visto obligados por las contradicciones inherentes de su propia ideología, para superarlo llegaron a la conclusión de que todas las ideologías son erróneas y que para ser racional hay que prescindir de ellas. Pero es una imposibilidad guiarse únicamente por propósitos explícitos particulares que cada uno acepte conscientemente, imaginando que esto sea posible, y rechazar en general todos los valores que no demuestren conducir a resultados deseados (o guiarse únicamente por lo que Max Weber llama “racionalidad con finalidad”). Auncuando es cierto que la ideología es algo que no se puede “probar”(o demostrar que es verdad), bien puede ser algo cuya aceptación generalizada sea la condición indispensable para la mayoría de las cosas por las que nos esforzamos.
Los autoproclamados “realistas” modernos sólo tienen desprecio por la antigua recomendación de que si uno comienza a interferir sin sistema en el orden espontáneo del mercado no existe un punto posible para detenerse y que por lo tanto es necesario elegir entre sistemas alternativos. A estas personas les agrada pensar que procediendo experimentalmente y por tanto “científicamente” van a tener éxito en implementar de manera poco sistemática el orden deseado eligiendo para cada resultado deseado lo que la ciencia les muestre ser el medio más adecuado para lograr lo buscado.
Dado que las advertencias contra este tipo de procedimiento han sido con frecuencia mal entendidas, como lo fue uno de mis precedentes libros, es conveniente extenderme un poco sobre el tema. Lo que intento refutar en El camino hacia la condición de siervo, no es de ninguna manera que nos alejemos cada vez, auncuando sea ligeramente, de lo que considero como los principios de una sociedad libre y que seamos inevitablemente lanzados sin remedio hacia el camino de un sistema totalitario, sino que es más bien lo que en lenguaje más familiar expresamos cuando nos dicen: “Si no se enmiendan se van a ir al infierno”. Que esto a menudo se haya entendido como la manera de describir el proceso necesario por el cual perdemos todo poder una vez que nos hayamos embarcado en él, es simplemente una indicación de la poca importancia que se entiende que tienen los principios para la determinación de la política, y en particular, cómo se pasa completamente por alto el hecho fundamental de que nuestras acciones políticas involuntariamente producen la aceptación de principios que harán necesaria la adopción de nuevas medidas. Lo que estos irrealistas modernos “realistas” que se enorgullecen de la modernidad de su punto de vista, pasan por alto, es que están defendiendo algo que la mayoría del mundo occidental ha venido haciendo durante las últimas dos o tres generaciones y que es responsable de las condiciones política actual. El fin de la era de los principios liberales que podría fecharse en el momento en el que WS Jevons (1882) declaró que en la política económica y social “podemos establecer reglas no muy duras ni estrictas, sino que se debe tratar cada caso en detalle y según sus méritos”. Diez años más tarde Herbert Spencer podría ya hablar de la “escuela política reinante” para la cual “en cada doctrina se muestra nada menos que el desprecio por lo que implica restricciones en las actuaciones de la conveniencia inmediata” o que se basa en “principios abstractos”.
Esta opinión “realista” que domina desde hace tanto tiempo la política, no ha producido los resultados que sus defensores deseaban. En lugar de haber logrado un mayor dominio sobre nuestro destino nos encontramos cada vez más frecuentemente comprometidos con un camino que no hemos elegido deliberadamente y estamos enfrentados a la "inevitable necesidad” de adoptar nuevas medidas que, auncuando nunca se desearon, son el resultado de lo que hemos hecho.
3. El argumento frecuentemente expresado de que ciertas medidas políticas son inevitables tiene un doble aspecto curioso. Con respecto a los acontecimientos aprobados por los que emplean este argumento, se acepta fácilmente y se utiliza para justificar las acciones. Pero cuando los acontecimientos toman un giro indeseado, la propuesta de que este no es el efecto de circunstancias fuera de nuestro control, sino la consecuencia de decisiones anteriores se rechaza con desprecio. La idea de que no somos totalmente libres para elegir cualquier combinación de características que deseemos que nuestra sociedad posea, o para adaptarlas en un todo viable, es decir, que no podemos construir un determinado orden social deseado, como si fuera un mosaico seleccionando cualquiera de las piezas que más nos agraden y que muchas medidas bien intencionadas puedan tener una larga cola de consecuencias imprevisibles e indeseadas, parece ser intolerable para el hombre moderno. El hombre moderno ha sido enseñado a creer que lo que ha hecho también puede ser modificado a voluntad para adaptarlo a sus deseos y que, inversamente, lo que se ha alterado en primera instancia tiene haber sido hecho deliberadamente. El hombre moderno no ha aprendido que esa ingenua creencia se deriva de la ambigüedad de la palabra “hacer”que pueden incluir no sólo productos deliberados sino también los efectos no intencionales de la acción humana.
De hecho, por supuesto, la principal circunstancia que hará que algunas de las medidas parezcan inevitables es que normalmente son el resultado de nuestras acciones pasadas y de las opiniones de la actualidad. La mayoría de las “necesidades” de la política son de nuestra propia creación. Yo soy suficientemente grande como para que los mayores me digan una vez más que ciertas consecuencias de su política que yo predije nunca sucederán y luego, cuando aparezcan, que me digan los jóvenes que de todas maneras era inevitable que éstas aparecieran y bastante independientes de lo que se hubiera hecho.
La razón por la cual no podemos lograr un todo coherente simplemente poniendo juntos cualquier serie de elementos que consideremos que son los apropiados para un arreglo particular dentro de un orden espontáneo, dependerá de todo lo demás y de que cualquier cambio particular que hagamos en él influirá en el efectos de la adopción de cualquier nueva medida. La experiencia con un acuerdo particular dentro de un marco institucional nos dice muy poco acerca de cómo se aplicaría en un entorno diferente. Un experimento sólo puede decirnos si alguna de las innovaciones encaja o no dentro de un determinado marco. Pero la esperanza de que podamos construir un orden coherente mediante la experimentación casual, con soluciones particulares para cada uno de los problemas individuales y sin seguir los principios rectores es una ilusión. La experiencia nos dice mucho acerca de la efectividad de diferentes sistemas sociales y económicos como un todo. Pero un orden de la complejidad de la sociedad moderna no puede ser designado como un todo, ni por la configuración de cada parte por separado sin tener en cuenta el resto, sino únicamente mediante la constante adhesión a ciertos principios a lo largo de un proceso de evolución.
Esto no quiere decir que estos “principios” deban necesariamente adoptar la forma de normas articuladas. Los principios son a menudo guías de acción más eficaces cuando aparecen simplemente como prejuicios infundados, como un sentimiento general de que ciertas cosas simplemente “no se hacen”, mientras que tan pronto como establecen explícitamente empieza la especulación respecto a su veracidad y validez. Probablemente es cierto que en el siglo XVIII los ingleses, poco dados a la especulación sobre los principios generales, consecuentemente se guiaron firmemente por fuertes opiniones respecto al tipo de acciones políticas permitidas; mientras que los franceses trataron vehementemente de descubrir y adoptar tales principios. Una vez que la certeza instintiva se pierde, tal vez como resultado de intentos fallidos de poner en palabras lo que se ha hecho “intuitivamente”, no hay manera de recuperar esta guía distinta a la búsqueda de la correcta expresión de lo que antes se había conocido implícitamente.
La impresión de que los ingleses de los siglos XVII y XVIII, a través de su don “para abrirse camino" y de su “ingenio para el compromiso”, lograron la creación de un sistema viable sin hablar mucho sobre los principios, mientras que los franceses, con su preocupación por las hipótesis explícitas y por las formulaciones claras, nunca lo hicieron puede ser engañoso. La verdad parece ser que auncuando los ingleses hablaban muy poco sobre los principios, estaban más seguramente guiados por principios, mientras que en Francia la especulación acerca de los principios básicos impidió que cualquier conjunto de principios se implantara firmemente.
4. La preservación de un sistema libre es tan difícil porque requiere del constante rechazo a las medidas que parecen ser necesarias para garantizar determinados resultados, simplemente por el motivo de que están en conflicto con una regla general y, con frecuencia, sin saber cuál será el costo de no observar la norma en el caso concreto. Una exitosa defensa de la libertad debe, en consecuencia, ser dogmática y no hacer concesiones a la conveniencia; incluso en el caso en que no sea posible demostrar que además de los efectos benéficos conocidos, también se derivarán algunos nocivos como resultado de su infracción. La libertad prevalecerá sólo si se acepta como un principio general cuya aplicación a casos particulares no requiera justificación. Por lo tanto, es un malentendido culpar al liberalismo clásico de haber sido demasiado doctrinario. Su defecto no fue adherirse obstinadamente a los principios, sino carecer de principios suficientemente precisos como para proporcionar una orientación clara y que, a menudo, simplemente aceptaron las funciones tradicionales del gobierno y se opusieron a toda nueva función. La coherencia sólo es posible si se aceptan los principios definidos. Pero el concepto de libertad con el que los liberales del siglo XIX operaron fue tan vago que en muchos aspectos que no ofreció una orientación clara.
La gente no se abstendrá de las restricciones de la libertad individual que parezcan el remedio más sencillo y directo para un mal reconocido si no prevalece una fuerte creencia en principios definidos. La pérdida de tales creencias y la preferencia por la conveniencia es en parte el resultado del hecho de que ya no sabemos los principios que pueden defenderse racionalmente. Las reglas de oro que en algún momento fueron aceptadas no son suficientes para decidir qué es y qué no es admisible en un sistema libre. No tenemos siquiera un nombre conocido general para lo que el término “sistema libre” describe sólo vagamente. Ciertamente, ni “capitalismo” ni “laissez faire” lo describen correctamente y ambos términos son comprensiblemente más populares para los enemigos que para los defensores de un sistema libre. “Capitalismo” es quizás un nombre apropiado para la realización parcial de un sistema de este tipo en una determinada fase histórica, pero es siempre engañoso debido a que sugiere un sistema que favorece principalmente a los capitalistas, mientras que en realidad se trata de un sistema que impone a la empresa una disciplina con la cual los empresarios a menudo rozan y que cada uno se esfuerza por evitar. “Laissez faire” nunca fue más que una regla de oro. De hecho, expresó la protesta contra los abusos de poder gubernamental, pero nunca proporcionó un criterio mediante el cual uno pudiera decidir sobre cuáles eran las funciones propias de gobierno. Lo mismo se aplica a los términos “libre empresa” o “economía de mercado” que dicen poco sin una definición de la libre esfera individual. La expresión “libertad en virtud del derecho”, que en un tiempo tal vez transmitió el punto esencial mejor que cualquier otra expresión, perdió casi todo su sentido como consecuencia de que tanto “libertad” como “derecho” ya no tienen un significado claro. El único término que en el pasado fue comprendido ampliamente y correctamente, a saber: “liberalismo” tiene, en palabras de Schumpeter, “como un elogio supremo, pero involuntario del que se apropiaron quienes se oponen a este ideal”.
Es probable que el lector no sea plenamente consciente de hasta qué punto nos hemos alejado de los ideales expresados con estos términos. Si bien el abogado o el científico político ven en seguida que lo que estoy adoptando es un ideal que ha desaparecido completamente y que nunca se realizó plenamente, es probable que sea cierto que la mayoría de las personas aún crea que algo parecido rija aún los asuntos públicos. Es debido a que nos hemos alejado del ideal mucho allá de lo que la mayoría de las personas son conscientes y debido a que a menos que este desarrollo no se compruebe en un corto tiempo su propio impulso transformará la sociedad libre en un totalitarismo, que debemos reconsiderar los principios que guían nuestra acción política. Estamos aún tan libres como estamos debido a que algunos prejuicios tradicionales, que están en rápida desaparición, han impedido el proceso por medio del cual la lógica inherente de los cambios que hemos hecho tiende a afirmarse en un ámbito cada vez más amplio. En el estado actual de la opinión, la victoria final del totalitarismo no sería más que la victoria final de las ideas que ya son dominantes en la esfera intelectual sobre la simple resistencia tradicionalista.
5. Con respecto a la política, la visión metodológica de que en el caso de órdenes complejos espontáneos nunca sabremos más que los principios generales sobre los que operan, o que solo podremos predecir los cambios particulares que cualquier evento producirá en el entorno, tiene consecuencias de gran alcance. Significa que cuando confiamos en las fuerzas ordenadoras espontáneas con frecuencia no somos capaces de prever los cambios particulares que sucederán como consecuencia de la necesaria adaptación a los cambios externos y, a veces, quizás ni siquiera seremos capaces de concebir la manera como se pueda restaurar el “equilibrio” perturbado. Este desconocimiento de la manera como el mecanismo del orden espontáneo resolverá tal “problema” que sabemos que debe ser resuelto de alguna manera si no queremos que el orden se desintegre, con frecuencia produce una alarma de pánico y la solicitación de acciones por parte del del gobierno para la restaurar el equilibrio perturbado. Con frecuencia es la visión parcial del carácter del orden general espontáneo la causa de las exigencias de un control deliberado. Siempre y cuando el equilibrio comercial, o la correspondencia de la oferta y la demanda de un producto determinado se ajusten espontáneamente después de una perturbación, los hombres rara vez se preguntarán cómo sucedió esto. Pero una vez que tomen conciencia de la necesidad constante de tales reajustes, consideran que alguien debe hacerse responsable de haber causado deliberadamente la perturbación. El economista, desde la misma naturaleza de su imagen esquemática del orden espontáneo, podría contrarrestar tales temores mediante la sola afirmación convincente de que el nuevo equilibrio requerido se establecerá de alguna manera si no interferirmos con las fuerzas espontáneas, pero como él normalmente no es capaz de predecir con precisión la forma en que esto suceda, sus afirmaciones no serán muy convincentes.
Sin embargo, cuando es posible prever la forma en que las fuerzas espontáneas probablemente restablecerán el equilibrio alterado, la situación se vuelve aún peor. La necesidad de adaptarse a los eventos imprevistos siempre significará que alguien va a quedar herido, que las expectativas de alguien se verán defraudadas o que sus esfuerzos serán frustrados. Esto conduce a la exigencia de que el ajuste necesario se lleve a cabo por medio de una orientación deliberada, lo que en la práctica se traduce en que es la autoridad quién decide quién va a ser lastimado. Normalmente el efecto de ésto es que los ajustes necesarios se evitarán en toda ocasión en la que puedan preverse.
Lo que la visión de la ciencia puede proporcionar para orientar las políticas consiste en la comprensión de la naturaleza general del orden espontáneo y no en cualquier conocimiento de los pormenores de una situación concreta, lo que no posee ni puede poseer. El verdadero reconocimiento de lo que la ciencia puede contribuir a la solución de nuestras tareas políticas, que en el siglo XIX fue bastante general, ha sido oscurecida por la nueva tendencia derivada de la ahora tan a la moda idea errada del método científico: la creencia de que la ciencia consiste en una colección de hechos particulares observados, que es errónea en la medida en que la ciencia en general se ve afectada, pero que es doblemente engañosa cuando tenemos que hacer frente a las partes de un complejo orden espontáneo. Dado que todos los eventos en cualquier parte de ese orden son interdependientes y que un orden abstracto de este tipo no tiene necesariamente ninguna parte recurrente concreta que pueda ser identificada por atributos individuales, es inevitablemente vano tratar de descubrir regularidades mediante la observación de sus partes. La única teoría que en este ámbito puede reclamar estatus científico es la teoría del orden como un todo y tal teoría (que auncuando, indudablemente, debe ponerse a prueba con hechos) no puede lograrse por medio de la observación inductiva sino únicamente a través de la construcción de modelos mentales realizados con base a elementos observables.
No se puede negar que en cierta medida el modelo de orientación del orden general siempre será una utopía, algo a lo que la situación actual será sólo una aproximación distante y la cual muchas personas considerarán como totalmente impracticable. Sin embargo, es sólo mediante el constante control de los conceptos rectores de un modelo internamente coherente que podría realizarse, mediante la aplicación conveniente de los mismos principios, algo parecido a un marco eficaz para el buen funcionamiento del orden espontáneo. Adam Smith pensaba que “esperar, de hecho, que la libertad de comercio sea totalmente restaurada en Gran Bretaña es tan absurdo como esperar que una Oceana o Utopía se establezca algún día en ella”. Sin embargo, setenta años después, se logró esto y en gran medida como resultado de su trabajo.
La utopía, como ideología, es una mala palabra hoy y es cierto que la mayoría de las utopías, cuyo objetivo fue reformar radicalmente la sociedad, sufrieron de las contradicciones internas que hicieron imposible su realización. Sin embargo, una imagen ideal de una sociedad que puede no ser totalmente factible, o de una concepción de orientación del orden general que se busca, es, sin embargo, no sólo la condición indispensable de toda política racional, sino también la principal contribución que la ciencia puede hacer a la solución de los problemas de la política práctica.
6. El principal instrumento de cambio deliberado en la sociedad moderna es la legislación. Pero a pesar de que pensemos cuidadosamente y de antemano cada uno de los actos de la legislación, nunca estaremos completamente libres para rediseñar el sistema jurídico en su conjunto, o para rehacer todo el panorama de acuerdo a un diseño coherente. El proceso legislativo es necesariamente un proceso continuo en el que hasta el momento cada paso produce consecuencias imprevisibles para lo que podemos o debemos hacer subsecuentemente. Las partes de un sistema jurídico no están tan encajadas entre sí de acuerdo con una visión de conjunto, sino que son más bien el producto de adaptaciones progresivas entre sí, mediante la sucesiva aplicación de principios generales a problemas particulares - es decir principios que con frecuencia, ni siquiera se conocen explícitamente sino que están simplemente implícitos en las medidas particulares adoptadas. Para quienes imaginan que es posible organizar deliberadamente todas las actividades particulares de una Gran Sociedad de acuerdo a un plan coherente, se les debería hacer una reflexión seria sobre esta imposibilidad, incluso para aquella parte del todo constituida por el sistema de derecho. Pocos hechos demuestran tan claramente la manera como las concepciones imperantes ocasionarán un cambio continuo, produciendo medidas que en principio nadie había previsto o deseado, pero que aparecen inevitablemente en un momento dado, como el proceso de cambio del derecho. Cada paso en ese proceso está determinado por los problemas que surgen cuando los principios establecidos en (o implícito en) las decisiones anteriores se aplican a circunstancias para las que no fueron previstos. No hay nada misterioso acerca de esta “dinámica interna de la justicia”, como se le ha llamado, que produce cambios en el todo no deseados por nadie.
En este proceso, el abogado es necesariamente más un instrumento involuntario, un eslabón en una cadena de acontecimientos que él no ve como un todo, que el iniciador consciente de los mismos. Si actúa como juez o como redactor de un estatuto, el marco general de las concepciones a las que debe ajustarse su decisión se le proporciona de antemano y su tarea es aplicar estos principios generales de la ley, no cuestionarlos. Por mucho que pueda estar preocupado por las implicaciones futuras de sus decisiones, sólo puede juzgarlas en términos de todos los demás principios de la ley que se le proporcionan. Esto es, por supuesto, como debe ser: es de la esencia del pensamiento jurídico y de las decisiones justas que sólo el abogado se esfuerza por hacer para que todo el sistema sea coherente.
Con frecuencia se dice que la predisposición profesional del abogado es conservadora. En determinadas condiciones, es decir, cuando algunos principios básicos de la ley han sido aceptados durante largo tiempo, rigen de hecho sobre todo el sistema jurídico, son el espíritu general, así como lo son también cada norma y aplicación. En tales momentos poseen una gran estabilidad inherente. Cada abogado, cuando tiene que interpretar o aplicar una norma que no está de acuerdo con el resto del sistema, se esfuerza en doblegarla para que sea conforme con las demás. La profesión jurídica en su conjunto puede, en efecto, ocasionalmente incluso anular la intención del legislador, no por falta de respeto a la ley, sino, por el contrario, porque su técnica le lleva a dar preferencia a lo que es todavía la parte predominante de la la ley y adopta el elemento extraño dentro de ella transformándolo a fin de lograr que se armonice con el conjunto.
Sin embargo la situación es totalmente diferente cuando una filosofía general del derecho, que no esté de acuerdo con la mayor parte de la legislación vigente, gana importancia reciente. Los mismos abogados, a través de los mismos hábitos y técnicas y, en general sin ser conscientes de ello, se convierten en una fuerza revolucionaria, tan eficaces en la transformación del derecho y de cada detalle como lo fueron antes para su preservación. Las mismas fuerzas que en la primera condición sirvieron para mantenerla estacionaria, en la segunda ocasión tenderán a acelerar el cambio hasta que se transforme todo el cuerpo del derecho mucho más allá del punto que alguien hubiese previsto o deseado. Que este proceso conduzca a un nuevo equilibrio o una desintegración de todo el cuerpo del derecho, en el sentido fundamental en el que aún comprendemos la palabra, dependerá de las características de la nueva filosofía.
Vivimos en un período de tal transformación del derecho como consecuencia de las fuerzas internas y este se somete que, si a los principios que en la actualidad guían este proceso se les permite actuar hasta sus consecuencias lógicas, el derecho tal y como lo conocemos, como la más alta protección de la libertad de la persona, se vería obligado a desaparecer. Ya los abogados, como instrumentos de las concepciones generales que no han creado ellos mismo, se han convertido en muchos campos en herramientas, no ya de los principios de justicia sino de un aparato en el cual el individuo está hecho para servir a los fines de los gobernantes. El pensamiento jurídico parecería ya estar gobernado de tal manera por las nuevas concepciones de las funciones del derecho que, si estas concepciones se aplicaran de forma coherente, todo el sistema de normas de conducta individual se transformaría en un sistema de normas de organización.
Estos acontecimientos han sido observado con aprensión por muchos abogados profesionales para quienes la principal preocupación sigue siendo lo que a veces se describe como "la ley de abogados", es decir, aquellas normas de sólo conducta que en un tiempo fueron consideradas como el derecho. Pero el liderazgo en la jurisprudencia, en el curso del proceso que hemos considerado, se ha desplazado de los profesionales del derecho privado al abogado público, con el resultado de que hoy los prejuicios filosóficos que rigen el desarrollo de todas las leyes, incluídas las de derecho privado, han sido forjadas casi en su totalidad por hombres cuya principal preocupación es el derecho público o las normas de organización de gobierno.
7. Sin embargo, sería injusto culpar a los abogados más que los economistas de este estado de cosas. El abogado en ejercicio, de hecho, desempeñará en general mejor su tarea si sólo aplica los principios generales de derecho que ha aprendido y que es su deber aplicar coherentemente. Es sólo en la teoría del derecho, en la formulación y aplicación de aquellos principios generales, que se plantea el problema básico de su relación con un orden de acciones viables. Para este tipo de formulación y elaboración es absolutamente esencial una comprensión de este órden si se desea hacer una elección inteligente entre los principios alternativos. Sin embargo durante las últimas dos o tres generaciones, la filosofía ha sido guiada por un malentendido en lugar de haber sido guiada por la comprensión de la naturaleza de este orden jurídico.
A su vez los economistas, o al menos después del tiempo de David Hume y Adam Smith quienes también fueron filósofos de derecho, generalmente tampoco demostraron un reconocimiento de la importancia del sistema de normas jurídicas, cuya existencia fue tácitamente presupuesta por su razonamiento. Rara vez pusieron su explicación de la determinación del orden espontáneo en una forma que pudiera ser de gran utilidad para los teóricos del derecho. Probablemente, sin saberlo, contribuyeron tanto en la transformación de todo el orden social como lo hicieron los abogados.
Esto se hace evidente cuando se examinan las razones que regularmente dan los abogados para los grandes cambios que el derecho ha sufrido en los últimos cien años. En todas partes en la literatura jurídica, ya sea inglesa o americana, francesa o alemana, nos encontramos con que las razones para estos cambios radican en las supuestas necesidades económicas. Para el economista la forma en que los abogados explican esta transformación de la ley es una cierta melancólica experiencia: encuentra todos los pecados que sus predecesores le infligieron. Las explicaciones del desarrollo moderno del derecho están llenas de referencias a las “fuerzas obligatorias irreversibles”, de “las tendencias inevitables” que presuntamente han sido imperativas para el cambio. El hecho de que “todas las democracias modernas” hicieron esto o aquello se aduce como prueba de la sabiduría o de la necesidad de tales cambios.
Estas explicaiones siempre hablan de un período de laissez-faire pasado, como si hubiera habido un tiempo en el que no se hubieran hecho esfuerzos para mejorar el marco jurídico con el fin de lograr que el mercado operara de forma más beneficiosa o para complementar sus resultados. Casi sin excepción basan su argumento en la fábula de que la libre empresa ha operado en detrimento de los trabajadores manuales y alegan que “el capitalismo temprano” o “liberalismo” ha provocado un descenso en el nivel de vida de la clase obrera. La leyenda, auncuando totalmente falsa, se ha convertido en parte del folclore de nuestro tiempo. El hecho es, por supuesto, que como resultado del crecimiento de los mercados libres, la remuneración de la mano de obra durante los últimos ciento cincuenta años experimentó un incremento desconocido en cualquier período anterior de la historia. La mayoría de las obras contemporáneas de filosofía jurídica también están llenas de clichés anacrónicos sobre las supuestas tendencias auto-destructivas de la competencia, o de la necesidad de “planeación” creadas por el aumento de la complejidad del mundo moderno, estos clichés derivan del pico más alto en el entusiasmo por la “planeación” de hace treinta o cuarenta años cuando fue ampliamente aceptado y cuyas consecuencias totalitarias aún no se comprenden.
De hecho, es dudoso que gran cantidad de la falsa economía que se propagó durante los últimos cien años lo haya hecho por algún medio distinto a las enseñanzas que los jóvenes abogados recibieron de sus mayores de que “era necesario” haber hecho esto o aquello, o que bajo tales circunstancias “era inevitable hacer” que determinadas medidas se adoptaran. Parece casi un hábito de pensamiento del abogado considerar el hecho de que la legisladura ha decidido sobre algo como prueba de la sabiduría de esa decisión. Esto significa, sin embargo, que sus esfuerzos serán beneficiosos o perniciosos de acuerdo a la sabiduría o la estupidez del precedente por el que se rige y que es tan probable que se convierta en la perpetuator de los errores como de la sabiduría del pasado. Si acepta como obligatorio para él la tendencia observable del desarrollo, probablemente se convertirá simplemente en el instrumento mediante el cual los cambios que él no entiende se conviertan por sí mismos en la conciencia creadora de un nuevo orden. En tal condición será necesario buscar criterios para el desarrollo en lugares diferentes a la ciencia del derecho.
Esto no quiere decir que el economista pueda por sí solo ofrecer los principios que deben orientar el derecho, auncuando teniendo en cuenta la influencia que las concepciones económicas inevitablemente ejercen, se debe aspirar a que tal influencia provenga de una buena economía y no de la colección de mitos y fábulas sobre el desarrollo económico que parece regir hoy el pensamiento jurídico. Nuestro punto de vista es más bien que los principios y las ideas preconcebidas que guían el desarrollo del derecho, inevitablemente provienen en parte de fuera del derecho y puede ser beneficioso sólo si se basan en una verdadera concepción sobre la manera como las actividades de una Gran Sociedad puedan ser efectivamente ordenadas.
El papel del abogado en la evolución social y la manera en la que sus acciones son determinadas son, en efecto, la mejor ilustración de una verdad fundamental: que queramos o no, los factores decisivos que determinarán esta evolución siempre serán muy abstractos y, a menudo, inconscientemente contienen ideas acerca de lo que es correcto y no contienen propósitos particulares o deseos concretos. No se trata tanto de las metas que los hombres persiguen conscientemente, sino sus opiniones acerca de los métodos permisibles lo que determina no sólo lo que se hará, sino también si alguien debe tener el poder para hacerlo. Este es el mensaje en el que David Hume trató de hincapié cuando escribió “auncuando los hombres se gobiernan en gran medida por interés, el interés mismo y todos los asuntos humanos, están enteramente gobernados por la opinión”.
No voy a intentar aquí hacer una completa definición de la expresión “libertad” o expandirme respecto a la razón por la cual la libertad es tan importante, lo que ya he intentado en otros lugares. Pero sin embargo, hay que decir unas pocas palabras a propósito de por qué prefiero la corta fórmula con la que describí anteriormente la condición de la libertad como un estado en el que cada uno puede utilizar sus conocimientos para sus propios fines frente a la clásica frase de Adam Smith de “cada hombre, siempre y cuando no viole las leyes de la justicia, [siendo] dejado completamente libre de perseguir sus propios intereses en su propio camino”. La razón de mi preferencia es que esta última fórmula sugiere innecesaria e infortunadamente, y sin pretenderlo, una relación entre los argumentos a favor de la libertad individual y el egoísmo. La libertad para perseguir los propios objetivos es, de hecho, tan importante para el completo altruista como para los más egoístas. El altruismo es una virtud y sin lugar a dudas no presupone que uno tenga que obedecer la voluntad de otra persona. Pero es cierto que mucho del pretendido altruismo consiste en un deseo de hacer que los otros sirvan a otros fines que el “altruista” considera importantes.
No es necesario considerar aquí una vez más el hecho innegable de que los efectos benéficos que tienen sobre los otros nuestros esfuerzos, con frecuencia son visibles sólo si actúa como parte del esfuerzo concertado de muchos, de conformidad con un plan coherente y que, a menudo, puede resultar difícil para el individuo aislado hacer algo contra los males que lo afectan profundamente. Por supuesto, es parte de su libertad que para tales fines, se una o cree organizaciones que le permitan tomar parte en una acción concertada. Y auncuando algunas de las metas del altruista sean viables sólo mediante la acción colectiva, los fines puramente egoístas muchas veces se logran a través de esto. No hay ninguna conexión necesaria entre el altruismo y la acción colectiva, o entre el egoísmo y la acción individual.
2. Del concepto de que los beneficios de la civilización reposan sobre el uso de más conocimientos de los que puedan utilizarse en cualquier esfuerzo concertado deliberadamente, se deduce que no está en nuestras manos construir una sociedad deseable simplemente mediante la reunión de elementos particulares que parezcan deseables por sí mismos. Auncuando probablemente todas las mejoras beneficiosas sean poco sistemáticas, si las medidas independientes no están guiadas por un cuerpo coherente de principios, el resultado será probablemente una supresión de la libertad individual.
La razón de esto es muy simple aunque en generalmente no se entienda. Dado que el valor de la libertad se basa en las oportunidades que ofrece para realizar acciones imprevistas e imprevisibles, rara vez sabemos lo que perdemos con una restricción particular de la libertad. Cualquiera de estas restricciones, cualquier coerción diferente a la aplicación de las normas generales, buscará el objetivo de lograr resultados particulares previsibles, pero lo que se evita generalmente se desconocen. Los efectos indirectos de cualquier intromisión en el orden del mercado serán visibles de cerca y claramente en la mayoría de los casos, pero sin embargo los efectos indirectos más remotos en la mayoría de los casos se desconocerán y, por tanto, no se tendrán en cuenta. Nunca vamos a ser conscientes de todos los costos de la consecución de resultados particulares producto de esa intromisión.
Y así, cuando decidimos cualquier asunto exclusivamente con base en lo que parecerían ser sus méritos individuales, siempre sobreestimamos las ventajas de una dirección central. Nuestra elección comúnmente parecerá ser una entre una ganancia conocida y tangible y la simple probabilidad de alguna forma desconocida de impedir una acción beneficiosa llevada a cabo por personas desconocidas. Si la elección entre libertad y coacción se trata como una cuestión de conveniencia, la libertad está destinada a ser sacrificada en casi todos los casos. Como en el caso particular en el que casi nunca se sabe cuáles serán las consecuencias de permitir a la gente hacer su propia elección, tomar la decisión en cada caso dependiendo sólo de los resultados particulares previsibles, debe conducir a la destrucción progresiva de la libertad. Probablemente hay pocas restricciones a la libertad que no puedan justificarse sobre la base de que no sabemos las pérdidas particulares que causaría.
Que la libertad sólo se pueda preservar si se le trata como un principio supremo que no debe ser sacrificado para ventajas particulares fue comprendido por los principales pensadores liberales del siglo XIX, uno de los cuales (B. Constant) describe el liberalismo como “el sistema de principios”. Esta es también la carga de las advertencias relativas a “lo que se ve y lo que no es visto en la economía política” (F. Bastiat) y del “pragmatismo que, contrariamente a las intenciones de sus representantes inexorablemente lleva al socialismo”(C. Menger).
Sin embargo todas estas advertencias fueron lanzadas al viento y la progresiva eliminación de los principios y la determinación cada vez mayor durante los últimos cien años para proceder pragmáticamente, es una de las más importantes innovaciones en la política social y económica. Que debamos renegar de todos los principios, de los “ismos”con el fin de lograr un mayor dominio sobre nuestro destino se proclama hoy en dia como la nueva sabiduría de nuestro tiempo. Aplicar las “técnicas sociales” a cada tarea para buscar su solución más adecuada, sin restricciones por las creencias dogmáticas, parece a algunos la única manera de proceder digna de una era racional y científica. Las “ideologías” es decir, los conjuntos de principios, se han convertido en general en tan impopulares como siempre lo han sido con los aspirantes a dictadores como Napoleón o Karl Marx, los dos hombres que dieron a esta palabra su sentido peyorativo moderno.
Si no me equivoco, este desprecio a la moda por la “ideología” o por todos los principios generales o “ismos”, es una actitud característica de los socialistas desilusionados quienes, como consecuencia de haberse visto obligados por las contradicciones inherentes de su propia ideología, para superarlo llegaron a la conclusión de que todas las ideologías son erróneas y que para ser racional hay que prescindir de ellas. Pero es una imposibilidad guiarse únicamente por propósitos explícitos particulares que cada uno acepte conscientemente, imaginando que esto sea posible, y rechazar en general todos los valores que no demuestren conducir a resultados deseados (o guiarse únicamente por lo que Max Weber llama “racionalidad con finalidad”). Auncuando es cierto que la ideología es algo que no se puede “probar”(o demostrar que es verdad), bien puede ser algo cuya aceptación generalizada sea la condición indispensable para la mayoría de las cosas por las que nos esforzamos.
Los autoproclamados “realistas” modernos sólo tienen desprecio por la antigua recomendación de que si uno comienza a interferir sin sistema en el orden espontáneo del mercado no existe un punto posible para detenerse y que por lo tanto es necesario elegir entre sistemas alternativos. A estas personas les agrada pensar que procediendo experimentalmente y por tanto “científicamente” van a tener éxito en implementar de manera poco sistemática el orden deseado eligiendo para cada resultado deseado lo que la ciencia les muestre ser el medio más adecuado para lograr lo buscado.
Dado que las advertencias contra este tipo de procedimiento han sido con frecuencia mal entendidas, como lo fue uno de mis precedentes libros, es conveniente extenderme un poco sobre el tema. Lo que intento refutar en El camino hacia la condición de siervo, no es de ninguna manera que nos alejemos cada vez, auncuando sea ligeramente, de lo que considero como los principios de una sociedad libre y que seamos inevitablemente lanzados sin remedio hacia el camino de un sistema totalitario, sino que es más bien lo que en lenguaje más familiar expresamos cuando nos dicen: “Si no se enmiendan se van a ir al infierno”. Que esto a menudo se haya entendido como la manera de describir el proceso necesario por el cual perdemos todo poder una vez que nos hayamos embarcado en él, es simplemente una indicación de la poca importancia que se entiende que tienen los principios para la determinación de la política, y en particular, cómo se pasa completamente por alto el hecho fundamental de que nuestras acciones políticas involuntariamente producen la aceptación de principios que harán necesaria la adopción de nuevas medidas. Lo que estos irrealistas modernos “realistas” que se enorgullecen de la modernidad de su punto de vista, pasan por alto, es que están defendiendo algo que la mayoría del mundo occidental ha venido haciendo durante las últimas dos o tres generaciones y que es responsable de las condiciones política actual. El fin de la era de los principios liberales que podría fecharse en el momento en el que WS Jevons (1882) declaró que en la política económica y social “podemos establecer reglas no muy duras ni estrictas, sino que se debe tratar cada caso en detalle y según sus méritos”. Diez años más tarde Herbert Spencer podría ya hablar de la “escuela política reinante” para la cual “en cada doctrina se muestra nada menos que el desprecio por lo que implica restricciones en las actuaciones de la conveniencia inmediata” o que se basa en “principios abstractos”.
Esta opinión “realista” que domina desde hace tanto tiempo la política, no ha producido los resultados que sus defensores deseaban. En lugar de haber logrado un mayor dominio sobre nuestro destino nos encontramos cada vez más frecuentemente comprometidos con un camino que no hemos elegido deliberadamente y estamos enfrentados a la "inevitable necesidad” de adoptar nuevas medidas que, auncuando nunca se desearon, son el resultado de lo que hemos hecho.
3. El argumento frecuentemente expresado de que ciertas medidas políticas son inevitables tiene un doble aspecto curioso. Con respecto a los acontecimientos aprobados por los que emplean este argumento, se acepta fácilmente y se utiliza para justificar las acciones. Pero cuando los acontecimientos toman un giro indeseado, la propuesta de que este no es el efecto de circunstancias fuera de nuestro control, sino la consecuencia de decisiones anteriores se rechaza con desprecio. La idea de que no somos totalmente libres para elegir cualquier combinación de características que deseemos que nuestra sociedad posea, o para adaptarlas en un todo viable, es decir, que no podemos construir un determinado orden social deseado, como si fuera un mosaico seleccionando cualquiera de las piezas que más nos agraden y que muchas medidas bien intencionadas puedan tener una larga cola de consecuencias imprevisibles e indeseadas, parece ser intolerable para el hombre moderno. El hombre moderno ha sido enseñado a creer que lo que ha hecho también puede ser modificado a voluntad para adaptarlo a sus deseos y que, inversamente, lo que se ha alterado en primera instancia tiene haber sido hecho deliberadamente. El hombre moderno no ha aprendido que esa ingenua creencia se deriva de la ambigüedad de la palabra “hacer”que pueden incluir no sólo productos deliberados sino también los efectos no intencionales de la acción humana.
De hecho, por supuesto, la principal circunstancia que hará que algunas de las medidas parezcan inevitables es que normalmente son el resultado de nuestras acciones pasadas y de las opiniones de la actualidad. La mayoría de las “necesidades” de la política son de nuestra propia creación. Yo soy suficientemente grande como para que los mayores me digan una vez más que ciertas consecuencias de su política que yo predije nunca sucederán y luego, cuando aparezcan, que me digan los jóvenes que de todas maneras era inevitable que éstas aparecieran y bastante independientes de lo que se hubiera hecho.
La razón por la cual no podemos lograr un todo coherente simplemente poniendo juntos cualquier serie de elementos que consideremos que son los apropiados para un arreglo particular dentro de un orden espontáneo, dependerá de todo lo demás y de que cualquier cambio particular que hagamos en él influirá en el efectos de la adopción de cualquier nueva medida. La experiencia con un acuerdo particular dentro de un marco institucional nos dice muy poco acerca de cómo se aplicaría en un entorno diferente. Un experimento sólo puede decirnos si alguna de las innovaciones encaja o no dentro de un determinado marco. Pero la esperanza de que podamos construir un orden coherente mediante la experimentación casual, con soluciones particulares para cada uno de los problemas individuales y sin seguir los principios rectores es una ilusión. La experiencia nos dice mucho acerca de la efectividad de diferentes sistemas sociales y económicos como un todo. Pero un orden de la complejidad de la sociedad moderna no puede ser designado como un todo, ni por la configuración de cada parte por separado sin tener en cuenta el resto, sino únicamente mediante la constante adhesión a ciertos principios a lo largo de un proceso de evolución.
Esto no quiere decir que estos “principios” deban necesariamente adoptar la forma de normas articuladas. Los principios son a menudo guías de acción más eficaces cuando aparecen simplemente como prejuicios infundados, como un sentimiento general de que ciertas cosas simplemente “no se hacen”, mientras que tan pronto como establecen explícitamente empieza la especulación respecto a su veracidad y validez. Probablemente es cierto que en el siglo XVIII los ingleses, poco dados a la especulación sobre los principios generales, consecuentemente se guiaron firmemente por fuertes opiniones respecto al tipo de acciones políticas permitidas; mientras que los franceses trataron vehementemente de descubrir y adoptar tales principios. Una vez que la certeza instintiva se pierde, tal vez como resultado de intentos fallidos de poner en palabras lo que se ha hecho “intuitivamente”, no hay manera de recuperar esta guía distinta a la búsqueda de la correcta expresión de lo que antes se había conocido implícitamente.
La impresión de que los ingleses de los siglos XVII y XVIII, a través de su don “para abrirse camino" y de su “ingenio para el compromiso”, lograron la creación de un sistema viable sin hablar mucho sobre los principios, mientras que los franceses, con su preocupación por las hipótesis explícitas y por las formulaciones claras, nunca lo hicieron puede ser engañoso. La verdad parece ser que auncuando los ingleses hablaban muy poco sobre los principios, estaban más seguramente guiados por principios, mientras que en Francia la especulación acerca de los principios básicos impidió que cualquier conjunto de principios se implantara firmemente.
4. La preservación de un sistema libre es tan difícil porque requiere del constante rechazo a las medidas que parecen ser necesarias para garantizar determinados resultados, simplemente por el motivo de que están en conflicto con una regla general y, con frecuencia, sin saber cuál será el costo de no observar la norma en el caso concreto. Una exitosa defensa de la libertad debe, en consecuencia, ser dogmática y no hacer concesiones a la conveniencia; incluso en el caso en que no sea posible demostrar que además de los efectos benéficos conocidos, también se derivarán algunos nocivos como resultado de su infracción. La libertad prevalecerá sólo si se acepta como un principio general cuya aplicación a casos particulares no requiera justificación. Por lo tanto, es un malentendido culpar al liberalismo clásico de haber sido demasiado doctrinario. Su defecto no fue adherirse obstinadamente a los principios, sino carecer de principios suficientemente precisos como para proporcionar una orientación clara y que, a menudo, simplemente aceptaron las funciones tradicionales del gobierno y se opusieron a toda nueva función. La coherencia sólo es posible si se aceptan los principios definidos. Pero el concepto de libertad con el que los liberales del siglo XIX operaron fue tan vago que en muchos aspectos que no ofreció una orientación clara.
La gente no se abstendrá de las restricciones de la libertad individual que parezcan el remedio más sencillo y directo para un mal reconocido si no prevalece una fuerte creencia en principios definidos. La pérdida de tales creencias y la preferencia por la conveniencia es en parte el resultado del hecho de que ya no sabemos los principios que pueden defenderse racionalmente. Las reglas de oro que en algún momento fueron aceptadas no son suficientes para decidir qué es y qué no es admisible en un sistema libre. No tenemos siquiera un nombre conocido general para lo que el término “sistema libre” describe sólo vagamente. Ciertamente, ni “capitalismo” ni “laissez faire” lo describen correctamente y ambos términos son comprensiblemente más populares para los enemigos que para los defensores de un sistema libre. “Capitalismo” es quizás un nombre apropiado para la realización parcial de un sistema de este tipo en una determinada fase histórica, pero es siempre engañoso debido a que sugiere un sistema que favorece principalmente a los capitalistas, mientras que en realidad se trata de un sistema que impone a la empresa una disciplina con la cual los empresarios a menudo rozan y que cada uno se esfuerza por evitar. “Laissez faire” nunca fue más que una regla de oro. De hecho, expresó la protesta contra los abusos de poder gubernamental, pero nunca proporcionó un criterio mediante el cual uno pudiera decidir sobre cuáles eran las funciones propias de gobierno. Lo mismo se aplica a los términos “libre empresa” o “economía de mercado” que dicen poco sin una definición de la libre esfera individual. La expresión “libertad en virtud del derecho”, que en un tiempo tal vez transmitió el punto esencial mejor que cualquier otra expresión, perdió casi todo su sentido como consecuencia de que tanto “libertad” como “derecho” ya no tienen un significado claro. El único término que en el pasado fue comprendido ampliamente y correctamente, a saber: “liberalismo” tiene, en palabras de Schumpeter, “como un elogio supremo, pero involuntario del que se apropiaron quienes se oponen a este ideal”.
Es probable que el lector no sea plenamente consciente de hasta qué punto nos hemos alejado de los ideales expresados con estos términos. Si bien el abogado o el científico político ven en seguida que lo que estoy adoptando es un ideal que ha desaparecido completamente y que nunca se realizó plenamente, es probable que sea cierto que la mayoría de las personas aún crea que algo parecido rija aún los asuntos públicos. Es debido a que nos hemos alejado del ideal mucho allá de lo que la mayoría de las personas son conscientes y debido a que a menos que este desarrollo no se compruebe en un corto tiempo su propio impulso transformará la sociedad libre en un totalitarismo, que debemos reconsiderar los principios que guían nuestra acción política. Estamos aún tan libres como estamos debido a que algunos prejuicios tradicionales, que están en rápida desaparición, han impedido el proceso por medio del cual la lógica inherente de los cambios que hemos hecho tiende a afirmarse en un ámbito cada vez más amplio. En el estado actual de la opinión, la victoria final del totalitarismo no sería más que la victoria final de las ideas que ya son dominantes en la esfera intelectual sobre la simple resistencia tradicionalista.
5. Con respecto a la política, la visión metodológica de que en el caso de órdenes complejos espontáneos nunca sabremos más que los principios generales sobre los que operan, o que solo podremos predecir los cambios particulares que cualquier evento producirá en el entorno, tiene consecuencias de gran alcance. Significa que cuando confiamos en las fuerzas ordenadoras espontáneas con frecuencia no somos capaces de prever los cambios particulares que sucederán como consecuencia de la necesaria adaptación a los cambios externos y, a veces, quizás ni siquiera seremos capaces de concebir la manera como se pueda restaurar el “equilibrio” perturbado. Este desconocimiento de la manera como el mecanismo del orden espontáneo resolverá tal “problema” que sabemos que debe ser resuelto de alguna manera si no queremos que el orden se desintegre, con frecuencia produce una alarma de pánico y la solicitación de acciones por parte del del gobierno para la restaurar el equilibrio perturbado. Con frecuencia es la visión parcial del carácter del orden general espontáneo la causa de las exigencias de un control deliberado. Siempre y cuando el equilibrio comercial, o la correspondencia de la oferta y la demanda de un producto determinado se ajusten espontáneamente después de una perturbación, los hombres rara vez se preguntarán cómo sucedió esto. Pero una vez que tomen conciencia de la necesidad constante de tales reajustes, consideran que alguien debe hacerse responsable de haber causado deliberadamente la perturbación. El economista, desde la misma naturaleza de su imagen esquemática del orden espontáneo, podría contrarrestar tales temores mediante la sola afirmación convincente de que el nuevo equilibrio requerido se establecerá de alguna manera si no interferirmos con las fuerzas espontáneas, pero como él normalmente no es capaz de predecir con precisión la forma en que esto suceda, sus afirmaciones no serán muy convincentes.
Sin embargo, cuando es posible prever la forma en que las fuerzas espontáneas probablemente restablecerán el equilibrio alterado, la situación se vuelve aún peor. La necesidad de adaptarse a los eventos imprevistos siempre significará que alguien va a quedar herido, que las expectativas de alguien se verán defraudadas o que sus esfuerzos serán frustrados. Esto conduce a la exigencia de que el ajuste necesario se lleve a cabo por medio de una orientación deliberada, lo que en la práctica se traduce en que es la autoridad quién decide quién va a ser lastimado. Normalmente el efecto de ésto es que los ajustes necesarios se evitarán en toda ocasión en la que puedan preverse.
Lo que la visión de la ciencia puede proporcionar para orientar las políticas consiste en la comprensión de la naturaleza general del orden espontáneo y no en cualquier conocimiento de los pormenores de una situación concreta, lo que no posee ni puede poseer. El verdadero reconocimiento de lo que la ciencia puede contribuir a la solución de nuestras tareas políticas, que en el siglo XIX fue bastante general, ha sido oscurecida por la nueva tendencia derivada de la ahora tan a la moda idea errada del método científico: la creencia de que la ciencia consiste en una colección de hechos particulares observados, que es errónea en la medida en que la ciencia en general se ve afectada, pero que es doblemente engañosa cuando tenemos que hacer frente a las partes de un complejo orden espontáneo. Dado que todos los eventos en cualquier parte de ese orden son interdependientes y que un orden abstracto de este tipo no tiene necesariamente ninguna parte recurrente concreta que pueda ser identificada por atributos individuales, es inevitablemente vano tratar de descubrir regularidades mediante la observación de sus partes. La única teoría que en este ámbito puede reclamar estatus científico es la teoría del orden como un todo y tal teoría (que auncuando, indudablemente, debe ponerse a prueba con hechos) no puede lograrse por medio de la observación inductiva sino únicamente a través de la construcción de modelos mentales realizados con base a elementos observables.
No se puede negar que en cierta medida el modelo de orientación del orden general siempre será una utopía, algo a lo que la situación actual será sólo una aproximación distante y la cual muchas personas considerarán como totalmente impracticable. Sin embargo, es sólo mediante el constante control de los conceptos rectores de un modelo internamente coherente que podría realizarse, mediante la aplicación conveniente de los mismos principios, algo parecido a un marco eficaz para el buen funcionamiento del orden espontáneo. Adam Smith pensaba que “esperar, de hecho, que la libertad de comercio sea totalmente restaurada en Gran Bretaña es tan absurdo como esperar que una Oceana o Utopía se establezca algún día en ella”. Sin embargo, setenta años después, se logró esto y en gran medida como resultado de su trabajo.
La utopía, como ideología, es una mala palabra hoy y es cierto que la mayoría de las utopías, cuyo objetivo fue reformar radicalmente la sociedad, sufrieron de las contradicciones internas que hicieron imposible su realización. Sin embargo, una imagen ideal de una sociedad que puede no ser totalmente factible, o de una concepción de orientación del orden general que se busca, es, sin embargo, no sólo la condición indispensable de toda política racional, sino también la principal contribución que la ciencia puede hacer a la solución de los problemas de la política práctica.
6. El principal instrumento de cambio deliberado en la sociedad moderna es la legislación. Pero a pesar de que pensemos cuidadosamente y de antemano cada uno de los actos de la legislación, nunca estaremos completamente libres para rediseñar el sistema jurídico en su conjunto, o para rehacer todo el panorama de acuerdo a un diseño coherente. El proceso legislativo es necesariamente un proceso continuo en el que hasta el momento cada paso produce consecuencias imprevisibles para lo que podemos o debemos hacer subsecuentemente. Las partes de un sistema jurídico no están tan encajadas entre sí de acuerdo con una visión de conjunto, sino que son más bien el producto de adaptaciones progresivas entre sí, mediante la sucesiva aplicación de principios generales a problemas particulares - es decir principios que con frecuencia, ni siquiera se conocen explícitamente sino que están simplemente implícitos en las medidas particulares adoptadas. Para quienes imaginan que es posible organizar deliberadamente todas las actividades particulares de una Gran Sociedad de acuerdo a un plan coherente, se les debería hacer una reflexión seria sobre esta imposibilidad, incluso para aquella parte del todo constituida por el sistema de derecho. Pocos hechos demuestran tan claramente la manera como las concepciones imperantes ocasionarán un cambio continuo, produciendo medidas que en principio nadie había previsto o deseado, pero que aparecen inevitablemente en un momento dado, como el proceso de cambio del derecho. Cada paso en ese proceso está determinado por los problemas que surgen cuando los principios establecidos en (o implícito en) las decisiones anteriores se aplican a circunstancias para las que no fueron previstos. No hay nada misterioso acerca de esta “dinámica interna de la justicia”, como se le ha llamado, que produce cambios en el todo no deseados por nadie.
En este proceso, el abogado es necesariamente más un instrumento involuntario, un eslabón en una cadena de acontecimientos que él no ve como un todo, que el iniciador consciente de los mismos. Si actúa como juez o como redactor de un estatuto, el marco general de las concepciones a las que debe ajustarse su decisión se le proporciona de antemano y su tarea es aplicar estos principios generales de la ley, no cuestionarlos. Por mucho que pueda estar preocupado por las implicaciones futuras de sus decisiones, sólo puede juzgarlas en términos de todos los demás principios de la ley que se le proporcionan. Esto es, por supuesto, como debe ser: es de la esencia del pensamiento jurídico y de las decisiones justas que sólo el abogado se esfuerza por hacer para que todo el sistema sea coherente.
Con frecuencia se dice que la predisposición profesional del abogado es conservadora. En determinadas condiciones, es decir, cuando algunos principios básicos de la ley han sido aceptados durante largo tiempo, rigen de hecho sobre todo el sistema jurídico, son el espíritu general, así como lo son también cada norma y aplicación. En tales momentos poseen una gran estabilidad inherente. Cada abogado, cuando tiene que interpretar o aplicar una norma que no está de acuerdo con el resto del sistema, se esfuerza en doblegarla para que sea conforme con las demás. La profesión jurídica en su conjunto puede, en efecto, ocasionalmente incluso anular la intención del legislador, no por falta de respeto a la ley, sino, por el contrario, porque su técnica le lleva a dar preferencia a lo que es todavía la parte predominante de la la ley y adopta el elemento extraño dentro de ella transformándolo a fin de lograr que se armonice con el conjunto.
Sin embargo la situación es totalmente diferente cuando una filosofía general del derecho, que no esté de acuerdo con la mayor parte de la legislación vigente, gana importancia reciente. Los mismos abogados, a través de los mismos hábitos y técnicas y, en general sin ser conscientes de ello, se convierten en una fuerza revolucionaria, tan eficaces en la transformación del derecho y de cada detalle como lo fueron antes para su preservación. Las mismas fuerzas que en la primera condición sirvieron para mantenerla estacionaria, en la segunda ocasión tenderán a acelerar el cambio hasta que se transforme todo el cuerpo del derecho mucho más allá del punto que alguien hubiese previsto o deseado. Que este proceso conduzca a un nuevo equilibrio o una desintegración de todo el cuerpo del derecho, en el sentido fundamental en el que aún comprendemos la palabra, dependerá de las características de la nueva filosofía.
Vivimos en un período de tal transformación del derecho como consecuencia de las fuerzas internas y este se somete que, si a los principios que en la actualidad guían este proceso se les permite actuar hasta sus consecuencias lógicas, el derecho tal y como lo conocemos, como la más alta protección de la libertad de la persona, se vería obligado a desaparecer. Ya los abogados, como instrumentos de las concepciones generales que no han creado ellos mismo, se han convertido en muchos campos en herramientas, no ya de los principios de justicia sino de un aparato en el cual el individuo está hecho para servir a los fines de los gobernantes. El pensamiento jurídico parecería ya estar gobernado de tal manera por las nuevas concepciones de las funciones del derecho que, si estas concepciones se aplicaran de forma coherente, todo el sistema de normas de conducta individual se transformaría en un sistema de normas de organización.
Estos acontecimientos han sido observado con aprensión por muchos abogados profesionales para quienes la principal preocupación sigue siendo lo que a veces se describe como "la ley de abogados", es decir, aquellas normas de sólo conducta que en un tiempo fueron consideradas como el derecho. Pero el liderazgo en la jurisprudencia, en el curso del proceso que hemos considerado, se ha desplazado de los profesionales del derecho privado al abogado público, con el resultado de que hoy los prejuicios filosóficos que rigen el desarrollo de todas las leyes, incluídas las de derecho privado, han sido forjadas casi en su totalidad por hombres cuya principal preocupación es el derecho público o las normas de organización de gobierno.
7. Sin embargo, sería injusto culpar a los abogados más que los economistas de este estado de cosas. El abogado en ejercicio, de hecho, desempeñará en general mejor su tarea si sólo aplica los principios generales de derecho que ha aprendido y que es su deber aplicar coherentemente. Es sólo en la teoría del derecho, en la formulación y aplicación de aquellos principios generales, que se plantea el problema básico de su relación con un orden de acciones viables. Para este tipo de formulación y elaboración es absolutamente esencial una comprensión de este órden si se desea hacer una elección inteligente entre los principios alternativos. Sin embargo durante las últimas dos o tres generaciones, la filosofía ha sido guiada por un malentendido en lugar de haber sido guiada por la comprensión de la naturaleza de este orden jurídico.
A su vez los economistas, o al menos después del tiempo de David Hume y Adam Smith quienes también fueron filósofos de derecho, generalmente tampoco demostraron un reconocimiento de la importancia del sistema de normas jurídicas, cuya existencia fue tácitamente presupuesta por su razonamiento. Rara vez pusieron su explicación de la determinación del orden espontáneo en una forma que pudiera ser de gran utilidad para los teóricos del derecho. Probablemente, sin saberlo, contribuyeron tanto en la transformación de todo el orden social como lo hicieron los abogados.
Esto se hace evidente cuando se examinan las razones que regularmente dan los abogados para los grandes cambios que el derecho ha sufrido en los últimos cien años. En todas partes en la literatura jurídica, ya sea inglesa o americana, francesa o alemana, nos encontramos con que las razones para estos cambios radican en las supuestas necesidades económicas. Para el economista la forma en que los abogados explican esta transformación de la ley es una cierta melancólica experiencia: encuentra todos los pecados que sus predecesores le infligieron. Las explicaciones del desarrollo moderno del derecho están llenas de referencias a las “fuerzas obligatorias irreversibles”, de “las tendencias inevitables” que presuntamente han sido imperativas para el cambio. El hecho de que “todas las democracias modernas” hicieron esto o aquello se aduce como prueba de la sabiduría o de la necesidad de tales cambios.
Estas explicaiones siempre hablan de un período de laissez-faire pasado, como si hubiera habido un tiempo en el que no se hubieran hecho esfuerzos para mejorar el marco jurídico con el fin de lograr que el mercado operara de forma más beneficiosa o para complementar sus resultados. Casi sin excepción basan su argumento en la fábula de que la libre empresa ha operado en detrimento de los trabajadores manuales y alegan que “el capitalismo temprano” o “liberalismo” ha provocado un descenso en el nivel de vida de la clase obrera. La leyenda, auncuando totalmente falsa, se ha convertido en parte del folclore de nuestro tiempo. El hecho es, por supuesto, que como resultado del crecimiento de los mercados libres, la remuneración de la mano de obra durante los últimos ciento cincuenta años experimentó un incremento desconocido en cualquier período anterior de la historia. La mayoría de las obras contemporáneas de filosofía jurídica también están llenas de clichés anacrónicos sobre las supuestas tendencias auto-destructivas de la competencia, o de la necesidad de “planeación” creadas por el aumento de la complejidad del mundo moderno, estos clichés derivan del pico más alto en el entusiasmo por la “planeación” de hace treinta o cuarenta años cuando fue ampliamente aceptado y cuyas consecuencias totalitarias aún no se comprenden.
De hecho, es dudoso que gran cantidad de la falsa economía que se propagó durante los últimos cien años lo haya hecho por algún medio distinto a las enseñanzas que los jóvenes abogados recibieron de sus mayores de que “era necesario” haber hecho esto o aquello, o que bajo tales circunstancias “era inevitable hacer” que determinadas medidas se adoptaran. Parece casi un hábito de pensamiento del abogado considerar el hecho de que la legisladura ha decidido sobre algo como prueba de la sabiduría de esa decisión. Esto significa, sin embargo, que sus esfuerzos serán beneficiosos o perniciosos de acuerdo a la sabiduría o la estupidez del precedente por el que se rige y que es tan probable que se convierta en la perpetuator de los errores como de la sabiduría del pasado. Si acepta como obligatorio para él la tendencia observable del desarrollo, probablemente se convertirá simplemente en el instrumento mediante el cual los cambios que él no entiende se conviertan por sí mismos en la conciencia creadora de un nuevo orden. En tal condición será necesario buscar criterios para el desarrollo en lugares diferentes a la ciencia del derecho.
Esto no quiere decir que el economista pueda por sí solo ofrecer los principios que deben orientar el derecho, auncuando teniendo en cuenta la influencia que las concepciones económicas inevitablemente ejercen, se debe aspirar a que tal influencia provenga de una buena economía y no de la colección de mitos y fábulas sobre el desarrollo económico que parece regir hoy el pensamiento jurídico. Nuestro punto de vista es más bien que los principios y las ideas preconcebidas que guían el desarrollo del derecho, inevitablemente provienen en parte de fuera del derecho y puede ser beneficioso sólo si se basan en una verdadera concepción sobre la manera como las actividades de una Gran Sociedad puedan ser efectivamente ordenadas.
El papel del abogado en la evolución social y la manera en la que sus acciones son determinadas son, en efecto, la mejor ilustración de una verdad fundamental: que queramos o no, los factores decisivos que determinarán esta evolución siempre serán muy abstractos y, a menudo, inconscientemente contienen ideas acerca de lo que es correcto y no contienen propósitos particulares o deseos concretos. No se trata tanto de las metas que los hombres persiguen conscientemente, sino sus opiniones acerca de los métodos permisibles lo que determina no sólo lo que se hará, sino también si alguien debe tener el poder para hacerlo. Este es el mensaje en el que David Hume trató de hincapié cuando escribió “auncuando los hombres se gobiernan en gran medida por interés, el interés mismo y todos los asuntos humanos, están enteramente gobernados por la opinión”.
